Una red para proteger la vida de los activistas de derechos humanos
Los acompa?antes internacionales cuidan a l¨ªderes y lideresas sociales en Colombia, un pa¨ªs donde 486 han sido asesinados desde que se firmaran los acuerdos de paz hace tres a?os
En buena parte de la convulsa regi¨®n colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, la vida se mueve alrededor de la coca y la paz dista mucho de ser una realidad. La donostiarra Helena Ruiz y la zaragozana Sara de Alfonso llevan casi quince d¨ªas pernoctando aqu¨ª, en la casa del l¨ªder cocalero C¨¦sar Ru¨ªz. Son acompa?antes internacionales de la ONG catalana International Action Peace (IAP). Forman parte de esos muchos j¨®venes de diferentes partes de Europa y Am¨¦rica que se formaron como voluntarios para ir a zonas en grave conflicto y tienen la valent¨ªa de estar en terreno, en primera l¨ªnea, al lado de activistas amenazados de muerte. No les gusta que les llamen escudos humanos porque no lo son. Son solo personas que con su presencia f¨ªsica acompa?an a personas que por su trabajo comunitario, medioambiental o en defensa de los derechos humanos est¨¢n en riesgo.
Es el caso de C¨¦sar Ruiz, un dirigente de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), la plataforma que aboga por una sustituci¨®n de cultivos de coca concertada con las comunidades como estipulan los acuerdos de paz. La vida de este l¨ªder cocalero se mueve en aguas turbulentas. ¡°He recibido amenazas que no s¨¦ de d¨®nde vienen. Me siento en alto riesgo de ser asesinado¡±, afirma uno de los 591 l¨ªderes sociales bajo riesgo en Colombia, un pa¨ªs donde, seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo, ya han asesinado a 486 defensores y defensoras de derechos humanos desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC hace tres a?os.
77 de ellos eran cocaleros que impulsaban la sustituci¨®n. ¡°Nos estamos echando esta carga al hombro de concienciar a la gente, convocar y acompa?ar en la sustituci¨®n de cultivos. El gobierno no est¨¢ cumpliendo con la implementaci¨®n de los proyectos de desarrollo alternativo y encima recibimos amenazas y nos asesinan porque ponemos en riesgo la econom¨ªa de muchas personas, entre ellos la de grandes empresarios con implicaciones pol¨ªticas¡±, dice Ru¨ªz.
Gracias a las acompa?antes, Ru¨ªz no ha dejado de hacer su trabajo pese a las amenazas. Se sigue desplazando por la zona en su destartalada motocicleta, pero ahora llevando siempre montadas detr¨¢s a dos personas que con sus visibles chalecos naranjas le generan espacios de seguridad y tienen un efecto disuasorio. ¡°Nunca llegas a ser consciente de la importancia de nuestro trabajo pero los l¨ªderes a los que acompa?amos si lo son y agradecen tu presencia. Ahora mismo llevamos dos semanas en este lugar y no sucede nunca nada, pero es que de pronto no pasa nada precisamente porque estamos nosotras y eso est¨¢ muy bien. Otras veces hemos ido con personas que llevaban meses sin poder entrar a su comunidad y con nosotras s¨ª pudieron hacerlo¡±, explica Helena Ruiz.
El acompa?amiento internacional no alcanza para tantos y tantos l¨ªderes y lideresas que viven en comunidades amenazadas, pero si se ha mostrado muy eficaz como forma de protecci¨®n. Es una figura de cooperaci¨®n y solidaridad que adem¨¢s va m¨¢s all¨¢ de la presencia f¨ªsica de los voluntarios en terreno. Visibilizar la situaci¨®n de los defensores de derechos humanos con actividades de difusi¨®n y sensibilizaci¨®n, as¨ª como la incidencia pol¨ªtica forma parte tambi¨¦n del trabajo de acompa?amiento. ¡°Canalizar los posicionamientos y las demandas de las organizaciones a las que se acompa?a es muy importante y necesario. Nos reunimos con otras ONG y movimientos sociales, con cuerpos diplom¨¢ticos y con autoridades militares y civiles del gobierno colombiano a los que les recordamos sus obligaciones en materia de derechos humanos. En ning¨²n caso hacemos injerencia, solo acompa?amos y m¨¢s bien observamos¡±, explica Natalia Pelegr¨ª, coordinadora de IAP que lleva cuatro a?os en Colombia.
IAP brinda acompa?amiento a procesos organizativos campesinos en cuatro regiones del nororiente colombiano muy golpeadas por el conflicto armado. Pelegr¨ª, su coordinadora, remarca que se definen como una medida de protecci¨®n propia de las organizaciones y comunidades campesinas y de manera indirecta a las comunidades donde ese l¨ªder lleva a cabo sus diferentes actividades y reuniones. ¡°La disuasi¨®n que pueda uno ejercer y la incidencia pol¨ªtica va dirigida hacia todas esas personas y no a un liderazgo particular¡±.
4.500 defensores de derechos humanos llevan escoltas armados, chaleco antibalas, tel¨¦fono m¨®vil y se mueven en coche blindado en Colombia
La oficina base de IAP est¨¢ en Barrancabermeja, un municipio petrolero de la regi¨®n de Santander, en el llamado Magdalena Medio. Actualmente cuenta con un equipo de nueve personas, todas mujeres de diferentes lugares de Espa?a. Las nueve j¨®venes han conocido de primera mano en sus acompa?amientos la fragilidad de la paz colombiana sumergi¨¦ndose en regiones como el Catatumbo, el nordeste antioque?o, el Sur de Bol¨ªvar o el Meta donde todav¨ªa se viven realidades de guerra, donde otros actores armados reconfiguraron un nuevo conflicto copando el territorio dejado por las FARC y donde la coca continua siendo en algunos casos el motor de la econom¨ªa. ¡°Es la Colombia m¨¢s olvidada y desatendida por el Estado que continua militarizando los territorios y vulnerando los derechos de las comunidades. Con el cambio de gobierno, contrario a los acuerdos, y el asesinato de l¨ªderes sociales y excombatientes de las FARC hay un retroceso¡±, explica la acompa?ante barcelonesa Sara Abril.
Botas de agua, impermeable, fiambrera, tienda de campa?a, colchoneta para dormir, una luz frontal para los lugares donde no hay electricidad y siempre puesto un chaleco de un color llamativo para hacerse visible. Es el kit b¨¢sico del acompa?ante internacional. Son todoterreno. ¡°Si la persona que acompa?amos se tiene que mover en moto, vamos en moto; si tiene que ir en bus, vamos en bus, y si tiene que quedarse a dormir en una aldea ah¨ª nos quedamos tambi¨¦n¡±, cuenta Sara Abril, ya preparada para irse al Catatumbo con otra compa?era a suplir a Helena y Sara en el acompa?amiento a C¨¦sar Ru¨ªz.
Durante un a?o, las acompa?antes conviven de manera muy intensa con comunidades campesinas y acompa?an a los l¨ªderes sociales por las zonas m¨¢s remotas del pa¨ªs. Los v¨ªnculos que se crean son muy fuertes. ¡°Pasas mucho tiempo con ellos. Al final te van contando su vida, los muchos a?os que llevan defendiendo los derechos de su comunidad, como han tenido que aguantar todas las amenazas posibles o como sacrifican su vida personal. Nunca vamos a poder hacernos una idea de la magnitud de lo que viven y de las angustias que soportan. Se acaba creando una relaci¨®n muy bonita donde dejas de ser un acompa?ante con un chaleco para pasar a ser Sara¡±, explica la joven.
La persecuci¨®n y amenazas que sufren los l¨ªderes y lideresas sociales no son un fen¨®meno nuevo en Colombia. Se viene de un escenario de guerra donde la poblaci¨®n civil que viv¨ªa en zonas de influencia de grupos armados insurgentes, fue estigmatizada y perseguida casi en igual medida que la guerrilla. La relaci¨®n de la fuerza p¨²blica con la poblaci¨®n no era la mejor y el campesino era considerado pr¨¢cticamente un enemigo m¨¢s por el ej¨¦rcito. Restablecer esa confianza es uno de los grandes retos de la construcci¨®n de paz. Tras la dejaci¨®n de armas de las FARC, los factores de riesgo tampoco han desaparecido. Persisten los intereses econ¨®micos sobre su territorio, los conflictos por la tierra, la alta militarizaci¨®n y la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros como el ELN, el EPL, y ahora tambi¨¦n disidencias de las extintas FARC.
A diferencia adem¨¢s de etapas anteriores, hoy la violencia contra las organizaciones sociales se ha focalizado en l¨ªderes locales de base. Hay un aumento de la persecuci¨®n asociada a las comunidades, organizaciones y liderazgos que est¨¢n trabajando a favor de la implementaci¨®n de los acuerdos de paz como es el caso de la sustituci¨®n de cultivos. ¡°Asesinan a los l¨ªderes para romper el tejido social. En general, una de las luchas que a¨²na a todas las organizaciones que acompa?amos, sean de la regi¨®n que sean, es la de la permanencia en el territorio y como enfrentan a grandes empresas extractivas interesadas en los recursos naturales de sus tierras y que desplazan a las familias¡±. explica la tercera de las Saras en el equipo de IAP, la canaria Sara Rodr¨ªguez, encargada de incidencia pol¨ªtica en la ONG.
Johana Silva, miembro del Centro de Estudios para la Paz, Cespaz, una organizaci¨®n con gran conocimiento sobre procesos organizativos sociales y temas de protecci¨®n, opina de forma parecida: ¡°La gente no defiende los derechos humanos como un fin en s¨ª mismo sino que los defiende porque es la forma de asegurar su permanencia y su defensa del territorio; para ser, para estar, para no ser desplazado, para no perder el arraigo¡±.
Toda protecci¨®n es poca
El acuerdo de paz hab¨ªa incorporado una visi¨®n de la seguridad m¨¢s humana que iba m¨¢s all¨¢ de la militarizaci¨®n del territorio. Se sab¨ªa que la violencia se disparar¨ªa durante el proceso de paz como ocurri¨® en El Salvador o en Guatemala pero nadie imagin¨® la dimensi¨®n que acabar¨ªa tomando finalmente con una sistematicidad y unos objetivos tan claros.
En un pa¨ªs con casi 500 l¨ªderes sociales asesinados en tres a?os, son muchas las voces que consideran que las instituciones, tanto nacionales, regionales como locales, deber¨ªan hacer mucho m¨¢s. El gobierno responde, seg¨²n cifras de la Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP), que hoy hay 4.500 defensores y defensoras de derechos humanos protegidos que llevan escoltas armados, chaleco antibalas, tel¨¦fono m¨®vil y se mueven en coche blindado. Para las organizaciones de acompa?amiento, no obstante, estos esquemas de seguridad que solo se enfocan en la protecci¨®n f¨ªsica e individual son insostenibles y pocos eficaces. ¡°En los territorios rurales, el coche blindado no tiene por donde circular y el celular no te protege porque no hay se?al. Hay que pensar mecanismos diferenciados para los territorios rurales que desde nuestra perspectiva deber¨ªan centrarse en fortalecer a la organizaci¨®n social y a sus propios mecanismos de protecci¨®n¡±, dice Joahna Silva.
La representante de CESPAZ se refiere al repertorio de acciones comunitarias orientadas a autoprotegerse que las propias comunidades desarrollaron para defenderse en el marco del conflicto armado, las cuales les permitieron salvaguardar sus vidas y permanecer en el territorio. Crearon as¨ª comit¨¦s de derechos humanos, refugios humanitarios, guardias ind¨ªgenas y campesinas, y organizaron caravanas y misiones de verificaci¨®n para visibilizarse a nivel nacional e internacional. ¡°Nuestra propuesta para incrementar la seguridad de los l¨ªderes es la posibilidad de construir una ruta de protecci¨®n territorial interinstitucional que tenga una concepci¨®n m¨¢s colectiva e integral de la protecci¨®n en torno a situaciones de riesgo. Ser¨ªa unir y articular las capacidades de las comunidades con la capacidad de las instituciones y con la capacidad internacional en una ruta construida conjuntamente que combine la protecci¨®n individual y colectiva¡±, explica Johana Silva.
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