La legislatura pende de un hilo

La pol¨ªtica espa?ola sigue empe?ada en hacernos ver cosas que jam¨¢s creer¨ªamos. Este martes sumamos una m¨¢s. Junts vot¨® en contra del mismo texto por el que hab¨ªa votado a favor hace una semana entre aparentes muestras de satisfacci¨®n. En una escena ins¨®lita en el parlamentarismo nacional, el pleno del Congreso manda de vuelta a la comisi¨®n una proposici¨®n de ley cuyo contenido ya hab¨ªa sido pactado y cerrado en esa misma comisi¨®n.

Junts y el mundo de Carles Puigdemont han dado muchas muestras en los ¨²ltimos a?os de lo tornadizos que pueden resultar sus criterios. Ahora a?aden un jal¨®n m¨¢s. Pero, psicolog¨ªa pol¨ªtica al margen, el rocambolesco desenlace en el Congreso no se entiende sin otro factor decisivo. Y ah¨ª entramos de nuevo en el terreno de las cosas que jam¨¢s creer¨ªamos: que un juez torpedee la tramitaci¨®n de una ley hasta hacerla fracasar. El cambio de opini¨®n de Junts nunca se hubiese producido sin la fren¨¦tica sucesi¨®n de autos de las ¨²ltimas semanas por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, desempolvando documentos ya olvidados para sostener su nueva tesis de que Puigdemont debe ser acusado de terrorismo.

La cuesti¨®n del supuesto terrorismo emergi¨® desde el principio como uno de los escollos en la negociaci¨®n de la ley. Era ERC quien m¨¢s insist¨ªa por un caso, el de un grupo de activistas de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR) sorprendidos en 2019, durante las protestas contra las condenas por el proc¨¦s, con lo que parec¨ªan precursores de explosivos. Hasta que en noviembre irrumpi¨® Garc¨ªa-Castell¨®n para resucitar el viejo caso Tsunami y revelar lo que nadie, ni siquiera ¨¦l mismo, hab¨ªa visto en cuatro a?os: que Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, deb¨ªan ser acusados de terrorismo por diversos disturbios producidos en aquel oto?o de 2019.

Pese a las resistencias iniciales, el PSOE acab¨® trag¨¢ndose sus palabras ¡ª¡°el terrorismo es una l¨ªnea roja¡±¡ª y la pasada semana accedi¨® a incluir en la amnist¨ªa las acusaciones de terrorismo que no hubiesen acarreado ¡°violaciones graves de los derechos humanos¡±. Se pact¨® el d¨ªa 23, entre parabienes y sonrisas, en la Comisi¨®n de Justicia. Garc¨ªa-Castell¨®n no tard¨® ni tres d¨ªas en volver a la carga. Alumbr¨® un nuevo auto en el que replicaba casi de modo expreso a lo aprobado en el Parlamento y especificaba que sus acusaciones contra los l¨ªderes independentistas inclu¨ªan ¡°violaciones graves de los derechos humanos¡±. En Junts saltaron las alarmas. Sus asesores concluyeron que o la amnist¨ªa cubr¨ªa todas las acusaciones por terrorismo o cualquier juez pod¨ªa dejarla en papel mojado.

El PSOE ven¨ªa de sufrir unos d¨ªas de fuerte desgaste, tras las rectificaciones de la semana anterior. Adem¨¢s, a¨²n permanec¨ªa en el recuerdo la poco honrosa negociaci¨®n a principio de a?o para que Junts no tumbase dos decretos de gran trascendencia. Ofrecer una nueva escena de un presidente que se pliega a cada capricho de su aliado pod¨ªa resultar devastadora, m¨¢s con unas elecciones a la vista en Galicia. Y Pedro S¨¢nchez mand¨® parar.

El precio es que la legislatura queda pendiendo de un hilo. S¨¢nchez se ha colocado en una posici¨®n de firmeza cuya marcha atr¨¢s requerir¨ªa vericuetos argumentales muy complicados incluso para este Gobierno. Junts tampoco se ha puesto f¨¢cil la retirada, sobre todo con la actitud arrogante que cultiva desde las elecciones. Puigdemont se recrea en esa situaci¨®n que le ha regalado el azar electoral de colocar el destino de S¨¢nchez en sus manos. Aunque, llegados a este punto, tambi¨¦n se podr¨ªa decir que el destino de Puigdemont est¨¢ en manos de S¨¢nchez. Sin amnist¨ªa el Gobierno no sobrevive, pero el expresident pierde la oportunidad de regresar a Espa?a y abandona a su suerte a centenares de personas amenazadas con la c¨¢rcel o con multas millonarias. Lo llaman el dilema del prisionero: o se salvan juntos o perecen juntos.