La coalici¨®n choca por los efectos de la enmienda sobre la Ley de Amnist¨ªa

Choque de interpretaciones dentro del Gobierno sobre la enmienda que han firmado PSOE y Unidas Podemos a la ley de Memoria Democr¨¢tica para ajustar la repercusi¨®n de la Ley de Amnist¨ªa de 1977. Mientras Unidas Podemos insiste en que se abre una v¨ªa para juzgar los cr¨ªmenes del franquismo, el sector socialista, a trav¨¦s del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr¨¢tica, F¨¦lix Bola?os, asegura que no supondr¨¢ ning¨²n cambio efectivo.

La Ley de Amnist¨ªa de 1977 ha frenado hasta ahora los intentos de juzgar los cr¨ªmenes del franquismo a trav¨¦s de su art¨ªculo 2.f, que amnistiaba ¡°los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden p¨²blico contra el ejercicio de los derechos de las personas¡±. Bola?os record¨® este jueves que va a seguir en vigor, y que la enmienda no cambiar¨¢ el r¨¦gimen penal actual.

La enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos a su propia ley de memoria se?ala que ¡°todas las leyes del Estado espa?ol, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist¨ªa, se interpretar¨¢n y aplicar¨¢n de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, seg¨²n el cual los cr¨ªmenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideraci¨®n de imprescriptibles y no amnistiables¡±. El ¨²nico prop¨®sito de este texto, seg¨²n Bola?os, es reafirmar esa ley adecu¨¢ndola a los tratados internacionales, pero partiendo del principio b¨¢sico de que las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva.

Enrique Santiago, secretario general del PCE y negociador de esta enmienda por Unidas Podemos, asegura, sin embargo, que s¨ª tendr¨¢ consecuencias jur¨ªdicas y podr¨¢ orientar una interpretaci¨®n del Tribunal Constitucional diferente de la que ha habido hasta ahora y acorde con los principios de la legalidad internacional suscritos por Espa?a. No obstante, admite que tendr¨¢ pocos efectos pr¨¢cticos porque la mayor¨ªa de los criminales franquistas han muerto.

Esta discusi¨®n solo se resolver¨¢ probablemente cuando el asunto llegue de nuevo al Constitucional, que a partir de junio de 2022 deber¨ªa pasar a tener una mayor¨ªa progresista, y se resuelva la cuesti¨®n ya con la nueva Ley de Memoria Democr¨¢tica en vigor.

El choque dentro del Gobierno es evidente en una ley muy relevante. La enmienda ha sido pactada, y saldr¨¢ adelante, pero cada uno de los socios la interpreta de manera casi opuesta. Mientras Unidas Podemos considera que hay un cambio trascendental, el PSOE la ve casi irrelevante, como una mera concesi¨®n ¡°para hacer m¨¢s confortable¡± su aprobaci¨®n con el resto de sus socios parlamentarios en la negociaci¨®n pero sin efecto alguno. Algunos de esos aliados, como ERC, ya han calificado esas propuestas como ¡°humo¡± y han avisado de que o se toman en serio sus demandas (declarar ilegal el r¨¦gimen franquista y arbitrar f¨®rmulas para reparaciones econ¨®micas a las v¨ªctimas) o no la apoyar¨¢n. El Ejecutivo entiende que hay margen para negociar esos aspectos y espera que la norma prospere al final aunque sea solo con m¨¢s votos afirmativos que negativos, al no ser una ley org¨¢nica.

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Las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo se ven claramente en las declaraciones de ambos sectores y en la estrategia de explicaci¨®n de la enmienda negociada. En el PSOE se quejan de que Enrique Santiago, que es secretario de Estado de la Agenda 2030, secretario general del PCE y diputado de Unida Podemos, present¨® el mi¨¦rcoles el acuerdo sobre las 30 enmiendas a la ley de Memoria ¡°por su cuenta, sin advertir ni contar en esa rueda de prensa en el Congreso con ning¨²n interlocutor o negociador socialista y sin consensuar los argumentos¡±. Y las mismas fuentes socialistas lamentan que no es la primera vez que lo hace. No es una protesta solo por cuestiones formales. En el PSOE constatan que Santiago aparece como un miembro del Gobierno en su conjunto que ofrece exposiciones solo de una parte. Las explicaciones de lo negociado pueden aparecer as¨ª hasta contradictorias.

¡°Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los cr¨ªmenes franquistas. Ning¨²n juez podr¨¢ ampararse en la Ley de Amnist¨ªa para no investigar cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±, dijo la l¨ªder de Podemos, Ione Belarra.

¡°Ning¨²n cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002¡å, se?al¨® en Onda Cero F¨¦lix Bola?os. Para el ministro de Presidencia, que es jurista, las dificultades que existen ahora para juzgar los cr¨ªmenes del franquismo ser¨¢n las mismas despu¨¦s de que se apruebe la ley de memoria. Estos escollos tienen que ver con la irretroactividad de la legislaci¨®n penal (la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgaci¨®n de la misma) y con lo marcado en ese sentido en el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n.

Bola?os indic¨® que al no tratarse la ley de memoria de una ley org¨¢nica no va a afectar a la legislaci¨®n penal; e insisti¨® en que esa legislaci¨®n penal no permite la retroactividad. ¡°No podemos establecer una norma en el a?o 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el a?o 70 o 72¡å, remat¨®.

Por el contrario, Santiago, experto en justicia internacional, recuerda que este problema que plantean ahora muchos juristas, esto es, la imposibilidad de la irretroactividad, habr¨ªa impedido todos los juicios por lesa humanidad en todo el planeta, incluidos los de Nuremberg contra la c¨²pula nazi. Precisamente para evitar esa idea, que est¨¢ en casi todos los c¨®digos penales occidentales, se han establecido excepciones en la justicia internacional que fuerzan que determinado tipo de cr¨ªmenes de genocidio o lesa humanidad tengan un tratamiento especial que los hace imprescriptibles e inamnistiables y que permite juzgarlos aunque en el momento en que se cometieron no fueran delito seg¨²n las leyes vigentes en ese pa¨ªs, como suced¨ªa en casi todas las dictaduras.

Espa?a ratific¨® el 30 de abril de 1977 ¡ªest¨¢ en el BOE¡ª el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos, auspiciado por la ONU, que dice en su art¨ªculo 15: ¡°Nadie ser¨¢ condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg¨²n el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondr¨¢ pena m¨¢s grave que la aplicable en el momento de la comisi¨®n del delito. Si con posterioridad a la comisi¨®n del delito la ley dispone la imposici¨®n de una pena m¨¢s leve, el delincuente se beneficiar¨¢ de ello¡±, esto es, lo que se?ala Bola?os y plantea tanto el C¨®digo Penal como la Constituci¨®n espa?ola.

Pero enseguida el texto a?ade un punto 2 en ese art¨ªculo: ¡°Nada de lo dispuesto en este art¨ªculo se opondr¨¢ al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos seg¨²n los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional¡±. Esta es la f¨®rmula para permitir juzgar los delitos de lesa humanidad independientemente de qu¨¦ leyes hubiera en ese momento en el pa¨ªs en el que se cometieron.