Cuando al arzobispo lo elige el Rey

En julio de 1976, el marqu¨¦s de Mondejar, jefe de la Casa del Rey, acudi¨® al Vaticano con un mensaje personal para el Papa: Juan Carlos I renunciaba al derecho de presentaci¨®n de obispos. El nuevo rey se desprend¨ªa voluntariamente de un privilegio hist¨®rico de los monarcas de la Casa de Austria que Franco recuper¨® y el Concordato de 1953 consagr¨®, sellando el control de la dictadura sobre la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. En virtud de esa prerrogativa, Franco eleg¨ªa a los nuevos obispos a partir de una terna cocinada entre el Ministerio de Exteriores y el Nuncio del Papa en Espa?a. Finalmente, el Pont¨ªfice se limitaba a ratificar el nombramiento.

Mientras se mantuvo la simbiosis entre el Estado nacional-cat¨®lico y una jerarqu¨ªa que hab¨ªa bendecido la Guerra Civil como cruzada no hubo problema pero, tras el Concilio Vaticano II (1962-65), la Iglesia marc¨® distancias con el r¨¦gimen y el engranaje empez¨® a chirriar, hasta el punto de que muchos obispados quedaron sin cubrir y se multiplicaron los obispos auxiliares, nombrados directamente por el Vaticano.

La renuncia del Rey, en 1976, fue ratificada por el Concordato de 1979, que aboli¨® el privilegio de presentaci¨®n de obispos, y la Constituci¨®n de 1978, que consagr¨® el car¨¢cter aconfesional del Estado. Sin embargo, a¨²n se mantiene un vestigio del antiguo r¨¦gimen en el sistema de nombramiento del arzobispo castrense, bajo cuya jurisdicci¨®n est¨¢n los miembros cat¨®licos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional, as¨ª como sus familias. El ¨²nico cuya di¨®cesis no tiene l¨ªmites territoriales, pues abarca toda Espa?a, e incluso los contingentes desplegados en misiones internacionales.

Tras la muerte por covid-19 del arzobispo castrense, Juan del R¨ªo, el pasado 28 de enero, se han iniciado ya los contactos del Nuncio del Vaticano en Espa?a, el filipino Bernadito Auza, con miembros del Gobierno para cubrir la vacante. Se trata de un proceso laborioso que puede demorarse meses y repite el esquema vigente bajo el franquismo: el Gobierno y el Nuncio deben consensuar una terna de candidatos que se somete a la aprobaci¨®n de la Santa Sede. Cuando esta da su visto bueno, la lista de tres nombres se eleva al Rey, que ¡°presentar¨¢, en el t¨¦rmino de 15 d¨ªas, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pont¨ªfice¡±.

El poder del Rey para elegir a un arzobispo, de tan dif¨ªcil encaje en el sistema constitucional, deriva del Acuerdo entre el Estado Espa?ol y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Cl¨¦rigos y Religiosos, uno de los cuatro acuerdos que se firmaron el 3 de enero de 1979 para sustituir al Concordato franquista de 1953. Ya en el pacto de julio de 1976, con el que se formalizaba la supresi¨®n del privilegio de presentaci¨®n de obispos (aunque manteniendo el derecho del Gobierno a expresar una opini¨®n no vinculante), se exceptuaba de esta renuncia al titular del vicariato castrense, con rango de general de divisi¨®n.

El arzobispo castrense forma parte de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), pero esta no interviene en su elecci¨®n; al menos formalmente, ya que el presidente de la CEE, Juan Jos¨¦ Omella, forma parte de la poderosa Congregaci¨®n de los Obispos, el organismo de la curia que selecciona a los candidatos a obispo antes de someterlos a la aprobaci¨®n del Papa.

Del vicariato dependen los m¨¢s de 80 capellanes castrenses del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (que, a partir de 1989, sustituy¨® a los antiguos cuerpos eclesi¨¢sticos; cuyos miembros ten¨ªan empleo militar); la catedral de las Fuerzas Armadas, en el Madrid de los Austrias; o el seminario Juan Pablo II. El arzobispo castrense es tambi¨¦n, seg¨²n algunos expertos, el capell¨¢n mayor de Palacio, por lo que la Familia Real y el personal de la Casa del Rey quedan bajo su jurisdicci¨®n.

Aunque la intervenci¨®n de Felipe VI en el nombramiento de un obispo resulte anacr¨®nica, fuentes gubernamentales aseguran que el jefe del Estado no puede renunciar a esta prerrogativa, pues supondr¨ªa incumplir un acuerdo internacional. Lo que s¨ª podr¨ªa hacer, apuntan las mismas fuentes, es elegir al primer candidato de la terna que se le someta, vaciando as¨ª de contenido su potestad. Juan Carlos I no lo hizo en 2008, ya que monse?or Del R¨ªo no era el primero de la lista, pero quienes han tratado durante estos a?os al ¨²ltimo arzobispo castrense sostienen que, salt¨¢ndose el orden de los candidatos, el Rey acert¨®.