La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar

La Audiencia Nacional acaba de dar otro carpetazo a la investigaci¨®n sobre las supuestas donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones p¨²blicas, la ¨²ltima derivada del caso G¨¹rtel que permanec¨ªa en instrucci¨®n. A trav¨¦s de una resoluci¨®n fechada este 27 de enero, a la que tuvo acceso EL PA?S, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por el PSOE para intentar reabrir estas pesquisas, que el instructor Santiago Pedraz archiv¨® el pasado diciembre tras concluir que no contaba con indicios suficientes para sentar a alguien en el banquillo. Por estos hechos se manten¨ªan bajo sospecha 23 contratos por casi 600 millones de euros adjudicados por los gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP).

En l¨ªnea con Pedraz y con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que han defendido en la ¨²ltimos meses que la instrucci¨®n se encontraba agotada y sin posibilidad de fructificar, la Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Penal subraya igualmente que no se han recabado suficientes ¡°indicios de criminalidad¡± que prueben la relaci¨®n directa entre cada una de las adjudicaciones concedidas y las donaciones de los empresarios que dieron a cambio de ellas, y que presuntamente quedaron reflejadas en la contabilidad paralela que llev¨® el extesorero popular Luis B¨¢rcenas durante casi 20 a?os ¡ªlos bautizados como papeles de B¨¢rcenas¡ª. Sin probar ese nexo, no se puede atribuir un delito de cohecho a los investigados, entre los que se encontraban constructores ya condenados por el caso G¨¹rtel: entre ellos, Alfonso Garc¨ªa Pozuelo-Asins, antiguo presidente de Constructora Hisp¨¢nica.

As¨ª lo expresan los magistrados del tribunal en su resoluci¨®n de este enero, contra la que ya no cabe un nuevo recurso: ¡°El resultado de las diligencias practicadas durante la instrucci¨®n [...] imposibilita establecer una relaci¨®n entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados, lo que aboca al sobreseimiento provisional de las actuaciones¡±. Al igual que el juez Pedraz y el ministerio p¨²blico, la Sala de lo Penal concede una enorme importancia al informe del 4 de noviembre de 2022 de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que descart¨® irregularidades en la concesi¨®n de las obras analizadas.

Sin embargo, ese an¨¢lisis de la IGAE chocaba con otros informes anteriores de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional, que certific¨® sobrecostes millonarios y ¡°vulneraciones¡± de los ¡°principios generales de la contrataci¨®n¡± en las obras bajo sospecha de la era Aznar. A estas conclusiones, precisamente, se aferraba el PSOE para intentar revocar el archivo de Pedraz y procesar a los investigados por tr¨¢fico de influencias y fraude a las Administraciones P¨²blicas ¡ªdelitos que el tribunal tambi¨¦n descarta¡ª. Los socialistas reprocharon al instructor no valorar ¡°debidamente¡± los indicios que se le pusieron sobre la mesa; y le recordaron que Pozuelo-Asins admiti¨® en otro juicio de G¨¹rtel el pago de mordidas al PP a cambio de obras. ¡°Le entregu¨¦ cosas para Castilla y Le¨®n [a Francisco Correa, l¨ªder de la trama]¡±, dijo en la vista oral de ?poca I, que acab¨® con la primera condena al partido conservador por beneficiarse de la red corrupta.

Pero la Sala de lo Penal coincide con Pedraz: ¡°El sobreseimiento acordado por la ausencia de indicios de criminalidad resulta plenamente ajustado a Derecho¡±. En esa l¨ªnea, el tribunal recuerda as¨ª que es ¡°funci¨®n exclusiva del instructor¡± comprobar si cuenta con pruebas suficientes para procesar a alguien, ¡°sin necesidad de sentar en el banquillo de manera innecesaria a aquellos sujetos respecto de los que exista una insuficiencia indiciaria evidente, lo que as¨ª sucede en este caso¡±.