Par¨¢lisis judicial pese al cambio de l¨ªder del PP

El l¨ªder del PP Pablo Casado, votado por las bases, primero, y los compromisarios en segunda vuelta, quiso cumplir con el mandato constitucional sobre el Consejo General del Poder Judicial apenas seis meses despu¨¦s de que los socialistas arrebataran el poder a los populares a trav¨¦s de la primera moci¨®n de censura exitosa de la democracia. Aquel episodio retir¨® de la pol¨ªtica a Mariano Rajoy y puso al frente del PP a Casado.

Los antecedentes sobre el control del Poder Judicial no aventuraban un camino sencillo para proceder a su renovaci¨®n. Cuando Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero gan¨® las elecciones en 2004 y tocaba renovar el Consejo General del Poder Judicial, el PP bloque¨® durante dos a?os el cambio.

Ahora parec¨ªa distinto. El mecanismo de la renovaci¨®n se puso en marcha apenas tres meses despu¨¦s de que S¨¢nchez llegara al Gobierno y de que Casado se pusiera al frente del PP.

Los jueces que aspiraban a formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial presentaron sus candidaturas, unos avalados por las asociaciones judiciales, y otros recabando los apoyos de sus compa?eros ¡ªalguno de los candidatos logr¨® m¨¢s de 300 firmas en un colectivo de 5.000 jueces¡ª.

Dos meses despu¨¦s de la selecci¨®n previa de los candidatos ¡ª51 jueces recibieron los avales necesarios¡ª , el PP de Casado y el PSOE de S¨¢nchez se pusieron de acuerdo y ataron todos los pormenores de la renovaci¨®n. De los 20 vocales (12 elegidos de entre los 51 candidatos presentados; y 8 entre juristas de reconocido prestigio), 11 los elegir¨ªa el PSOE y 9 el PP. Y despu¨¦s ambos partidos los votar¨ªan en el Congreso y el Senado, sumando los tres quintos de votos necesarios para aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial.

El mensaje envenenado

En ese acuerdo entre ambos partidos se incluy¨® el nombre de quien ser¨ªa futuro presidente del Gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Se trataba de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que unos meses despu¨¦s deb¨ªa presidir el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes por organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre.

Los jueces candidatos (12 de los 51) que hab¨ªan elegido los dos partidos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial comenzaron a pasar el examen parlamentario obligatorio. Pero un mensaje de WhatsApp inoportuno, enviado supuestamente por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid¨®, abri¨® una crisis en el proceso. El mensaje indicaba que el acuerdo para renovar el Poder Judicial ¡ªcon un PP muy mermado en el parlamento¡ª era perfecto, pues significaba tener como presidente del gobierno de los jueces a un magistrado supuestamente af¨ªn que les permitir¨ªa controlar ¡°por detr¨¢s¡± la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Marchena.

Este se tom¨® especialmente mal un mensaje que le presentaba como una marioneta del PP y rechaz¨® el puesto, lo que dio al traste con todo el proceso de renovaci¨®n del Poder Judicial.

Desde aquel mes de noviembre de 2018, el PP ha buscado distintas excusas para justificar su negativa a acordar la renovaci¨®n del Consejo. La m¨¢s escuchada durante estos a?os se refiere a la necesidad de cambiar el sistema de elecci¨®n de los 12 jueces vocales. Lo curioso es que la exigencia del PP, mientras bloquea la renovaci¨®n de un ¨®rgano que mantiene una mayor¨ªa amplia conservadora, ya estuvo presente en el programa electoral del PP con el que Rajoy lleg¨® a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011. Y que esa promesa electoral para que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial, la mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y lleg¨® a convertirla en anteproyecto de Ley el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Pero el d¨ªa que la propuesta lleg¨® al Consejo de Ministros, el presidente decidi¨® meterla en un caj¨®n y olvidarse durante todo el mandato.

Tres a?os de excusas

Durante estos tres a?os, el PP ha utilizado varias excusas para aplazar el acuerdo sobre el nuevo Gobierno de los jueces, y ha exigido la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elecci¨®n.

Ni siquiera el cambio de l¨ªder y de parte de la direcci¨®n del PP han servido para aproximar un acuerdo, tan sencillo como elegir 12 nombres de entre los 51 candidatos (ahora algunos menos por fallecimientos o renuncias).

El pr¨®ximo diciembre se cumplir¨¢n cuatro a?os de retraso en la renovaci¨®n del Poder Judicial, el tiempo de una legislatura. Si el PP aplaza a¨²n m¨¢s la renovaci¨®n hasta despu¨¦s de las pr¨®ximas elecciones generales, se podr¨ªa dar el caso de que este partido logre formar Gobierno e intente imponer, ahora s¨ª, su mayor¨ªa para la nueva composici¨®n del Consejo del Poder Judicial.

En ese caso, seg¨²n apuntan desde el PSOE, no tendr¨ªan f¨¢cil conseguir los votos suficientes en el Congreso y el Senado (tres quintos), salvo que cambiaran las reglas del juego a trav¨¦s de una reforma legal.