El aviso que salv¨® del banquillo a Juan Carlos de Borb¨®n

El 6 de diciembre de 2020, EL PA?S adelantaba que el rey em¨¦rito, Juan Carlos I [expatriado en Abu Dabi desde agosto de ese a?o], hab¨ªa iniciado ¡°el tr¨¢mite para presentar una declaraci¨®n ante la Agencia Tributaria para regularizar su situaci¨®n fiscal¡±. Tres d¨ªas despu¨¦s, el 9 de diciembre, su abogado, Javier S¨¢nchez-Junco, anunciaba que ese mismo d¨ªa, por indicaci¨®n de su cliente, hab¨ªa procedido ¡°a presentar, ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaraci¨®n sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros¡±. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, es festivo en Espa?a, por lo que S¨¢nchez-Junco no esper¨® tres d¨ªas para presentar la declaraci¨®n complementaria, sino que lo hizo en la primera jornada laborable que pudo. El mi¨¦rcoles, la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo confirm¨® que no se va a querellar contra quien fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014; y el fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, firm¨® ya el decreto de archivo de las tres diligencias que manten¨ªa abiertas el ministerio p¨²blico.

Las prisas del letrado se entienden por temor a que, una vez se supo que ultimaba la presentaci¨®n de una declaraci¨®n complementaria, la Agencia Tributaria o la Fiscal¨ªa frustrasen la operaci¨®n notificando al rey em¨¦rito la apertura de una inspecci¨®n fiscal o de una investigaci¨®n. Una simple comunicaci¨®n por cualquiera de los dos organismos habr¨ªa desbaratado el objetivo de la regularizaci¨®n: desactivar la apertura de una causa penal contra Juan Carlos de Borb¨®n por fraude fiscal.

Los 678.393,72 euros abonados a Hacienda por el impuesto de donaciones correspond¨ªan al uso de tarjetas opacas con fondos del magnate mexicano y amigo del rey em¨¦rito Allen Sangin¨¦s-Krause, con los que el anterior jefe del Estado pag¨® restaurantes, viajes y regalos. Los desembolsos se produjeron en el periodo 2016-2018, cuando ya no gozaba de la inviolabilidad constitucional que le blind¨® hasta su abdicaci¨®n en 2014, y la cuota tributaria superaba el umbral de los 120.000 euros por ejercicio, l¨ªmite a partir del cual se comete delito fiscal.

El art¨ªculo 305.4 del C¨®digo Penal exonera de dicho delito a aquel contribuyente que proceda ¡°al completo reconocimiento y pago de su deuda tributaria, antes de que por la Administraci¨®n Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobaci¨®n o investigaci¨®n tendentes a la determinaci¨®n de las deudas tributarias objeto de la regularizaci¨®n o [¡­] antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucci¨®n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci¨®n de diligencias¡±. Es decir, la regularizaci¨®n solo sirve si es espont¨¢nea y no inducida por el conocimiento de haber sido descubierto en fraude fiscal.

En el decreto de archivo de la investigaci¨®n, notificado el mi¨¦rcoles, la Fiscal¨ªa se?ala que, ni cuando se abri¨® la causa, ni en las diferentes notificaciones a la defensa del rey em¨¦rito ¡°se hac¨ªa referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias efectuadas los d¨ªas 2 y 3 de febrero de 2021 por S. M. D. Juan Carlos de Borb¨®n¡±, por lo que considera v¨¢lida, a efectos penales, la regularizaci¨®n.

Pero el rey em¨¦rito ya ten¨ªa conocimiento formal de que el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos (fallecido en 2021), le estaba investigando. A mediados de noviembre de 2020, Campos remiti¨® un escrito al abogado de Juan Carlos de Borb¨®n en el que le notificaba la apertura de diligencias informativas sobre hechos que pudieran tener ¡°implicaciones penales¡± para su cliente. El fiscal facilitaba en su comunicaci¨®n el n¨²mero de las diligencias e invitaba a S¨¢nchez-Junco a personarse en el procedimiento, para defender los intereses del anterior jefe del Estado.

El letrado (que antes de ejercer la abogac¨ªa hab¨ªa sido subordinado del propio Campos como fiscal Anticorrupci¨®n) conoc¨ªa muy bien la Fiscal¨ªa y firm¨® el acuse de recibo, pero no se person¨® en las diligencias: hacerlo hubiera supuesto tomar conocimiento formal de su contenido y frustrar una posible regularizaci¨®n. Como el escrito de Campos no daba ninguna pista sobre los delitos por los que se investigaba al rey em¨¦rito, su abogado pod¨ªa alegar que los ignoraba.

En realidad, eran de conocimiento p¨²blico. El 3 de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, inform¨® de que daba traslado a la Fiscal¨ªa del Supremo de la investigaci¨®n sobre los pagos con tarjetas opacas que estaban realizando los fiscales Anticorrupci¨®n, quienes ya hab¨ªan tomado declaraci¨®n al coronel del Ej¨¦rcito del Aire Nicol¨¢s Murga, exayudante del rey em¨¦rito y su presunto testaferro, y al propio Sangin¨¦s-Krause. El letrado de Juan Carlos I empez¨® a preparar entonces la regularizaci¨®n, una circunstancia que conoc¨ªan altos cargos del Gobierno, pero la noticia de EL PA?S precipit¨® su formalizaci¨®n.

La notificaci¨®n de noviembre de 2020 no fue la primera ni la ¨²ltima que el fiscal Campos hizo al letrado del rey em¨¦rito. En junio de ese mismo a?o, antes de que el padre del Rey se marchara de Espa?a, su letrado ya fue informado de la apertura de diligencias por parte de la Fiscal¨ªa. Aunque tampoco en este caso se le indicaba el motivo de la investigaci¨®n, esta se refer¨ªa al origen de los 100 millones de d¨®lares que Juan Carlos de Borb¨®n recibi¨® en 2008 del rey de Arabia Saud¨ª y la sospecha de que se tratara de una comisi¨®n por la adjudicaci¨®n del AVE a La Meca. El asunto estaba siendo investigado por la Fiscal¨ªa suiza, pero el abogado del padre del Rey confiaba en que se archivara, como finalmente ocurri¨®, pues en esa ¨¦poca su cliente gozaba a¨²n de inmunidad en su condici¨®n de jefe de Estado. Tampoco esta vez acept¨® S¨¢nchez-Junco la invitaci¨®n a personarse en las diligencias.

La tercera notificaci¨®n lleg¨® en diciembre de 2020. En esta ocasi¨®n, por vez primera, el fiscal Campos s¨ª inform¨® al letrado del objeto de las diligencias: se investigaba un trust en la isla de Jersey (un para¨ªso fiscal en el canal de La Mancha) del que el padre del Rey ser¨ªa beneficiario. En el origen del fondo estaba Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, supuesto administrador privado de Juan Carlos de Borb¨®n, y que falleci¨® en 2009, pero en los ¨²ltimos 18 a?os no se hab¨ªa hallado ning¨²n v¨ªnculo del rey em¨¦rito con ese dinero, lo que facilitar¨ªa su archivo.

Segunda regularizaci¨®n: 4,4 millones

La segunda regularizaci¨®n fiscal de Juan Carlos I lleg¨® en febrero de 2021 y esta vez no tuvo relaci¨®n con ninguna de las notificaciones de la Fiscal¨ªa. S¨¢nchez-Junco present¨® una declaraci¨®n complementaria por importe de 4.395.901,96 euros, ¡°incluyendo intereses de demora y recargos¡±, por las ¡°rentas derivadas por la asunci¨®n, por la fundaci¨®n Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. [Su Majestad] de los que podr¨ªan derivarse determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas¡±.

El letrado se refer¨ªa a los vuelos con jets privados que, hasta 2018, fueron pagados al anterior jefe del Estado por la fundaci¨®n de su primo lejano ?lvaro de Orleans. El rey em¨¦rito se adelantaba a una posible reclamaci¨®n de la Agencia Tributaria y asum¨ªa que estos vuelos pod¨ªan constituir una renta en especie, por lo que se apresuraba a regularizarla. Aunque la Fiscal¨ªa espa?ola no hab¨ªa abierto una investigaci¨®n sobre estos pagos, s¨ª lo hab¨ªa hecho la suiza, por lo que solo era cuesti¨®n de tiempo que se investigara tambi¨¦n en Espa?a. El letrado del rey em¨¦rito no detall¨® el importe no declarado al fisco por estos vuelos, pero es probable que superase los ocho millones.

Para recaudar los 4,4 millones pagados a Hacienda se organiz¨® una colecta entre empresarios pr¨®ximos al rey em¨¦rito, que se instrumentaliz¨® a trav¨¦s de contratos de pr¨¦stamos privados, aunque qued¨® la sospecha de que se trataba en realidad de donaciones encubiertas. Esta segunda regularizaci¨®n ten¨ªa adem¨¢s el objetivo de cerrar el paso a la posibilidad de que la primera declaraci¨®n se considerase incompleta y, por tanto, inv¨¢lida para evitar un eventual enjuiciamiento del rey em¨¦rito por delito fiscal. As¨ª se aseguraba de que no quedaba ning¨²n cabo suelto.