El ¡®caso G¨¹rtel¡¯, once a?os de tsunami judicial

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso G¨¹rtel ¡ª1.843 folios de prosa jur¨ªdica a cargo del magistrado Juan Ram¨®n Berdugo¡ª pone un rotundo punto y aparte a once a?os de una de las causas de corrupci¨®n con mayor impacto social, pol¨ªtico e institucional de la democracia. Con su fallo, el alto tribunal respalda con escasos matices, m¨¢s t¨¦cnicos que de fondo, la investigaci¨®n y el juicio de la Audiencia Nacional sobre la trama de manipulaci¨®n de contratos p¨²blicos que anid¨® en el PP, y de la que se beneficiaron tanto el partido como algunos de sus l¨ªderes m¨¢s destacados durante las etapas de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Mariano Rajoy.

El macrosumario G¨¹rtel, un puzle judicial con otras piezas de gran calado, como la de los papeles de B¨¢rcenas, sobre la caja b del partido, ha propiciado en estos a?os notables turbulencias en la judicatura, con recusaciones, movimientos de jueces e incluso la expulsi¨®n de la carrera judicial del primer instructor de la causa, Baltasar Garz¨®n. Las sacudidas generadas por este portaaviones judicial todav¨ªa no han terminado.

Los magistrados del Supremo ratifican en lo esencial la mayor¨ªa de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 2018, y apenas aplican leves ajustes, en la mayor parte de los casos a la baja, a las penas de prisi¨®n por un cat¨¢logo de delitos que incluye el cohecho, la malversaci¨®n, el blanqueo, los delitos fiscales y el tr¨¢fico de influencias. Once de los 29 condenados reciben penas superiores a los doce a?os de prisi¨®n, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa (51 a?os y once meses); su lugarteniente, Pablo Crespo (36 a?os y ocho meses), el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas (29 a?os y un mes) y la esposa de este, Rosal¨ªa Iglesias (12 a?os y once meses).

La reacci¨®n del antiguo responsable de las finanzas populares a la m¨¢s que probable entrada en prisi¨®n de su mujer es una de las inc¨®gnitas que deja la sentencia firme de ayer. Algunos movimientos de B¨¢rcenas en estos a?os, como la decisi¨®n de retirar la acusaci¨®n contra el PP en el juicio por la destrucci¨®n de los discos duros que guardaba en su despacho de la sede nacional del partido, se han explicado siempre como una muestra de buena voluntad del extesorero. Algo as¨ª como ¡°yo no voy contra ti a cambio de que t¨² muevas tus hilos en la Fiscal¨ªa y el Poder Judicial para evitar la c¨¢rcel a Rosal¨ªa¡±. Siete a?os despu¨¦s de que EL PA?S publicara los 14 folios de su contabilidad paralela, se ignora el calibre de la munici¨®n documental que B¨¢rcenas conserva en su poder y el potencial desestabilizador para el partido de Pablo Casado, una vez retirados de la primera fila los l¨ªderes de las etapas de Aznar y Rajoy.

El fallo, que tambi¨¦n hace suyas las tesis de las fiscales anticorrupci¨®n Concepci¨®n Nicol¨¢s y Concepci¨®n Sabadell, mantiene al PP y a la exministra Ana Mato como part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo, es decir que considera que se beneficiaron del fruto de los delitos cometidos por los condenados sin ser conscientes del origen delictivo de los fondos, y les condena a devolver lo disfrutado. El principal reproche que se hace a la sentencia de la Audiencia Nacional es la extensi¨®n y profundidad que dedica a analizar la existencia de una caja b en el seno del PP, cuando esta contabilidad secreta forma parte de otra pieza del macrosumario todav¨ªa pendiente de juicio en la propia Audiencia Nacional. El Supremo no niega que exista esa financiaci¨®n irregular; es m¨¢s, apunta a que esta funcion¨® y B¨¢rcenas detrajo fondos de ella.

Desde que el 6 de febrero de 2009 el juez Baltasar Garz¨®n, tras un a?o de investigaci¨®n secreta, diera luz verde a la polic¨ªa para desencadenar la Operaci¨®n G¨¹rtel, esta trama corrupta ha sido una constante en la pol¨ªtica espa?ola, y durante muchos meses ha ocupado el primer plano de la actualidad. La sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada en lo esencial por el Supremo, desencaden¨® la moci¨®n de censura que acab¨® con la presidencia y la carrera pol¨ªtica de Mariano Rajoy en junio de 2018.

Uno de los argumentos que uso el PSOE para esa censura parlamentaria fue un p¨¢rrafo de la sentencia en la que se cuestionaba la ¡°credibilidad¡± de su declaraci¨®n como testigo en el juicio. El presidente del tribunal de primera instancia, ?ngel Hurtado, que se hab¨ªa opuesto a que Rajoy declarara, rechaz¨® hacer suya esta parte de la sentencia, que fue redactada por sus compa?eros de tribunal, Jos¨¦ Ricardo de Prada y Julio de Diego. El pasado 30 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos a?os, con una mayor¨ªa conservadora que el PP se niega a renovar, nombr¨® a Hurtado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El desalojo de Rajoy de La Moncloa fue la mayor sacudida institucional derivada de la trama G¨¹rtel. Pero no la ¨²nica. En febrero de 2012, Garz¨®n fue condenado a 11 a?os de inhabilitaci¨®n y expulsado de la carrera judicial por prevaricaci¨®n al haber intervenido ilegalmente las comunicaciones de los corruptos con sus abogados.

Su puesto en el Juzgado Central de Instrucci¨®n 5 lo asumi¨®, en comisi¨®n de servicio desde junio de 2010, Pablo Ruz, un joven magistrado que en febrero de 2013 inici¨® la investigaci¨®n sobre los papeles de B¨¢rcenas. En su etapa, Ruz orden¨® el ingreso en prisi¨®n del extesorero, cit¨® como testigos, entre otros, a los exministros Dolores de Cospedal, Francisco ?lvarez Cascos y Javier Arenas y registr¨® la sede nacional del PP, en la calle G¨¦nova 13 de Madrid. A finales de 2014, el sector m¨¢s conservador del Consejo del Poder Judicial quiso forzar la salida de Ruz de la Audiencia Nacional, pero ante la pol¨¦mica se busc¨® una soluci¨®n de compromiso que permiti¨® que continuara hasta abril de 2015, cuando se incorpor¨® el actual titular, Jos¨¦ de la Mata.

Las turbulencias judiciales en torno a G¨¹rtel se intensificaron a medida que se acercaba el juicio. Las acusaciones populares recusaron y lograron apartar del juicio a los magistrados conservadores Concepci¨®n Espejel y Enrique L¨®pez, por su cercan¨ªa con el PP. La Sala de lo Penal de la Audiencia se dividi¨® por 10 a 8 al apreciar falta de apariencia de imparcialidad en el caso de Espejel, pr¨®xima a Dolores de Cospedal. En cuanto a L¨®pez, no hubo dudas: 15 contra tres a favor de apartarlo. L¨®pez es ahora consejero de Justicia en el Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso.

El punto y aparte de la sentencia del Supremo abre ahora nuevos p¨¢rrafos judiciales. El m¨¢s inquietante para el PP es el caso Kitchen, sobre la trama de espionaje parapolicial a Luis B¨¢rcenas y su familia para arrebatarles documentos comprometedores para el partido y en el que est¨¢ imputado el exministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz. Once a?os despu¨¦s, el tsunami de G¨¹rtel va para largo.