Un a?o de asignaturas pendientes

El Gobierno deber¨¢ culminar a comienzos de 2022 algunas de las principales leyes de esta legislatura, como la convalidaci¨®n en el Congreso de la reforma laboral o la modificaci¨®n de la ley mordaza aprobada por el PP en 2015, pero tambi¨¦n afrontar nuevos retos. Cuestiones como la financiaci¨®n auton¨®mica o la mesa del di¨¢logo con Catalu?a ocupar¨¢n parte de la agenda del nuevo a?o.

Reforma laboral. El Gobierno tiene hasta el 31 de enero para convalidar en el Congreso el decreto-ley aprobado el martes. El acuerdo hist¨®rico de una de las normas clave de la coalici¨®n en esta legislatura, que logr¨® el aval de patronal y sindicatos, deber¨¢ ahora ser ratificado por sus socios parlamentarios. Los nacionalistas de ERC, PNV y EH Bildu ya han anunciado su negativa a apoyar el texto tal y como est¨¢, con lo que el Gobierno se arriesga a perder una votaci¨®n que devolver¨ªa a Espa?a a la legislaci¨®n del PP. El Ejecutivo, adem¨¢s, quiere evitar que la reforma se tramite como proyecto de ley, lo que abrir¨ªa el texto a enmiendas de los grupos pol¨ªticos que, de ser incorporadas, podr¨ªan sacar del acuerdo a la patronal.

Leyes de la coalici¨®n. A comienzos de noviembre, y tras meses paralizada la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos pactaron una serie de enmiendas para proteger los derechos de los manifestantes y eliminar los aspectos m¨¢s extremos de ella. Aunque la mayor¨ªa de la C¨¢mara apoya la reforma de la conocida como ley mordaza, el Gobierno suma al no de los partidos de la derecha, la oposici¨®n de los sindicatos policiales, movilizados en la calle contra la reforma de la norma. La C¨¢mara tambi¨¦n tramita la ley de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n, una propuesta de Unidas Podemos que plantea derogar, entre otros, los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y el de enaltecimiento del terrorismo. El plazo de enmiendas est¨¢ prorrogado hasta febrero.

Aunque la ley de Vivienda compete al Ministerio de Transportes, que gestiona el PSOE, la norma para regular el precio de los alquileres ha sido uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos desde el arranque de la legislatura. Rebajada respecto a las pretensiones iniciales de UP, la ley se pact¨® a la vez que el borrador de Presupuestos, pero el texto est¨¢ a¨²n pendiente de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que no llegar¨¢ hasta enero.

Pendiente tambi¨¦n del segundo paso por el Consejo de Ministros se encuentra la conocida como ley trans, que fue aprobada en primera vuelta a finales de junio. El ministerio que encabeza Irene Montero tiene previsto avanzar en el primer trimestre con otras tres leyes: la de garant¨ªa de la libertad sexual (que acaba de terminar el per¨ªodo de enmiendas en el Congreso), y otras dos, sobre las que a¨²n no hay texto. Una avanzar¨¢ en la regulaci¨®n del derecho al aborto y otra prev¨¦ medidas para combatir la trata con fines de explotaci¨®n sexual. Otra de las prioridades de Podemos para 2022 pasa por la ley de diversidad familiar, que negocia el Ministerio de Derechos Sociales. El borrador incluye una prestaci¨®n universal por crianza para familias con hijos de 0 a 3 a?os, aunque por ahora cuenta con la oposici¨®n de Hacienda.

Este departamento tiene previsto abordar este a?o otra de las grandes reformas del ciclo, la fiscal. La ministra Mar¨ªa Jes¨²s Montero quiere comenzar su discusi¨®n una vez se pronuncie la comisi¨®n de expertos, cuyos trabajos terminan a finales de febrero. Tras haber fijado un m¨ªnimo del 15% para sociedades, la reforma busca modificar tambi¨¦n los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y abordar la fiscalidad medioambiental.

Financiaci¨®n auton¨®mica. La reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica est¨¢ pendiente desde 2014 y ser¨¢ uno de los debates centrales de 2022. Hacienda, que envi¨® a principios de mes una propuesta a las comunidades, aboga por abordar primero la discusi¨®n sobre el sistema de reparto.

Medidas emblem¨¢ticas a la espera de los tribunales. La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene sobre la mesa los siete recursos presentados contra los indultos concedidos a los l¨ªderes del proc¨¦s condenados por sedici¨®n. Los magistrados prev¨¦n abordar en la pr¨®xima semana una cuesti¨®n preliminar, pero esencial: si PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos que recurrieron, est¨¢n legitimados para impugnar las medidas de gracia. Por su parte, el Constitucional tiene previsto pronunciarse en los pr¨®ximos meses sobre la nueva ley de Educaci¨®n, conocida como ley Cela¨¢, y la ley de eutanasia, ambas recurridas por el PP y Vox. En la primera, los partidos de derecha intentan que se declare inconstitucional, entre otros aspectos, la posibilidad de negar subvenciones a los centros que segreguen por sexos. En la ley que regula el derecho a morir, las dos formaciones reclaman la nulidad de la norma por considerar que vulnera el derecho a la vida.

Relaci¨®n con la Generalitat. El presidente del Gobierno garantiz¨® este mi¨¦rcoles durante su intervenci¨®n que habr¨¢ una nueva reuni¨®n de la mesa de di¨¢logo con la Generalitat, pero abog¨® por esperar ¡°unas semanas¡± para seguir combatiendo la sexta ola de la pandemia y consolidar la recuperaci¨®n econ¨®mica. El president Pere Aragon¨¨s advirti¨® el domingo en su mensaje de Fin de A?o de que buscar¨¢ ¡°alternativas¡± si el di¨¢logo con el Estado encalla y no empieza a dar ¡°resultados tangibles¡± en 2022. La sentencia confirmada recientemente por el Supremo que insta a la Generalitat a impartir en castellano un m¨ªnimo del 25% de las clases amenaza con complicar la relaci¨®n entre ambos gobiernos. El Ministerio de Educaci¨®n tiene que decidir si pide que se ejecute el fallo, a lo que se opone el Govern, que alega que la sentencia se basaba en parte en una disposici¨®n de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que establec¨ªa que el castellano es ¡°lengua vehicular de la ense?anza en todo el Estado¡±, y que esa referencia fue derogada en la nueva ley.

Regreso del rey em¨¦rito. La Fiscal¨ªa tiene previsto archivar pronto las causas abiertas a Juan Carlos I y entonces se plantear¨¢ la posibilidad de su regreso a Espa?a, sin que se haya avanzado apenas en una reforma de las normas que regulan la transparencia y el control de la Casa del Rey.

Con informaci¨®n de Pilar ?lvarez.