Proteger la privacidad de los datos tambi¨¦n es protecci¨®n social

En las ¨²ltimas d¨¦cadas, los programas de asistencia social en todo el mundo se han fortalecido hasta el punto de que en la actualidad benefician a m¨¢s de 2.500 millones de personas; estos programas, por regla general, protegen a las personas m¨¢s pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presi¨®n para aplicar tecnolog¨ªa biom¨¦trica para verificar las identidades de los beneficiarios e integrar sistemas de informaci¨®n que van desde registros civiles hasta bases de datos de cumplimiento de la ley, significa que los programas sociales podr¨ªan crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.

Las empresas privadas, las agencias donantes y el Banco Mundial sostienen que la aplicaci¨®n de herramientas biom¨¦tricas, como por ejemplo el escaneo de iris y huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integraci¨®n de bases de datos, acrecentar¨¢ la eficiencia, combatir¨¢ el fraude y reducir¨¢ los costos. Y muchos gobiernos parecen estar convencidos de lo antedicho.

Si bien no hay informaci¨®n sistem¨¢tica disponible sobre el uso de la tecnolog¨ªa biom¨¦trica en los esquemas de asistencia social, una mirada a ciertos programas emblem¨¢ticos sugiere que dicho uso ya est¨¢ en aumento. En Sud¨¢frica, 17,2 millones de beneficiarios de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biom¨¦tricas. En M¨¦xico, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro de salud p¨²blica para los ciudadanos m¨¢s pobres) deben proporcionar sus datos biom¨¦tricos a las autoridades.

Aadhaar, la base de datos biom¨¦trica m¨¢s grande del mundo, se encuentra en la India. Debido a que la inclusi¨®n en Aadhaar es un requisito previo para el acceso a varios programas sociales, el 95% de los 1.250 millones de habitantes del pa¨ªs ya est¨¢n registrados. La provisi¨®n de datos biom¨¦tricos tambi¨¦n se requiere para recibir beneficios en Botsuana, Gab¨®n, Kenia, Namibia, Pakist¨¢n, Paraguay y Per¨².

En Chile, los registros m¨¦dicos de millones de pacientes, incluidos aquellos con VIH y mujeres que hab¨ªan sido v¨ªctimas de abuso sexual, fueron expuestos p¨²blicamente durante casi un a?o

Los datos biom¨¦tricos almacenados en una base de datos del programa de protecci¨®n social se pueden vincular f¨¢cilmente a otros sistemas utilizando un identificador com¨²n, incluso a aquellos no relacionados con la protecci¨®n social como los de cumplimiento de la ley o de mercadeo comercial. Sin embargo, en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, dicha integraci¨®n de bases de datos est¨¢ prohibida, debido a la amenaza que esto representa para la privacidad y la protecci¨®n de datos. A fin de cuentas, los programas de asistencia social requieren el procesamiento de grandes cantidades de datos, incluida informaci¨®n confidencial, como los bienes, propiedades, el estado de salud y discapacidades de las personas.

En muchos de los pa¨ªses en desarrollo que est¨¢n expandiendo sus programas de protecci¨®n social e identificaci¨®n biom¨¦trica, los marcos para la protecci¨®n de datos personales est¨¢n infradesarrollados. No obstante, los donantes y las autoridades gubernamentales a menudo abogan por la integraci¨®n m¨¢s amplia posible de las bases de datos, tanto entre entidades p¨²blicas como privadas. Por ejemplo, Nigeria, que tiene como objetivo emitir 100 millones de tarjetas electr¨®nicas de identificaci¨®n biom¨¦trica, tiene una base de datos de identidad nacional conectada a varias otras bases de datos, incluidas aquellas mantenidas por las agencias de aplicaci¨®n de la ley.

La presi¨®n para compartir datos confidenciales relativos a la protecci¨®n social, incluidos entre ellos los identificadores biom¨¦tricos, con las agencias aplicaci¨®n de la ley, tanto a nivel nacional como internacional, se ve agravada por las preocupaciones sobre terrorismo y migraci¨®n. Esta presi¨®n amenaza no solo la privacidad b¨¢sica, sino tambi¨¦n las libertades civiles. Agregue a esto el riesgo de divulgaci¨®n negligente de datos o el acceso no autorizado por parte de terceros ¨Cincluso por parte de delincuentes cibern¨¦ticos y piratas inform¨¢ticos¨C y los beneficiarios de los programas de protecci¨®n social tambi¨¦n podr¨ªan estar expuestos ante situaciones de estigmatizaci¨®n, extorsi¨®n o chantaje.

Adem¨¢s, existe la posibilidad de que el acceso a datos confidenciales de protecci¨®n social, incluida la informaci¨®n biom¨¦trica, sea otorgado o se venda a empresas privadas. Las autoridades de protecci¨®n social y las compa?¨ªas, como MasterCard o Visa, a menudo firman acuerdos comerciales para crear tarjetas inteligentes para programas de asistencia social o para que las empresas acepten dichas tarjetas. Por ejemplo, la biom¨¦trica de asistencia social de Sud¨¢frica es una MasterCard.

Peor a¨²n, tales acuerdos que a menudo no se divulgan p¨²blicamente tienden a no incluir mecanismos de indemnizaci¨®n en casos de abuso y mal uso de la informaci¨®n. Sin embargo, informes recientes de los medios de comunicaci¨®n sugieren que estos riesgos son considerables. Por ejemplo, en Chile, los registros m¨¦dicos de millones de pacientes, incluidos aquellos con VIH y mujeres que hab¨ªan sido v¨ªctimas de abuso sexual, fueron expuestos p¨²blicamente durante casi un a?o.

La tecnolog¨ªa de reconocimiento facial puede permitir a los gobiernos identificar a los manifestantes que reciben asistencia social utilizando las fotograf¨ªas digitales que han proporcionado a cambio del acceso a los beneficios

Adem¨¢s, en Sud¨¢frica, las empresas privadas hicieron uso de informaci¨®n de millones de beneficiarios de protecci¨®n social para aumentar sus ganancias corporativas en detrimento de los intereses de los beneficiarios. En India, un peri¨®dico afirm¨® que sus reporteros hab¨ªan obtenido acceso sin restricciones a la base de datos de Aadhaar. Otro informe document¨® c¨®mo los n¨²meros de Aadhaar, con informaci¨®n financiera confidencial, se hab¨ªan hecho p¨²blicos en los sitios web gubernamentales.

La amenaza para los beneficiarios de la protecci¨®n social no se elimina incluso cuando el gobierno es el ¨²nico que tiene acceso a los datos. Tal como relata la cient¨ªfica pol¨ªtica Virginia Eubanks, en Estados Unidos, la toma de decisiones automatizada en la provisi¨®n de asistencia social permite al gobierno ¡°perfilar, vigilar policialmente y castigar a los pobres¡±.

A medida que la tecnolog¨ªa avance, estas amenazas crecer¨¢n. Por ejemplo, la de reconocimiento facial puede permitir a los gobiernos identificar a los manifestantes que reciben asistencia social utilizando las fotograf¨ªas digitales que han proporcionado a cambio del acceso a los beneficios. Malta, por ejemplo, ya est¨¢ considerando usar c¨¢maras de circuito cerrado de televisi¨®n (CCTV) con software de reconocimiento facial para prevenir el ¡°comportamiento antisocial¡±.

La falta de consideraci¨®n por la privacidad y protecci¨®n de datos por parte de los programas de asistencia social no deber¨ªa causar sorpresa. Estos programas sirven a los grupos m¨¢s vulnerables, personas que ya se encuentran en desventaja en cuanto a la defensa de sus derechos. El estigma arraigado y los prejuicios contra los pobres a menudo impiden que otros miembros m¨¢s privilegiados de la sociedad reconozcan esos riesgos, y a¨²n menos que aboguen a favor de los beneficiarios de los programas de protecci¨®n social. Muchos parecen creer que si recibe beneficios gratuitos, usted no puede adem¨¢s exigir privacidad.

Se supone que los programas de protecci¨®n social deben hacer exactamente lo que su nombre implica: proteger a aquellos segmentos de la sociedad que m¨¢s lo necesitan. Exigir que estas personas renuncien de manera terminante a sus derechos de privacidad personal y protecci¨®n de datos equivale a todo lo contrario.

Esa sola raz¨®n deber¨ªa ser motivo suficiente para ejercer acciones de presi¨®n a favor de la adopci¨®n de marcos legales adecuados, la designaci¨®n de autoridades de protecci¨®n de datos con recursos suficientes y, como ¨²ltima l¨ªnea de defensa, un poder judicial y medios de comunicaci¨®n que sean independientes. Sin embargo, si las personas necesitan un incentivo m¨¢s fuerte, siempre hay inter¨¦s propio, debido a que los riesgos que enfrentan los m¨¢s vulnerables y desfavorecidos hoy en d¨ªa bien pueden convertirse en una realidad para sectores transversales mucho m¨¢s amplios de la sociedad en el futuro.

Magdalena Sep¨²lveda es investigadora asociada en el Instituto de Investigaci¨®n para el Desarrollo Social de Naciones Unidas y miembro de la Comisi¨®n Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Previamente fue relatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Copyright: Project Syndicate, 2019. Traducci¨®n del ingl¨¦s: Roc¨ªo L. Barrientos.

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