Primer paso en firme para erradicar en Huelva las chabolas en las que malviven los temporeros
El Gobierno, la Junta y los ayuntamientos de Lepe y Moguer se unen para construir albergues y viviendas alternativas para jornaleros inmigrantes
Toure Chekime lleva 12 a?os viviendo en una chabola de uno de los asentamientos de Moguer (22.061 habitantes, Huelva), el tiempo que ha pasado desde que se traslad¨® de Barcelona a Huelva, tras llegar a Espa?a en patera desde Mal¨ª. Desde que en 2018 consigui¨® regularizar su situaci¨®n, puede encadenar las campa?as de la fresa en los invernaderos onubenses con la recogida de fruta y cebolla en Lleida, donde se encuentra trabajando estos d¨ªas. Ahora que tiene sus papeles en regla, quiere traer a su mujer y sus hijos de su pa¨ªs y para ello necesita alquilar un piso, una tarea que en esta provincia andaluza es una misi¨®n pr¨¢cticamente imposible. A la falta de albergues para jornaleros y de vivienda en general se suma la reticencia de los propietarios a arrendar a temporeros. Esta circunstancia explica, en buena medida, que los poblados chabolistas que empezaron a levantarse a comienzos de siglo se hayan convertido en barrios aleda?os de los municipios de Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.
La suerte de Chekime, de 40 a?os, podr¨ªa cambiar a medio plazo. El Gobierno de Espa?a, la Junta de Andaluc¨ªa y los ayuntamientos de Lepe y Moguer firmaron hace una semana un protocolo de colaboraci¨®n para fomentar en los pr¨®ximos dos a?os la construcci¨®n y la adecuaci¨®n de espacios para promover albergues y viviendas para los trabajadores temporeros. Una iniciativa para la que se han presupuestado cinco millones de euros. Se trata de la primera colaboraci¨®n de calado entre las tres administraciones para erradicar los asentamientos chabolistas de la provincia, despu¨¦s de d¨¦cadas en las que esta situaci¨®n de hacinamiento de migrantes en infraviviendas se ha enquistado en buena medida porque las instituciones nacional, regional y locales miraban para otro lado, alegando que ellas no eran las competentes.
¡°Nadie quiere vivir en una chabola. Pero yo prefiero esa opci¨®n a dormir en las casas que ofrecen los empresarios, que son de tres habitaciones y en cada una duermen seis y ocho personas¡±, se?ala Chekime al otro lado de la l¨ªnea telef¨®nica, ilustrando otra de las causas que han fomentado la perpetuaci¨®n de los asentamientos en los municipios donde la econom¨ªa principal son los frutos rojos. No todos los empresarios ofrecen viviendas a sus empleados, y, en muchos casos, estas est¨¢n muy lejos de los n¨²cleos urbanos y no se encuentran en las mejores condiciones. Si adem¨¢s, como Chekime hasta hace cuatro a?os, no se tienen papeles, acceder a esas casas es imposible.
No hay cifras oficiales del n¨²mero de personas que pueden vivir en los 40 poblados chabolistas de la provincia de Huelva, seg¨²n los datos trasladados por la ONG onubense Asociaci¨®n Multicultural de Mazag¨®n y Almer¨ªa Acoge a la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo, pero desde Huelva Acoge, Emma Gonz¨¢lez calcula que durante la temporada alta de la fresa pueden vivir entre 4.500 y 5.000 personas. ¡°La poblaci¨®n es vol¨¢til, porque algunos se van trasladando de un campamento a otro. A eso hay que sumar a los que viven de manera permanente¡±, que ella cifra en unos 1.500.
Las organizaciones que trabajan con los habitantes de los asentamientos valoran el protocolo firmado. ¡°Todos los recursos habitacionales que se creen son un avance. Los poblados chabolistas son un problema global que necesita actuaciones globales¡±, indica Francisco Villa, responsable de la ONG Accem en Huelva, quien llama la atenci¨®n sobre la importancia de que la medida se ampl¨ªe al resto de municipios con poblados chabolistas.
¡°Es un paso importante, porque hasta ahora nos sent¨ªamos un poco en soledad¡±, explica el popular Juan Manuel Gonz¨¢lez Camacho, alcalde de Lepe (28.293 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa en Huelva. Su corporaci¨®n aprob¨® por unanimidad en 2021 un plan de 600.000 euros para levantar un complejo para el alojamiento temporal de los temporeros que viven en sus asentamientos. Este es el proyecto que se ha presentado para el protocolo firmado la semana pasada. ¡°En Lepe tenemos 5.300 inmigrantes, pero solo 1.000 viven en poblados, y ese es nuestro problema concreto¡±, se?ala el regidor. Su Ayuntamiento es uno de los que m¨¢s se ha involucrado en erradicar el chabolismo, aunque no siempre con ¨¦xito. Su decisi¨®n de no permitir reconstruir las infraviviendas quemadas o la rehabilitaci¨®n de un albergue municipal ¡ªque el Consistorio empez¨® a construir para los temporeros, pero que abandon¨® en 2011 y que ha sido ocupado por jornaleros¨D, ha obligado a muchos trabajadores a dormir en la calle en esta campa?a ante la falta de espacios donde alojarse.
Trabas para alquilar
Adem¨¢s de la construcci¨®n de albergues, que es la iniciativa que van a desarrollar los ayuntamientos de Lepe y Mazag¨®n en los pr¨®ximos meses, el protocolo contempla la promoci¨®n de actuaciones que faciliten la integraci¨®n residencial y sociolaboral de quienes viven en los asentamientos, centrando los esfuerzos en programas de acceso a la vivienda en los n¨²cleos urbanos, para garantizar un modelo de residencia permanente.
Ese alquiler estable es lo que busca Chekime que, hasta ahora, adem¨¢s de la falta de oferta, se encuentra tambi¨¦n con los requisitos que le exigen los propietarios. ¡°Quienes viven en los asentamientos tienen muchos problemas para encontrar un alquiler¡±, corrobora Villa, de Accem, que apunta a la saturaci¨®n del mercado de la vivienda. ¡°Te piden como m¨ªnimo contratos consecutivos de seis meses de duraci¨®n y ahora mismo en Huelva contratos tan largos es algo casi imposible¡±, indica Chekime, aludiendo a la temporalidad de las campa?as, tanto las agrarias, como las tur¨ªsticas.
Su antiguo vecino de chabola, Adama Sidibe, tuvo suerte. Despu¨¦s de vivir 14 a?os ¡ªentre 2006 y 2019¨D en uno de los asentamientos de Moguer, cuando regulariz¨® su situaci¨®n se puso a buscar un piso para traer a su mujer y a su hijo de Mal¨ª. ¡°En cuanto te escuchan la voz de extranjero, muchos empiezan a poner excusas. Hay racismo a la hora de alquilar¡±, sostiene. Sin embargo, Sidibe, de 42 a?os, dio con una mujer, hija de emigrantes durante la posguerra espa?ola, que no dud¨® en alquilarle: ¡°Pago 500 euros m¨¢s la luz y el agua y llevamos casi tres a?os aqu¨ª encantados¡±. Sidibe es consciente de su suerte y por eso saluda el acuerdo: ¡°Es una buena noticia, los trabajadores tienen derecho a vivir tranquilos. A nadie le gusta vivir en una chabola, pero es que en muchas ocasiones no hay otra opci¨®n¡±, alega.
La vivienda no es la ¨²nica soluci¨®n
Pepa Su¨¢rez, portavoz de la Asociaci¨®n Multicultural Mazag¨®n, considera ¡°muy positivo que se planteen alternativas habitacionales serias para dar un trato digno a quienes est¨¢n generando riqueza para los municipios onubenses¡±. Su¨¢rez advierte de la importancia de que este protocolo se adapte a la realidad social de estos trabajadores, que va evolucionando.
Dotar de viviendas alternativas a los habitantes de los asentamientos es un primer paso, pero, como recuerda Emma Gonz¨¢lez, ¡°es necesario garantizar su integraci¨®n en la sociedad¡±. Las organizaciones sociales enviaron una serie de propuestas al Gobierno central en esta l¨ªnea que no se han recogido de manera expl¨ªcita en el acuerdo, bastante gen¨¦rico en su redacci¨®n. Entre ellas figuran la regularizaci¨®n de 500.000 migrantes que est¨¢n trabajando en los campos de Huelva, Almer¨ªa, Lleida y Ja¨¦n; que se respete el derecho al empadronamiento, que suele denegarse sistem¨¢ticamente; una vigilancia de las condiciones de contrataci¨®n o un refuerzo de los transportes p¨²blicos y privados hacia las explotaciones agrarias. Chekime alude al problema del transporte: ¡°Vivir en un albergue es muy positivo, porque te garantiza un techo y agua, pero si no tengo un coche para que me lleve a los campos, no me sirve para nada. Para eso, mejor la chabola que est¨¢ enfrente de los invernaderos¡±.
Despu¨¦s de d¨¦cadas asistiendo a una vergonzosa despreocupaci¨®n por parte de las Administraciones, este acuerdo es un primer paso importante. El demoledor informe del relator de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y la vulneraci¨®n de derechos humanos tras su visita a los asentamientos de Lepe en 2020, fue lo que espole¨® la conciencia dormida de una sociedad para la que sus vecinos eran pr¨¢cticamente invisibles, pese a ser fundamentales en la expansi¨®n de los cultivos de frutos rojos y su bonanza econ¨®mica. ¡°La propaganda tan negativa para los frutos rojos ha hecho que por fin empiece a hacerse algo para dignificar a estas personas¡±, remarca Gonz¨¢lez, de Huelva Acoge.
?Y Almer¨ªa?
A las ONG les ha sorprendido que el protocolo firmado por el Gobierno y la Junta no incluya ningún ayuntamiento de la provincia de Almería, donde el fenómeno del chabolismo es anterior y, por las características de las explotaciones hortofructícolas, permanente. “Es cierto que la gestión de este tipo de iniciativas se simplifica cuando la temporalidad es mayor, pero la urgencia es la misma o mayor aquí, puesto que hay más personas viviendo en los asentamientos”, señala Juan Miralles, responsable de Almería Acoge.
En Almería hay unos 80 poblados de infraviviendas, según los datos trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y por Almería Acoge a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Fueron levantándose a mediados de los noventa y en ellos residen de manera más o menos permanente entre 3.000 y 5.000 familias, de acuerdo con las cifras que maneja Miralles. “Algunos van a otras campañas, incluso a Huelva, y resulta que van a encontrarse hasta con mejores condiciones habitacionales que aquí”, ironiza.
Miralles reconoce que para erradicar el chabolismo, como en el caso de Lepe o Mazagón, el interés y el compromiso político es esencial y subraya la iniciativa impulsada por Níjar, donde se levantan casi todos los asentamientos de la provincia y en los que llega a vivir el 10% de su población. El municipio aprobó en 2021 un plan para el realojo de sus residentes con apoyo de la Junta de Andalucía, que ha aportado 1,6 millones en subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler para 62 personas.
Como en Huelva, en Almería la saturación del mercado de la vivienda y los prejuicios a la hora de alquilar a inmigrantes abocan en buena medida a que la chabola sea la única salida. “Solo en Almería una cama con cocina cuesta de 100 a 120 euros y puedes compartirla con otras cuatro personas; por supuesto no en el centro de la ciudad”, señala Miralles.
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