Camps y Gri?¨¢n: el futuro de dos expresidentes auton¨®micos marca la agenda judicial de 2023

La corrupci¨®n en las instituciones auton¨®micas nutrir¨¢ este 2023 la agenda judicial. Una larga lista de ex altos cargos de Madrid, Catalu?a, Andaluc¨ªa y la Comunidad Valenciana se situar¨¢n bajo la lupa de los tribunales espa?oles, que deber¨¢n estudiar a fondo las supuestas irregularidades que cometieron desde sus puestos. El a?o arranca con una cita muy esperada: Francisco Camps, el bar¨®n popular que lleg¨® a lo m¨¢s alto de la Generalitat valenciana y del PP regional, se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de corrupci¨®n por el caso G¨¹rtel. Mientras tanto, el PSOE sigue muy pendiente de la entrada en prisi¨®n de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, expresidenta de la Junta andaluza y del partido socialista, despu¨¦s de que el Tribunal Supremo confirmase su pena de seis a?os de c¨¢rcel por el caso de los ERE.

Camps contra la Fiscal¨ªa. Todas las maniobras de Camps para evitar su juicio han ca¨ªdo en saco roto ¡ªrecus¨® a miembros del tribunal, intent¨® paralizar el inicio de la vista llevando su caso al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, se quej¨® ante la ONU y arremeti¨® contra el juez instructor¡ª. As¨ª que a partir de este 23 de enero, si no hay un cambio de fecha de ¨²ltima hora, el expresidente valenciano se enfrentar¨¢ finalmente a la acusaci¨®n de prevaricaci¨®n y fraude que le atribuye la Fiscal¨ªa, que pide dos a?os y medio de c¨¢rcel para ¨¦l. Seg¨²n la investigaci¨®n, el exdirigente del PP intervino para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama G¨¹rtel y favorecer as¨ª, ¡°como ven¨ªa haciendo desde 2005¡±, a la red de Francisco Correa, que hab¨ªa anidado en el partido. El exdirigente del PP, que ha intentado volver a la primera l¨ªnea de la pol¨ªtica, rechaza las imputaciones y las atribuye a una cacer¨ªa pol¨ªtica. Le acompa?ar¨¢n en el banquillo otros 27 procesados, entre los que destacan tres exconsejeros de los Gobiernos populares.

Borr¨¤s se la juega (y Junts). El partido independentista ha ligado parte de su futuro al de su actual presidenta, Laura Borr¨¤s, suspendida como presidenta del Parlament tras ser procesada por corrupci¨®n. Con la dirigente secesionista empe?ada en presentarse como v¨ªctima de un complot pol¨ªtico ¡ª¡°Hab¨ªa prisa, mucha prisa para apartarme para ver si me iba. Pues no me voy y no me ir¨¦¡±, dijo en una entrevista¡ª, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a acoger¨¢ en febrero el arranque del juicio contra ella, apenas tres meses antes de los comicios municipales donde la formaci¨®n se juega parte de su poder. La Fiscal¨ªa pide seis a?os de c¨¢rcel, 21 de inhabilitaci¨®n y una multa de 144.000 euros para Borr¨¤s por haber supuestamente fraccionado un contrato p¨²blico para favorecer a un amigo, cuando dirig¨ªa la Instituci¨® de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018. La principal prueba en su contra son unos correos electr¨®nicos entre ambos, muy expl¨ªcitos, en los que supuestamente ella le explica c¨®mo realizar el fraccionamiento. Ella niega que sean suyos.

Revisi¨®n de la sentencia de Junqueras y euroorden de Puigdemont. La Fiscal¨ªa ya ha advertido de que la reforma del C¨®digo Penal para modificar la malversaci¨®n va a provocar decenas de revisiones de penas a condenados por este delito. Entre ellas, previsiblemente, la del exvicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros a los que el Tribunal Supremo conden¨® por malversar dinero p¨²blico para organizar el refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1-O. La Sala Penal revisar¨¢ de oficio la sentencia en las pr¨®ximas semanas para decidir c¨®mo le afectan los cambios en la malversaci¨®n y la eliminaci¨®n de la sedici¨®n, el delito por el que se conden¨® a nueve l¨ªderes independentistas. Adem¨¢s, el Supremo tendr¨¢ tambi¨¦n que modificar el procesamiento y las ¨®rdenes de detenci¨®n europeas e internacional dictadas contra el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el resto de pr¨®fugos de la justicia espa?ola. Las euro¨®rdenes est¨¢n ahora suspendidas a la espera de que la justicia europea responda a una cuesti¨®n prejudicial remitida por el instructor de la causa del proc¨¦s, Pablo Llarena, pero el magistrado deber¨¢ mover ficha para adaptar sus actuaciones a la nueva legislaci¨®n sin esperar a la respuesta del tribunal comunitario.

Otro juicio al proc¨¦s. Catalu?a vivir¨¢ en marzo otro cap¨ªtulo de la judicializaci¨®n del desaf¨ªo secesionista, que concluy¨® con el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaraci¨®n unilateral de independencia. El Tribunal Superior de Justicia ha se?alado los d¨ªas 14, 15 y 16 de este mes para la celebraci¨®n de la vista oral contra los cuatro miembros de la mesa del Parlament (Anna Sim¨®, Llu¨ªs Mar¨ªa Corominas, Ramona Barrufet y Llu¨ªs Guin¨®) acusados de desobediencia por tramitar las iniciativas parlamentarias que facilitaron el proc¨¦s. Fueron condenados en 2020, pero el Supremo orden¨® el pasado noviembre repetir el juicio por la falta de imparcialidad de dos magistrados.

La entrada de Gri?¨¢n en prisi¨®n y su petici¨®n de indulto. En Andaluc¨ªa, la entrada en prisi¨®n del expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y seis ex altos cargos de la Junta condenados por malversaci¨®n en la pieza pol¨ªtica del caso ERE marcar¨¢ la agenda (la exconsejera Carmen Mart¨ªnez Aguado ya lo hizo hace unos d¨ªas). Despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla rechazara en noviembre suspender la ejecuci¨®n de la condena del Tribunal Supremo, el ingreso en la c¨¢rcel ser¨¢ el gran hito en una macrocausa con varias piezas cuyos juicios se celebrar¨¢n a lo largo de 2023. Gri?¨¢n ha alegado que su encarcelamiento puede incidir negativamente en el desarrollo y tratamiento de la grave enfermedad que padece.

El caso mantiene su descomunal volumen y acumula ya 46 piezas elevadas a la Audiencia pendientes de enjuiciamiento, 93 piezas en instrucci¨®n, y solo seis juicios celebrados hasta ahora por las ayudas p¨²blicas que concedi¨® la Junta entre 2001 y 2009. A la vez, el Gobierno tiene pendiente decidir sobre la petici¨®n de indulto del expresidente andaluz y el resto de acusados condenados a prisi¨®n. Previamente, la Fiscal¨ªa y el Supremo deber¨¢n pronunciarse a favor o en contra de la medida de gracia.

Corrupci¨®n en el PP de Madrid. La campa?a de las elecciones auton¨®micas y municipales se ver¨¢ marcada en Madrid por el comienzo del primer juicio del caso Lezo. Seg¨²n el calendario de la Audiencia Nacional, a partir del 24 de mayo ¡ªlos comicios se celebran el 28 de ese mes¡ª, empieza la vista por la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operaci¨®n que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Esta investigaci¨®n se sumerge en las entra?as de la corrupci¨®n del PP de Madrid y de la Comunidad, gobernada por los populares desde hace casi 30 a?os. Entre las personas que se sentar¨¢n en el banquillo se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, consejeros auton¨®micos durante los Gobiernos de Alberto Ruiz-Gallard¨®n; y Arturo Canalda, expresidente de la C¨¢mara de Cuentas de Madrid.

El Peque?o Nicol¨¢s, de nuevo al banquillo. El largo viacrucis judicial de Francisco Nicol¨¢s G¨®mez Iglesias, alias El Peque?o Nicol¨¢s, contempla una nueva parada este 2023. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado a partir del 6 de febrero el quinto y ¨²ltimo juicio previsto contra el veintea?ero, que ya acumula tres condenas de c¨¢rcel: en total, acumula penas de ocho a?os y dos meses de prisi¨®n por delitos como usurpaci¨®n de funciones y falsificaci¨®n documental, que ahora trata de tumbar en el Tribunal Supremo para evitar su reclusi¨®n. En el caso que falta por enjuiciar, la Fiscal¨ªa le pide otros nueve a?os y nueve meses de prisi¨®n por crear una red criminal para obtener informaci¨®n confidencial de bases de datos policiales.