Los partidos quieren tus datos

A finales del a?o pasado descubrimos que el Parlamento hab¨ªa dado amplios poderes a los partidos pol¨ªticos para utilizar nuestros datos, sin consentimiento, con fines electorales. En noviembre, m¨¢s all¨¢ de adaptar el nuevo Reglamento Europeo de Protecci¨®n de Datos al marco legislativo espa?ol, se incluy¨® un art¨ªculo, el 58 bis, que modificaba la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG) y autorizaba a los partidos a recopilar, de p¨¢ginas web y otras fuentes de acceso p¨²blico, los ¡°datos personales relativos a las opiniones pol¨ªticas de las personas en el marco de sus actividades electorales¡±. De acuerdo con este art¨ªculo, el uso por parte de las formaciones pol¨ªticas de estos datos para el env¨ªo de propaganda electoral en redes o por Internet no se considera comunicaci¨®n comercial y por tanto escapa a las restricciones a las que est¨¢n sujetas las empresas. Se abr¨ªa as¨ª la puerta a que actividades como la realizaci¨®n de perfiles ideol¨®gicos o la recogida de direcciones de correo y datos personales sin consentimiento expl¨ªcito sean leg¨ªtimas durante la campa?a electoral.

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?C¨®mo hemos llegado a esta situaci¨®n? Los partidos siempre han tratado de conocer mejor al electorado y resultar lo m¨¢s atractivos posible. Pero hoy, en la era del big data, el nivel de detalle que pueden obtener de los potenciales votantes, a trav¨¦s de la informaci¨®n personal diseminada en Internet, no tiene precedentes: ahora podr¨¢n convencerlos mejor de que les voten. Si de la actividad online?se pueden inferir gustos y preferencias, estatus socioecon¨®mico, contexto familiar u otras variables que facilitan que los mensajes publicitarios que recibimos est¨¦n lo m¨¢s ajustados posible a nuestras necesidades o debilidades, ?por qu¨¦ no utilizar esta informaci¨®n pol¨ªticamente y ajustar los mensajes a lo que m¨¢s nos interesa?

Todas las capacidades de segmentaci¨®n de p¨²blicos y personalizaci¨®n de mensajes que tan intensivamente explotan las empresas de marketing para vendernos m¨¢s y mejor pueden ser y son empleadas tambi¨¦n en contextos pol¨ªticos. La modificaci¨®n de la ley electoral en Espa?a permite ahora que los partidos en campa?a puedan lanzarnos mensajes a favor de una mejor sanidad si nuestros datos revelan que estamos enfermos, en contra de los impuestos si nuestros datos dicen que no utilizamos los servicios p¨²blicos, mensajes religiosos si somos creyentes, antifeministas si ven que somos se?ores cabreados, o antiinmigrantes si identifican actividad racista entre nuestros contactos. Adem¨¢s, un mismo mensaje puede usar un lenguaje m¨¢s racional o m¨¢s emotivo en funci¨®n de los rasgos psicol¨®gicos que se nos atribuyan en nuestro perfil.

Hoy, en el mundo comercial, la frontera entre el marketing que busca entender qu¨¦ necesitamos y el que pretende moldear aquello que deseamos se ha vuelto difusa. De ah¨ª que, en el uso de datos, el paso de un contexto de consumo a un contexto pol¨ªtico implique un salto cualitativo de profundas consecuencias. De la oferta a la manipulaci¨®n hay un paso. Esto supone un serio desaf¨ªo para nuestros sistemas democr¨¢ticos y abre la puerta a la proliferaci¨®n de grupos de autoafirmaci¨®n de sus principios y prejuicios con poca visibilidad de ideas diferentes (las ¡°c¨¢maras de resonancia¡±). Si los entornos virtuales que nos rodean nos clasifican de una forma que escapa a nuestro control, y esa clasificaci¨®n determina aquello (bienes de consumo, ideas, conversaciones) a lo que tenemos acceso, ?d¨®nde quedan la libertad y el libre albedr¨ªo? ?Cu¨¢n dif¨ªcil puede resultar escapar del escaparate personalizado perpetuo que acompa?a todas las acciones que realizamos en Internet?

La primera gran alarma global sobre el creciente uso de datos por parte de partidos pol¨ªticos salt¨® en 2018 con el esc¨¢ndalo de Cambridge Analytica, que ejemplific¨® c¨®mo el uso de datos personales buscaba no solo influir en la poblaci¨®n, sino tambi¨¦n su manipulaci¨®n pol¨ªtica. Cambridge Analytica, una empresa brit¨¢nica de consultor¨ªa pol¨ªtica dedicada al an¨¢lisis, explotaci¨®n y combinaci¨®n de datos para la comunicaci¨®n estrat¨¦gica ¡ªhoy investigada por los tribunales brit¨¢nicos y estadounidenses¡ª, utiliz¨® datos de m¨¢s de 50 millones de usuarios de Facebook para ayudar a sus clientes (los equipos de campa?a de Trump y de los partidarios del Brexit, entre otros) a desarrollar perfiles psicol¨®gicos y pol¨ªticos del electorado para adaptar sus mensajes a diferentes p¨²blicos y conseguir mejores resultados. Para ello crearon una app y un test online de personalidad que no solo recog¨ªa las respuestas de los usuarios, sino que, sin conocimiento de los afectados, permit¨ªa a Cambridge Analytica entrar en sus perfiles y extraer toda la informaci¨®n que conten¨ªan, tanto de ellos como de sus contactos. En 2016 el responsable de la empresa explicaba c¨®mo la campa?a para defender el derecho a llevar armas en EE UU dise?¨® diferentes mensajes para diferentes p¨²blicos: apelando al miedo a que te roben si la persona era mujer con personalidad ¡°perfeccionista y neur¨®tica¡±, o apelando al papel de las armas en la construcci¨®n de relaciones padre/hijo en el caso de hombres con personalidades partidarias del orden. Aunque la utilidad real y el impacto de estos m¨¦todos son un tema a¨²n sujeto a un acalorado debate, es innegable que el uso de datos se ha convertido en un nuevo ¨¢mbito de combate electoral.

De la actividad ¡®online¡¯ se puede inferir el estatus socioecon¨®mico y familiar que los partidos usar¨¢n

De ah¨ª la preocupaci¨®n ante la pretensi¨®n de los partidos pol¨ªticos espa?oles de autoexcluirse del control de su uso de datos. De ah¨ª tambi¨¦n la activa campa?a en redes sociales donde expertos en protecci¨®n de datos denuncian desde finales de 2018 que en la era de las noticias falsas, la manipulaci¨®n pol¨ªtica y el mercadeo sin cuartel de datos con fines de todo tipo, el hecho de que los partidos se autootorguen el derecho a utilizar informaci¨®n personal sin control es, como m¨ªnimo, problem¨¢tico. De ese activismo han surgido un recurso de inconstitucionalidad por el art¨ªculo 58 bis ante el Defensor del Pueblo, admitido a tr¨¢mite, y la creaci¨®n de la Lista Viernes (web que permite a los ciudadanos apuntarse para dejar constancia de que no quieren recibir propaganda electoral por tel¨¦fono o correo electr¨®nico), que se suman a la herramienta del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) para oponerse al env¨ªo postal anuncios de campa?a. Y de ah¨ª sobre todo la publicaci¨®n, la semana pasada, de la circular de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD), que detalla las ¡°garant¨ªas adecuadas y espec¨ªficas¡± que deben ofrecer los partidos si usan datos vinculados a opiniones pol¨ªticas, y la opini¨®n del Comit¨¦ Europeo de Protecci¨®n de Datos (CEPD), que proh¨ªbe a los partidos la micropersonalizaci¨®n de sus mensajes. Vulnerar la normativa de protecci¨®n de datos puede acarrear Espa?a sanciones de hasta 20 millones de euros.

La frontera entre entender qu¨¦ necesitamos y pretender moldear lo que deseamos es difusa

?Pero es eso suficiente? ?Estamos los ciudadanos protegidos ante los retos y riesgos de la sociedad de los datos y la manipulaci¨®n pol¨ªtica? La respuesta hoy es que no, por varios motivos. Por una parte, porque, como ya han afirmado otros expertos, una circular o una opini¨®n no son m¨¢s que parches que no abordan las zonas grises del marco legal ni establecen un r¨¦gimen sancionador concreto para los partidos en caso de mala praxis. Por otra, porque el mercado de datos opera con tal opacidad y confusi¨®n jurisdiccional que a menudo es dif¨ªcil perseguir las acciones fraudulentas, sobre todo cuando se disfrazan de campa?as ciudadanas o no est¨¢n directa y expl¨ªcitamente financiadas por una fuerza pol¨ªtica. La ley ahora contempla el uso de datos de los partidos en campa?a, pero el resto queda fuera. En un contexto de contenidos virales pretendidamente an¨®nimos y de noticias falsas de las que nadie se hace responsable, poner el foco en la propaganda pol¨ªtica oficial obvia que la din¨¢mica de las redes no es de arriba abajo (como la comunicaci¨®n pol¨ªtica tradicional), sino que crea redes que simulan horizontalidad y buscan confianza en base a la familiaridad y una est¨¦tica de contenido casero que no admite patrocinios pol¨ªticos declarados, como muestra el uso intensivo de WhatsApp para difundir mensajes partidistas disfrazados de interacciones entre iguales.

Las pretensiones de limitar el mal uso de los datos en contextos pol¨ªticos no tienen en cuenta que la filtraci¨®n, manipulaci¨®n, mercadeo y ese mal uso (de informaci¨®n m¨¦dica, financiera, social, de ocio, laboral, biom¨¦trica¡­) est¨¢n al orden del d¨ªa, dentro y fuera del ¨¢mbito electoral. La desprotecci¨®n de los datos personales es tan brutal y su uso con fines de todo tipo es tan potencialmente lucrativo (electoral o econ¨®micamente) que a la legislaci¨®n hay que exigirle, como m¨ªnimo, que: a) ofrezca mecanismos de resarcimiento y defensa robustos y efectivos cuando emerjan malas pr¨¢cticas, y b) establezca sanciones m¨¢s concretas que desincentiven a las empresas de colaborar con partidos (Google en Israel ha anunciado que suspende la publicidad segmentada hasta despu¨¦s de las elecciones para evitar que los partidos usen su servicio para manipular al electorado). De momento, el marco legal que nos dejan el nuevo art¨ªculo en la LOREG y la circular de la AEPD ofrece un poco de ambas cosas, pero es dif¨ªcil no ser esc¨¦ptico ante el alcance que tendr¨¢ una circular no vinculante en un mar de incentivos perversos, orientados a hacer rentable, econ¨®mica o pol¨ªticamente, la desprotecci¨®n de datos.

Gemma Galdon Clavell es doctora en Pol¨ªticas de Seguridad y Tecnolog¨ªa y directora de Eticas Consulting.