Hacia una concertada de inter¨¦s p¨²blico

La movilizaci¨®n de las patronales de la escuela concertada contra la denominada Ley Cel¨¢a nos devuelve a algo que ya es recurrente cada vez que se anuncia una nueva ley educativa impulsada por la izquierda: la oposici¨®n al supuesto intervencionismo p¨²blico en educaci¨®n. Desde la aprobaci¨®n de la LODE en 1985, que produjo una movilizaci¨®n sin precedentes del sector privado de la ense?anza, la respuesta de las principales patronales de la escuela concertada es un lamento al intrusismo del Estado en la libertad de las familias para elegir escuela.

En esta ocasi¨®n, hay una novedad en el eslogan con el que el sector ha animado a la movilizaci¨®n: m¨¢s libres, m¨¢s plurales, m¨¢s iguales. M¨¢s all¨¢ del (debatible) ox¨ªmoron entre pluralidad e igualdad, llama la atenci¨®n la inclusi¨®n del concepto de igualdad en el eslogan. No es casual ni gratuita. Hace tiempo que desde posiciones pol¨ªticas conservadoras se insiste en que lo realmente equitativo es asegurar la libertad individual para elegir en el mercado. La desigualdad en educaci¨®n, seg¨²n esta tesis, no ser¨ªa la consecuencia de la falta de oportunidades o de condiciones de escolarizaci¨®n, sino el resultado de la coacci¨®n que impide que las familias elijan la mejor escuela para sus hijos. ¡°?No es m¨¢s igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administraci¨®n?¡±, se puede leer en la web que llama a parar la Ley Cel¨¢a.

La tensi¨®n entre libertad de elecci¨®n de escuela y la necesidad de planificar seg¨²n las necesidades de escolarizaci¨®n ha estado presente en nuestro sistema educativo desde que existe el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n Espa?ola, ambiguo en la regulaci¨®n del derecho a la educaci¨®n y la libertad de ense?anza. Esta ambig¨¹edad se ha proyectado en la polarizaci¨®n entre las leyes educativas del PSOE y del PP. El PP se atrevi¨® a introducir en la LOMCE por primera vez el hecho de que las administraciones educativas tuvieran en cuenta la demanda social en la planificaci¨®n de las plazas escolares (una pol¨ªtica, por otra parte, ya practicada en muchos territorios antes de la LOMCE). Tener en cuenta la demanda social supone reconocer de facto la existencia de un derecho a concierto. El Estado se ve obligado a ¡®seguir¡¯ la demanda y planificar en consecuencia, ignorando los posibles efectos que ello pueda tener sobre las desigualdades en las condiciones de escolarizaci¨®n. Supone, en definitiva, sacrificar el principio de equidad en la planificaci¨®n escolar en favor de optimizar los deseos de escolarizaci¨®n de las familias.

La supresi¨®n del principio de demanda social que anuncia la LOMLOE no es, en ning¨²n caso, un atentado a la libertad de elecci¨®n de escuela. Las familias pueden seguir y seguir¨¢n expresando sus preferencias por las escuelas que desean, y el acceso se regular¨¢ en los casos de m¨¢s demanda que oferta por los mismos mecanismos de prioridad que estableci¨® la LODE y que la LOMCE tampoco alter¨®: proximidad, presencia de hermanos en el centro y renta. Como nos recuerdan los juristas, la libertad de elecci¨®n de escuela no es un derecho de car¨¢cter absoluto (el n¨²mero de plazas de una escuela es finito) y por lo tanto requiere de alg¨²n tipo de regulaci¨®n y ordenaci¨®n. Lo que la LOMLOE contempla es, quiz¨¢ por primera vez, una materializaci¨®n real del principio de equidad en educaci¨®n, a trav¨¦s de dar prioridad a la planificaci¨®n de plazas p¨²blicas, otorgar un car¨¢cter subsidiario a la ense?anza concertada y, sobre todo, a abrir la puerta a medidas que ayuden a reducir la segregaci¨®n escolar. La diferencia en la composici¨®n social de los centros no solo es injusta desde el punto de vista de la desigualdad de oportunidades que genera, sino que es ineficaz para conseguir otros objetivos, como la reducci¨®n del abandono educativo prematuro o la mejora de los resultados escolares. Y son muchas las evidencias que tenemos de c¨®mo la pol¨ªtica educativa que prioriza la elecci¨®n escolar por delante de la equidad genera mayor segregaci¨®n.

Ser¨ªa razonable esperar, como algunas escuelas concertadas reivindican, mejoras en una financiaci¨®n p¨²blica insuficiente para asegurar la gratuidad real y eliminar las barreras econ¨®micas a la inclusi¨®n. Sin embargo, la oposici¨®n a la ley lo que refleja es el objetivo de seguir accediendo a dinero p¨²blico casi sin contrapartidas, como si de un subsidio y no de un contrato se tratara. Como ha reflejado un informe reciente, las aportaciones de las familias no solo compensan la diferencia entre la financiaci¨®n p¨²blica y el coste de la plaza escolar, sino que en ocasiones la superan ampliamente. Por supuesto, esto no ocurre en todos los centros. Quiz¨¢ con la nueva ley estemos ante la primera oportunidad de distinguir entre los centros concertados de inter¨¦s p¨²blico y los que no lo son.

Siga EL PA?S EDUCACI?N en Twitter o Facebook

Ap¨²ntese a la Newsletter de Educaci¨®n de EL PA?S