El PP pide enviar al banquillo a cuatro exjefes de ETA por el asesinato de Miguel ?ngel Blanco

El PP ha movido ficha en la investigaci¨®n judicial abierta contra la antigua c¨²pula de ETA por el atentado de Miguel ?ngel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997. El partido ha pedido ya al juez instructor Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que procese a cuatro exjefes de la banda por el crimen: Miguel Gracia Arregui, alias I?aki de Renter¨ªa; Mikel Albisu, Mikel Antza; Jos¨¦ Javier Arizcuren, Kantauri; y Mar¨ªa Soledad Iparraguirre, Anboto. La formaci¨®n toma as¨ª la iniciativa para que el magistrado proponga enviarlos al banquillo, despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional plantease en julio la posibilidad de que los hechos hubiesen prescrito.

El sumario sobre este atentado, que provoc¨® una movilizaci¨®n social sin precedentes en la lucha contra ETA, se reabri¨® el pasado marzo. El juez Garc¨ªa-Castell¨®n, que hab¨ªa dirigido la investigaci¨®n del asesinato hace 25 a?os, retom¨® la causa tras recibir una denuncia de la asociaci¨®n de v¨ªctimas Dignidad y Justicia (DyJ) para averiguar si nueve exdirigentes de la banda participaron en la decisi¨®n de perpetrar el atentado, y tambi¨¦n si pudieron impedirlo al tener el control absoluto del grupo terrorista. Es decir, si cometieron un delito por ¡°omisi¨®n¡±. Una tesis que reforz¨® posteriormente la Guardia Civil, al emitir un extenso informe donde se?alaba que cuatro antiguos jefes del ¡°comit¨¦ ejecutivo¡± de la organizaci¨®n ¡ªRenter¨ªa, Antza, Kantauri y Anboto¡ª necesariamente ¡°idearon, planificaron, coordinaron, facilitaron los medios y dieron la orden final¡± del crimen.

Sobre esos cuatro se centra la petici¨®n de procesamiento del PP. En su escrito de m¨¢s de 50 p¨¢ginas, al que tuvo acceso EL PA?S, el partido recalca que estos miembros de ETA ¡°tuvieron un papel determinante en la decisi¨®n de atentar contra Blanco, siendo plenamente responsables de que el joven concejal del PP, quien apenas contaba con 29 a?os, perdiese brutalmente la vida aquel fat¨ªdico d¨ªa 13 de julio de 1997¡±. La formaci¨®n insiste en que existe ¡°abundante¡± documentaci¨®n que demuestra que los cuatro eran entonces parte de la c¨²pula de la banda, como confesiones de otros etarras y el material intervenido a Antza cuando se le detuvo en Francia ¡ªque incluye 14 discos compactos con 165 comunicaciones de la banda; y 78 boletines internos¡ª.

La prescripci¨®n

El PP tambi¨¦n aborda el tema de la prescripci¨®n, convertido en uno de los grandes debates de la causa desde su reapertura. En el momento del atentado, la posibilidad de perseguir un asesinato terrorista se extingu¨ªa a los 20 a?os, pero ese extremo se reform¨® en 2010 para que nunca expirase. En este sentido, el partido defiende que se puede acusar ahora a los cuatro exjefes por estos hechos y que, adem¨¢s, ¡°se acepta en nuestra jurisprudencia y en el Derecho comparado la posibilidad de aplicar retroactivamente las ampliaciones del plazo de prescripci¨®n¡± si este entra en vigor antes de que el plazo anterior ¡°hubiera fenecido¡±: sobre todo, en estos cr¨ªmenes, ¡°que no prescriben en la memoria de las v¨ªctimas y de la colectividad, y que atentan contra los pilares m¨¢s esenciales del Estado de Derecho¡±.

Es m¨¢s, los populares plantean que ¡°las especificidades de los delitos de terrorismo, actualmente imprescriptibles, impiden resolver esta cuesti¨®n¡± en la fase actual de las pesquisas. Y, por tanto, en su opini¨®n, debe dictarse el procesamiento y, en su caso, abordar este asunto m¨¢s adelante: incluso en el juicio o en la sentencia. El PP plantea igualmente otra v¨ªa para esquivar este escollo: proponen que, ¡°aun no pudiendo aplicarse el delito de lesa humanidad¡±, se consideren los principios del Derecho penal internacional que lo rigen para considerar imprescriptible el atentado contra Miguel ?ngel Blanco.

El pasado 8 de julio, el juez expuso que no se pod¨ªa perseguir ya a I?aki de Renter¨ªa por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, pues hab¨ªan pasado 20 a?os desde su detenci¨®n (el 15 de septiembre de 2000), hito que tiene en cuenta Garc¨ªa-Castell¨®n para empezar a contar el plazo. Sin embargo, s¨ª pod¨ªa seguir adelante contra Kantauri, al que se imput¨® por el crimen en 2016 y por el que se encuentra procesado como inductor; y contra Anboto y Antza, ambos arrestados en 2004. Sin embargo, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripci¨®n debe comenzar a contar desde el momento del atentado, y ha puesto sobre la mesa la tesis de que ya habr¨ªa expirado para los cuatro, sin que pueda procederse contra ellos como autores mediatos (una especie de inductores que ten¨ªan el control absoluto), como defiende Dignidad y Justicia.

Esta postura gener¨® debate dentro del propio ministerio p¨²blico. El fiscal que llevaba el caso defend¨ªa que s¨ª se pod¨ªa actuar contra los cuatro etarras, pero sus superiores en la Audiencia Nacional consideraron que no. Estos negaron entonces que se hubieran ¡°recibido directrices de ning¨²n tipo, y menos de car¨¢cter pol¨ªtico¡±, desde la Fiscal¨ªa General del Estado, dirigida ahora por ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que ha decidido consultar el tema a la Junta de Fiscales de Sala prevista para este octubre.

Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha condenado a tres personas por el asesinato de Blanco. A Francisco Javier Garc¨ªa Gaztelu, Txapote, que apret¨® el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que tambi¨¦n particip¨® en la ejecuci¨®n del atentado; y a Ibon Mu?oa, exconcejal de HB en Eibar (Gipuzkoa), que trabajaba cerca de donde lo hac¨ªa el concejal del PP y que facilit¨® la operaci¨®n del comando terrorista. El juez ha citado el pr¨®ximo 17 de octubre a Kantauri para interrogarlo por el crimen, despu¨¦s de que Antza y Anboto se negasen a declarar en julio.