La Audiencia de Alicante absuelve a todos los acusados de ama?ar la tramitaci¨®n del plan urban¨ªstico para beneficiar a un constructor

La Audiencia de Alicante cree que no existen pruebas que demuestren que los exalcaldes de Alicante Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, facilitaran informaci¨®n o influyeran en los t¨¦cnicos para que el empresario Enrique Ortiz, principal propietario de suelo en la ciudad, resultara beneficiado en la redacci¨®n del nuevo plan urban¨ªstico (PGOU) de Alicante. La sentencia del tribunal absuelve a todos los acusados, ocho en total, de los delitos de corrupci¨®n de autoridades o funcionarios p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, revelaci¨®n de secretos y aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada. No obstante, condena a Alperi y a Ortiz, que lleg¨® a reconocer los hechos, a multas de 6.000 y 18.000 euros por un delito de cohecho.

Lo que se dirim¨ªa como una monumental operaci¨®n de corrupci¨®n de altos cargos municipales, incluida en una trama a¨²n mayor que se extiende por toda la provincia, la operaci¨®n Brugal, ha quedado reducida a la condena por dos regalos. Uno de ellos, un viaje a Creta en avi¨®n privado que disfrut¨® Alperi y cuyo coste, de 36.000 euros, sufrag¨® un empresario que no ha sido juzgado. El otro, una chaqueta de lujo que Ortiz entreg¨® a Castedo en las navidades de 2008, un regalo que los magistrados consideran que puede constituir un delito de cohecho impropio pasivo pero que ha prescrito.

El caso PGOU naci¨®, como todo lo que se ubica bajo el paraguas del caso Brugal, en un pinchazo telef¨®nico. A partir de la investigaci¨®n de una presunta trama corrupta en torno a la recogida de basuras de Orihuela (Alicante), la polic¨ªa fue ampliando la red de tel¨¦fonos intervenidos hasta llegar al de Ortiz. Las conversaciones que el constructor manten¨ªa con los alcaldes Alperi y Castedo, con casi veinte a?os en el poder municipal entre los dos, parec¨ªan evidenciar que el empresario estaba al tanto de lo que suced¨ªa en el mapa del futuro plan urban¨ªstico de Alicante, que fue retirado en cuanto estall¨® el esc¨¢ndalo y sigue pendiente de tramitaci¨®n. ?l, presuntamente, hac¨ªa y deshac¨ªa, para embolsarse grandes beneficios econ¨®micos o hacerse con las partes m¨¢s jugosas del pastel urban¨ªstico.

La elocuencia de los pinchazos lleg¨® a dirigir los pasos de Ortiz hacia la Fiscal¨ªa, donde en abril de 2020 firm¨® un acuerdo por el que reconoc¨ªa todos los hechos a cambio de una rebaja en la condena, de los ocho a?os que solicitaba el fiscal a solo dos y una multa cercana a los 900.000 euros. El magnate alicantino enfangaba as¨ª a Alperi y Castedo en el ama?o del PGOU, a cambio de dinero en met¨¢lico, vacaciones pagadas y un coche de marca Mini Cooper. No era el ¨²nico. Otro empresario del ladrillo, el ilicitano Ram¨®n Salvador, hab¨ªa firmado un pacto similar dos meses antes, en febrero de 2020, a cambio de tres meses de c¨¢rcel y una sanci¨®n de 14.500 euros.

Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal en la primera sesi¨®n del proceso, Ortiz se desdijo de su confesi¨®n. El motivo radicaba en que poco antes, en otra de las piezas de Brugal, la de las basuras de Orihuela, la audiencia provincial hab¨ªa anulado todas las escuchas. 34 acusados, incluidos dos alcaldes populares del municipio del sur de la provincia, quedaban absueltos de todo cargo. Ortiz y sus abogados sab¨ªan que sin las intervenciones telef¨®nicas de su caso, que brotaban de las ya desechadas por el otro tribunal, cualquier argumentaci¨®n por parte de las acusaciones quedaba pr¨¢cticamente vac¨ªa de contenido. Salvador, sin embargo, decidi¨® seguir adelante con su acuerdo.

Casi un a?o despu¨¦s del juicio, los pinchazos han resultado ser inocuos. Las magistradas han validado la mayor¨ªa de estas transcripciones. Solo han anulado las de la mujer de Ortiz y algunos registros ordenados en otra de las ramas de Brugal. Sin embargo, consideran que no hay pruebas fehacientes de que el constructor influyera en los primeros ediles alicantinos, principales responsables del PGOU, para que le correspondieran con informaci¨®n privilegiada o ganancias en el reparto de suelo. Tan solo admite la sentencia que entre los tres exist¨ªa una profunda relaci¨®n de amistad, prolongada en el tiempo, con ¡°permanentes comunicaciones telef¨®nicas de contenido privado¡±, con el ¡°conocimiento rec¨ªproco de sus respectivas familias¡± y con ¡°reuniones que manten¨ªan en los domicilios particulares de los otros y los viajes de ocio que compart¨ªan¡±. Una amistad que los acusados procuraban que ¡°no trascendiera al exterior, encubri¨¦ndola en tales ocasiones como relaci¨®n institucional¡±.

M¨¢s all¨¢ de la chaqueta de marca y el viaje a Creta, no constan documentos que evidencien el trato de favor que pod¨ªa haber deparado esta ¨ªntima conexi¨®n. Por ello, las magistradas han emitido un veredicto de absoluci¨®n, contra el que cabe recurso de casaci¨®n, a favor de Alperi, Castedo y Ortiz por los delitos de corrupci¨®n de autoridades o funcionarios p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, revelaci¨®n de secretos y aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada. Tambi¨¦n quedan libres de cualquier cargo Virgilio Ortiz y Santiago Bern¨¢ldez, hermano y empleado del constructor, respectivamente, as¨ª como el empresario Pablo Rico y los abogados Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa.