El Constitucional tumba siete de cada diez recursos de Vox

Vox ha anunciado que recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional el decreto ley de medidas de ahorro energ¨¦tico, que limita la temperatura en locales p¨²blicos y el horario de iluminaci¨®n de los escaparates. El partido ultra se adelanta as¨ª a la Comunidad de Madrid, que se ha tomado con calma la presentaci¨®n de un recurso para el que dispone de tres meses de plazo, y a la Junta de Castilla y Le¨®n, donde presiona a su socio de coalici¨®n para que se sume a su iniciativa. Este ser¨¢ el recurso n¨²mero 38 suscrito por el grupo parlamentario de Vox en el Congreso y el 64 del partido ultra en total ante el alto tribunal. Ninguna otra fuerza pol¨ªtica se acerca, ni de lejos, al profuso empleo que la formaci¨®n de Santiago Abascal hace del ¨®rgano garante de la Constituci¨®n.

Impotente para ganar votaciones relevantes en el Parlamento (no solo por estar en minor¨ªa, sino por su incapacidad para alcanzar acuerdos con otros grupos), Vox ha convertido al Constitucional en una tercera c¨¢mara donde intentar echar abajo los proyectos que el ¡°Gobierno social-comunista¡±, como le llama, saca adelante en las Cortes.

La repetici¨®n de las elecciones generales, en 2019, permiti¨® a Vox pasar de 24 diputados (en abril) a 52 (en noviembre) y superar el list¨®n de medio centenar de esca?os necesarios para poder recurrir leyes al Constitucional sin el apoyo de ning¨²n otro grupo. El partido ultra ha empleado a mansalva este instrumento, concebido como ¨²ltimo recurso de salvaguarda de la Carta Magna. Lo que resulta parad¨®jico en una fuerza pol¨ªtica que propone en su programa suprimir el Constitucional (y sustituirlo por una Sala del Supremo) y que lo atac¨® duramente por su demora en resolver los recursos sobre el estado de alarma, llegando a calificarlo de ¡°tribunal prostitucional¡± una de sus dirigentes.

Las convocatorias a la prensa de comparecencias de Vox ante la sede del Constitucional, tras registrar un recurso, se han convertido en un cl¨¢sico y una forma de abrirse hueco en los espacios de noticias. Raramente, sin embargo, se conoce la suerte de estas iniciativas, salvo cuando acaban con una sentencia favorable a los recurrentes.

Un an¨¢lisis del registro del alto tribunal muestra, sin embargo, que solo seis de los 63 recursos presentados por Vox han sido estimados total o parcialmente, otros tres han sido desestimados por completo, uno desistido por sus promotores, 18 inadmitidos y 35 est¨¢n pendientes de resoluci¨®n. Si se excluyen estos ¨²ltimos, el 64,2% de los que ya han concluido su tramitaci¨®n han sido inadmitidos (por no tener el asunto calado constitucional, por falta de legitimaci¨®n de los recurrentes o por presentarse fuera de plazo, entre otros motivos) y el 75% inadmitidos o desestimados. M¨¢s de siete de cada diez han sido, por tanto, tumbados por el alto tribunal.

Sin embargo, la imagen que ha proyectado Vox es muy diferente. Y eso porque algunos de los recursos ganados han tenido gran proyecci¨®n p¨²blica. Los principales fueron los que provocaron la anulaci¨®n de los sucesivos estados de alarma decretados con motivo de la pandemia, y ello por una causa formal, no de fondo: el alto tribunal entendi¨® que las restricciones impuestas con el confinamiento exig¨ªan la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n y no solo el de alarma. Tambi¨¦n era formal el motivo por el que se anul¨® la inclusi¨®n del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisi¨®n Delegada de Asuntos de Inteligencia: debi¨® hacerse por ley ordinaria y no por decreto ley, advirti¨® el Constitucional.

Igualmente ligada a la gesti¨®n de la pandemia estuvo la anulaci¨®n del acuerdo de la Mesa del Congreso de suspender parcialmente la actividad parlamentaria en las primeras semanas de la crisis sanitaria. Y el alto tribunal ha cortado de ra¨ªz cualquier intento de imponer un cord¨®n sanitario al partido ultra en el Parlamento vasco, donde ampar¨® a su ¨²nica diputada frente al intento de recortarle la capacidad de iniciativa. En cambio, ha rechazado de plano sus recursos contra la Ley de Educaci¨®n (LOMLOE), la suspensi¨®n de los desahucios de familias vulnerables durante la pandemia o la reparaci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia policial y de extrema derecha en Navarra, entre muchos otros.

No mejor fortuna ha tenido Vox en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaz¨® sus recursos contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado; contra la prohibici¨®n de la concentraci¨®n que el partido ultra pretend¨ªa celebrar en Ceuta en mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos; contra la suspensi¨®n de su cuenta de Twitter por instigar al odio contra los magreb¨ªes durante la campa?a electoral catalana; o contra la negativa a suspender la exhumaci¨®n de los restos de Franco.

En cambio, el Supremo ha dado la raz¨®n a los diputados del grupo ultra frente a la resistencia del Gobierno a facilitarles informaci¨®n (sobre expedientes de subvenciones o contrataci¨®n de asesores); aunque no en todos los casos: se la neg¨® cuando pretendi¨® conocer los informes m¨¦dicos de un exetarra al que el juez hab¨ªa concedido la libertad condicional por padecer una enfermedad incurable.

En tres sentencias diferentes, en marzo y abril del a?o pasado, el alto tribunal concluy¨® que Vox hab¨ªa vulnerado el derecho a la informaci¨®n por impedir el acceso de los periodistas de EL PA?S y la Cadena SER a sus actos de campa?a y en la noche electoral del 10-N de 2019; lo que no ha impedido que, desobedeciendo al Supremo, el partido ultra volviera a vetarlos en las elecciones castellano-leonesas y andaluzas de este mismo a?o.

Pese a estos fiascos, el partido de Abascal no va a desisitir de llevar la batalla pol¨ªtica a los tribunales. Seg¨²n sus dirigentes, el judicial es uno de los tres frentes en los que Vox plantea su guerra cultural, junto al parlamentario y a la movilizaci¨®n callejera, y, pese a todo, el que m¨¢s satisfacciones le ha dado hasta ahora: no en vano, su papel como acusaci¨®n popular en el juicio del proc¨¦s le sirvi¨® de trampol¨ªn medi¨¢tico para llegar al Congreso. Aunque haya sido al precio de pagar miles de euros de condenas en costas y las cuentas de la formaci¨®n incluyan una partida de 226.117 euros en fianzas judiciales, dos tercios de lo que destina a los dep¨®sitos por el alquiler de sus sedes en toda Espa?a (340.192 euros).