Orden de expulsi¨®n al intentar escolarizar a los ni?os

Solicitar la escolarizaci¨®n de los hijos o acudir a la comisar¨ªa para tramitar el DNI de un menor puede costar a unos padres extranjeros la expulsi¨®n del territorio espa?ol. Ha ocurrido en Melilla, donde al menos dos familias se enfrentan a ser deportadas a Marruecos tras un largo trance burocr¨¢tico para conseguir matricular a los ni?os en el colegio. Tambi¨¦n ha pasado en Valencia, donde la asociaci¨®n Valencia Acoge ha denunciado la incoaci¨®n de expedientes sancionadores a varias madres extranjeras de ni?os espa?oles cuando estas hab¨ªan acudido a la comisar¨ªa para tramitar el DNI de sus hijos.

Seg¨²n el Defensor del Pueblo, ¡°esta pr¨¢ctica tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jur¨ªdica y vulnera el Estatuto de la v¨ªctima¡±. Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n considera ¡°injustas y perjudiciales¡± estas formas de proceder en los casos registrados en Melilla y ha solicitado a las autoridades la revisi¨®n de las actuaciones iniciadas de oficio desde la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa y Fronteras y que podr¨ªan tener un efecto disuasorio para otras familias en situaci¨®n similar.

Ceuta y Melilla son los ¨²nicos territorios de Espa?a donde solo se pueden empadronar las personas que demuestran tener la residencia legal. Eso hace que, en la pr¨¢ctica, las dificultades de acceso al padr¨®n complican much¨ªsimo otros tr¨¢mites como el de escolarizar a los ni?os. Para lograrlo, las familias tienen que presentar otros documentos que acrediten la residencia efectiva.

¡°Hay familias que han sido citadas tras la visita (de agentes y trabajadores sociales) para la verificaci¨®n de la residencia efectiva¡±, esgrime Jos¨¦ Luis Candela, abogado especializado en Extranjer¨ªa. ¡°Llevan a?os luchando por la escolarizaci¨®n de sus hijos; una vez que certifican (la residencia), paralelamente les citan a comisar¨ªa, acuden de buena voluntad y se encuentran con una incoaci¨®n de un expediente de expulsi¨®n. Es una absoluta venganza, est¨¢n amedrentando a las personas m¨¢s vulnerables¡±.

Seg¨²n ha denunciado Jos¨¦ Palaz¨®n, fundador de la Asociaci¨®n Pro Derechos de la Infancia (Prodein) en Melilla, se trata de personas que llevan m¨¢s de una d¨¦cada viviendo en la ciudad y cuyos hijos han nacido en Melilla. Palaz¨®n lleva a?os denunciando la indefensi¨®n generada desde la Administraci¨®n y la vulneraci¨®n de derechos fundamentales de menores en el caso de ni?os y ni?as nacidos en Melilla a quienes se les impide matricularse en el colegio, algo sobre lo que el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de la ONU ha llamado la atenci¨®n a Espa?a.

El asunto es complejo. Melilla constituye un pozo burocr¨¢tico en el que se ha tejido un entramado de excepcionalidades administrativas que derivan en la vulneraci¨®n de derechos, como denuncian m¨²ltiples organizaciones. En muchos casos, mujeres y hombres nacidos en la ciudad, pero que nunca regularizaron su situaci¨®n, encuentran ahora trabas para tramitar la documentaci¨®n de sus hijos, que son considerados nacionales marroqu¨ªes.

En el caso de la escolarizaci¨®n y pese a las denuncias reiteradas, la Administraci¨®n ha sido caprichosa y los criterios se han ido actualizando desde 2018. Entonces, el Ministerio de Educaci¨®n emiti¨® una orden para escolarizar a 124 ni?os sin certificado de empadronamiento, pero que s¨ª pudieran acreditar su residencia en Melilla por otros medios, como una tarjeta sanitaria o facturas de la luz o el agua. En 2019, sin embargo, volvi¨® a cambiar: se rechaz¨® de nuevo la tarjeta sanitaria, que tambi¨¦n pueden tener los trabajadores transfronterizos no residentes en la ciudad, y solo se admitieron como documentos v¨¢lidos aquellos emitidos por la Administraci¨®n, seg¨²n Juan ?ngel Berbel, director provincial de Educaci¨®n, como un informe de arraigo de los Servicios Sociales o un contrato p¨²blico de alquiler.

En junio, junto a la protesta de la Plataforma por la Infancia, el activista denunciaba la inacci¨®n de la Administraci¨®n para comprobar la residencia efectiva de los menores que hab¨ªan solicitado plaza escolar. Ahora, los casos han dado una vuelta de tuerca, con la incoaci¨®n de expedientes de expulsi¨®n de progenitores despu¨¦s de haberse realizado tal comprobaci¨®n. ¡°Es una represalia por el ejercicio de un derecho fundamental¡±, aporta Francisco Solans, portavoz de la AAE. ¡°Estamos hablando de un derecho fundamental de unos ni?os¡±.

La ejecuci¨®n de una orden de expulsi¨®n no solo conlleva la expulsi¨®n de un extranjero de territorio espa?ol y su deportaci¨®n, en este caso, a Marruecos. Tambi¨¦n se proh¨ªbe su entrada por un periodo que no exceda cinco a?os, algo que, en el caso de familias residentes en Melilla con v¨ªnculos en las villas fronterizas cercanas a la ciudad resulta traum¨¢tico. En pedan¨ªas como Barrio Chino, Farhana o Mariguari las casas est¨¢n, literalmente, pegadas a la valla y los vecinos pueden atravesar diariamente los pasos fronterizos para hacer compras o trabajar en barrios melillenses m¨¢s cercanos que la ciudad de Nador, a unos 16 kil¨®metros de Melilla.

¡°Hay ejemplos cotidianos de personas en situaci¨®n irregular que acuden a la comisar¨ªa a denunciar que han sido v¨ªctimas de delito y se les incoa expediente de expulsi¨®n¡±, ilustra Candela. Ya en 2004, el Defensor del Pueblo dirigi¨® una recomendaci¨®n para proteger el denominado safe reporting, esto es, que haber sido testigo o v¨ªctima de un delito pueda ser denunciado con seguridad, independientemente de la situaci¨®n administrativa del denunciante. Sin embargo, esta recomendaci¨®n fue parcialmente aceptada en 2009 tan solo para las denuncias formuladas por mujeres extranjeras v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero.