La equidad frente a las pol¨ªticas educativas de privatizaci¨®n en Andaluc¨ªa
Las desigualdades estructurales de la doble red p¨²blica-concertada est¨¢n motivadas por la competitividad y los procesos de exclusi¨®n. Necesitamos un cambio dr¨¢stico.
De la educaci¨®n depende el desarrollo de oportunidades y libertades en la vida, como es la incorporaci¨®n de los y las j¨®venes en el plano laboral y social, con autonom¨ªa para elegir y con solidaridad para vivir con otros y hacia los otros, en la tolerancia el respeto y el conocimiento de otras formas de vida.
El derecho a la educaci¨®n en nuestro pa¨ªs necesita un cambio social inclusivo y plural que refleje que en la escuela viven alumnos y alumnas plurales y diversos, y con equidad, la justicia con igualdad, que tiene una importancia estrat¨¦gica para transformar las desigualdades de clase, g¨¦nero, etnia, etc¨¦tera, desde la formulaci¨®n de pol¨ªticas basadas en un rol del estado, la educaci¨®n que garantiza el bienestar y combatiendo la vulnerabilidad, la dependencia y la dominaci¨®n.
Este concepto de equidad tambi¨¦n se plantea desde los ¨²ltimos 30 a?os en un recurso ret¨®rico unido a la ¡°calidad educativa¡±, algo dif¨ªcil de cuestionar por tratarse de una aspiraci¨®n gen¨¦rica y compatible con una educaci¨®n competitiva, una pol¨ªtica de resultados estandarizada y la elecci¨®n de centro. La equidad se convierte en un concepto t¨¦cnico, extenso, no contextualizado, donde los logros de aprendizaje son concebidos como indispensables para todos, expresados en el dise?o de un curr¨ªculo prescrito y verificados en su cumplimiento con las evaluaciones externas.
En un an¨¢lisis de Eurydice de 2020, en 42 sistemas educativos de 37 pa¨ªses europeos, encuentran que las estructuras que promueven la segregaci¨®n acad¨¦mica son: la diferenciaci¨®n de calidad entre las escuelas, las pol¨ªticas de elecci¨®n de centro, los criterios de admisi¨®n, la diferenciaci¨®n temprana en itinerarios educativos y el grado de repetici¨®n. El informe destaca que la segregaci¨®n acad¨¦mica ¡ªagrupar al alumnado con el mismo nivel socioecon¨®mico y cultural¡ª es el ¨²nico predictor con una influencia significativa en la falta de inclusi¨®n en primaria y uno de los m¨¢s importantes en la educaci¨®n secundaria.
La Lomloe (2020) plantea compensar a los centros que tengan segregaci¨®n escolar, no evitarla (art¨ªculos 81.1 y 81.2). No se evita la segregaci¨®n escolar dentro de las escuelas, con grupos de refuerzo, optativas y programas especiales que no son inclusivos; y entre escuelas, con conciertos que seleccionan al alumnado de forma homog¨¦nea por nivel socioecon¨®mico, con la segregaci¨®n por sexo o por alumnado extranjero. A esto contribuyen tambi¨¦n los modelos de rendici¨®n de cuentas (pruebas de diagn¨®stico) y la repetici¨®n escolar, seg¨²n manifiestan informes de la OCDE.
En la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa, la privatizaci¨®n empieza a desarrollarse de una forma m¨¢s impetuosa desde hace unos 10 a?os, con la reducci¨®n de unidades escolares de las escuelas p¨²blicas y la p¨¦rdida de profesorado. En la ¨²ltima d¨¦cada (2011-2019), el descenso de la poblaci¨®n en Andaluc¨ªa, junto con la crisis de 2008 y los pactos PSOE y Ciudadanos, han significado una oportunidad para el cierre de 7.458 unidades [clases] en Infantil, Primaria y Secundaria, y que hayan perdido 4.683 docentes en la ense?anza p¨²blica de r¨¦gimen general, el 82% en Primaria. A partir del a?o 2019 llega un Gobierno de coalici¨®n conservador (Partido Popular y Ciudadanos), siendo uno de los elementos pactados el aumento de la partida a la ense?anza privada-concertada. En dos cursos, la Junta ha eliminado 1.500 unidades p¨²blicas de Infantil y Primaria, mientras desviaba a alumnado a la concertada por falta de plazas p¨²blicas.
La concertada solo se implanta en grandes y medianas ciudades, donde vive el 75% de la poblaci¨®n, que es donde es m¨¢s rentable. De hecho, en el 82% de los municipios peque?os no hay concertada, ni nunca les ha interesado que la haya, porque hay poco alumnado y rentas m¨¢s bajas. La concertada atender¨¢ a m¨¢s del 50% de alumnado en algunas capitales de provincia y ciudades intermedias en Infantil, Primaria y Educaci¨®n Secundaria Obligatoria. Granada capital es el caso m¨¢s claro, donde el 60% del alumnado est¨¢ matriculado en centros concertados, seguida de C¨¢diz. El resto de las capitales supera el 30%, y en algunos casos el 40%, como es el caso de Sevilla, C¨®rdoba, Huelva y M¨¢laga.
Despu¨¦s de 30 a?os de Gobiernos socialistas, la mayor parte de la legislaci¨®n en educaci¨®n est¨¢ dedicada a la privatizaci¨®n para seguir el modelo de otras comunidades aut¨®nomas. A pesar de la desaparici¨®n de la alusi¨®n a la demanda (con la Lomloe) y la vuelta a la planificaci¨®n de plazas p¨²blicas, el Decreto de escolarizaci¨®n de Andaluc¨ªa (21/2020 de 17 de febrero) definir¨¢ de forma ambigua esta propuesta, sustituyendo ¡°plazas p¨²blicas¡± por ¡°sistema educativo p¨²blico andaluz¡±. Esta forma de expresarlo nos remite al art¨ªculo 108.4 de la Lomloe, entendiendo que el servicio p¨²blico de educaci¨®n se puede realizar a trav¨¦s de los centros p¨²blicos y privados indistintamente, con lo cual volvemos a la demanda social por dicho art¨ªculo.
De hecho, la estrella del nuevo decreto es la posibilidad de incluir al menos un centro privado-concertado en todas las zonas de escolarizaci¨®n (art¨ªculo 9.4), a pesar de que la Lomloe plantea las mismas ¨¢reas de escolarizaci¨®n o influencia para los centros p¨²blicos y privados concertados (art¨ªculo 86.1). Esto significa la consolidaci¨®n de una legislaci¨®n que se introduce desde el a?o 2011 con poca difusi¨®n y que significa una ampliaci¨®n de la zona para la concertada, como en las escuelas charter de EEUU., que conduce a una mayor privatizaci¨®n y desigualdad.
La segunda Orden de Conciertos (Orden de 16 de diciembre de 2020) permite como novedad la concertaci¨®n en la educaci¨®n postobligatoria [bachillerato y FP]. Estamos presenciando c¨®mo desde hace unos a?os la privada concertada aumenta en las ense?anzas pre y postobligatorias, a pesar de que la LODE solo permit¨ªa la concertaci¨®n en aquellos centros subvencionados con anterioridad a la promulgaci¨®n de esta ley, que es de 1985, que los denominar¨¢ como ¡°centros singulares¡±. La Lomloe soluciona las irregularidades incluyendo la disposici¨®n transitoria d¨¦cima, para que los centros privados puedan concertar las ense?anzas postobligatorias.
La falta de acceso para una educaci¨®n plural, diversa y para la convivencia se altera con las desigualdades de una resucitada escuela selectiva. La selecci¨®n del alumnado se realiza con una serie de dispositivos que sirven para diferenciar a los estudiantes de centros p¨²blicos y privados por el nivel socioecon¨®mico y cultural, a pesar de ser la educaci¨®n obligatoria y gratuita. En Espa?a la mayor¨ªa del alumnado de entornos medios y menos favorables est¨¢n matriculados en centros p¨²blicos en un 93% siendo en Andaluc¨ªa el 100%, mientras que los centros privados re¨²nen al alumnado de entornos m¨¢s favorables en un 65% en Espa?a y en un 47% en Andaluc¨ªa.
Los dispositivos que apoyan esta selecci¨®n del alumnado son: el cobro de cuotas complementarias que incluyen las aportaciones directas de la familia, el cobro por actividades extraescolares y servicios complementarios donde lo habitual es que tengan un precio superior a la escuela p¨²blica. Y como aspecto grave la regulaci¨®n de las actividades escolares complementarias que va a suponer, en contra de la Lomloe, curr¨ªculos diferentes para el alumnado que va a la concertada y no pueda pagarla. En Andaluc¨ªa se han investigado 31 centros concertados de educaci¨®n obligatoria, de los cuales el 60% cobran cuotas base a las familias bajo diferentes denominaciones. La cuota base promedio es de 48,40 euros y el m¨¢ximo 110 euros mensuales.
De 64 pa¨ªses analizados, Espa?a es el tercer pa¨ªs que m¨¢s segrega al alumnado por renta familiar, seg¨²n la OCDE, y las desigualdades estructurales de la doble red de centros est¨¢n motivadas por la competitividad y los procesos de exclusi¨®n. Necesitamos un cambio dr¨¢stico desde la protecci¨®n a las familias con bajos ingresos al control de los pagos y las matr¨ªculas en la selecci¨®n del alumnado. Las leyes estatales son retrogradas y est¨¢n causando un importante da?o, sobre todo por permitir que las comunidades aut¨®nomas puedan eludirlas o puedan otorgar que sigamos trasladando los fondos de una deficitaria escuela p¨²blica a una escuela privada-concertada que est¨¢ seleccionando al alumnado que debe formar las ¨¦lites de nuestro pa¨ªs.
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