El PSOE insiste en sentar al PP en el banquillo como beneficiario de la Operaci¨®n Kitchen

El PSOE, personado como acusaci¨®n popular en el caso Kitchen, vuelve a la carga para intentar sentar en el banquillo al PP como persona jur¨ªdica por la operaci¨®n urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Polic¨ªa Nacional para espiar al extesorero popular Luis B¨¢rcenas con el supuesto objetivo de robarle documentaci¨®n que pudiera perjudicar a su partido. Los socialistas han presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se declare nula la resoluci¨®n que rechaz¨® esta posibilidad. El PSOE quiere que el PP responda como responsable a t¨ªtulo lucrativo por el dinero de los fondos reservados usados para esa operaci¨®n irregular, as¨ª como por el gasto derivado de los medios p¨²blicos (humanos y t¨¦cnicos) que se emplearon.

Con este nuevo escrito, el PSOE intenta por tercera vez sentar al PP en el banquillo. El juez instructor Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n y la Sala de lo Penal ya lo han rechazado ¡ªesta ¨²ltima, el pasado 8 de marzo¡ª. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n se ha opuesto. Sin embargo, los socialistas consideran que, con esta postura, se ¡°restringen¡± y ¡°menoscaban¡± sus derechos como acusaci¨®n popular, y se vulnera el derecho a tratar de recuperar los fondos p¨²blicos utilizados.

Despu¨¦s de que la Sala de lo Penal rechazase el pasado 8 de marzo su intento de procesar al PP como persona jur¨ªdica, el PSOE ha cambiado de estrategia y ha solicitado que se declare nulo el auto que descart¨® su reclamaci¨®n. Seg¨²n argumenta el partido, entre otros aspectos, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por ¡°infracci¨®n en su vertiente del derecho a obtener una respuesta razonable con proscripci¨®n de toda arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¡±; y su derecho a una ¡°igualdad de armas¡± en la causa.

La batalla del PSOE para tratar de sentar en el banquillo al PP se prolonga desde hace un a?o y medio. En su escrito de acusaci¨®n, presentado en oto?o de 2022, los socialistas ya pusieron sobre la mesa esta posibilidad por primera vez, al considerar al partido conservador como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de la trama. Los populares fueron los beneficiarios de la presunta red corrupta urdida en Interior, seg¨²n el partido: ¡°No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la fren¨¦tica actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relaci¨®n con una operativa mucho m¨¢s amplia puesta en marcha por la direcci¨®n nacional del PP para defenderse de la acci¨®n de la justicia que investigaba G¨¹rtel y sus diferentes ramificaciones territoriales¡±.

La operaci¨®n contra el extesorero se activ¨® despu¨¦s de que se publicaran los papeles de B¨¢rcenas sobre la caja b del PP y la corrupci¨®n en torno a las empresas de Francisco Correa. Por ello, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n ha enviado al banquillo a 11 personas: entre ellos, a Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy; a Francisco Mart¨ªnez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Polic¨ªa Nacional.

Sin embargo, en octubre de 2023, al abrir juicio oral contra las antiguas c¨²pulas de Interior y la Polic¨ªa, el juez descart¨® la petici¨®n de sentar tambi¨¦n al PP en el banquillo. El magistrado consider¨® que se introduc¨ªa ¡°ex novo¡±. Seg¨²n argument¨® en su resoluci¨®n, ¡°hasta¡± ese ¡°momento¡±, no se hab¨ªa ¡°dirigido pretensi¨®n alguna en este sentido¡± contra el partido y, siguiendo la doctrina del Supremo, ¡°resultaba extempor¨¢nea¡±, teniendo en cuenta que se realizaba adem¨¢s ¡°sin concretar la cuant¨ªa, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad¡±.

El PSOE recurri¨® entonces esa decisi¨®n. Pero la Sala de lo Penal tambi¨¦n lo rechaz¨® el pasado 8 de marzo, aunque aleg¨® unos motivos diferentes a los del juez. Seg¨²n este tribunal, los socialistas no est¨¢n ¡°legitimados¡± para reclamar al PP esa ¡°responsabilidad civil¡±: ¡°Solo corresponde al ministerio fiscal o a los perjudicados por el delito cometido, no a la acusaci¨®n popular, cuya intervenci¨®n en el proceso se ci?e necesariamente al ¨¢mbito penal¡±.

Los socialistas no comparten esa interpretaci¨®n, y considera que la decisi¨®n de la Sala supone ¡°vedar la facultad¡± de la acusaci¨®n popular ¡°para exigir el resarcimiento de los fondos p¨²blicos desviados, y que se han detra¨ªdo de los servicios p¨²blicos de todos los ciudadanos¡±. ¡°Se est¨¢ practicando una lectura constitucional del proceso penal lesiva para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva¡±, a?ade el escrito presentado por el PSOE, fechado el 29 de marzo y al que tuvo acceso EL PA?S.

El documento de los socialistas ¡ªllamado t¨¦cnicamente ¡°incidente de nulidad¡±¡ª remacha: ¡°La doctrina del Supremo no ha sido inmutable en relaci¨®n con el alcance y los l¨ªmites de las acusaciones populares. Es bien conocido, que el criterios eguido hasta el precedente renombrado como doctrina Bot¨ªn fue enmendado, o complementado si se quiere, con la sucesiva interpretaci¨®n elaborada en la doctrina Atutxa y despu¨¦s con el caso N¨®os. A partir de las citadas se reconoce legitimaci¨®n a la acusaci¨®n popular para ejercer la acci¨®n penal, con independencia de la postura absolutoria del ministerio fiscal y del resto de las acusaciones personadas. Eso s¨ª, siempre y cuando el objeto del enjuiciamiento sean hechos que afecten a delitos con bienes jur¨ªdicos de los conocidos como pluriofensivos, difusos o supra individuales¡±.

El PSOE, que acusa igualmente a la Sala de hacer un simple ¡°copy/paste¡± [copia/pega] de resoluciones del Supremo sin entrar al fondo del asunto, incide en que la reclamaci¨®n civil de los fondos usados en Kitchen tiene una vinculaci¨®n directa con el ejercicio de la acci¨®n penal: ¡°La acusaci¨®n popular personada tiene un inter¨¦s leg¨ªtimo en el resarcimiento, pues los fondos desviados en una operaci¨®n parapolicial bien pudieron ser detra¨ªdos de la lucha antiterrorista o frente al narcotr¨¢fico, o de los servicios p¨²blicos¡±. Es m¨¢s, los socialistas apostillan que la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado han reclamado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado: ¡°De esta forma, el Estado puede llegar a responder del perjuicio generado no por un mal funcionamiento de ¨¦ste, sino por la actividad delictiva de determinados miembros sin que el principal beneficiario, el Partido Popular, responda por los fondos p¨²blicos que se desviaron de forma il¨ªcita al objeto de obstruir una investigaci¨®n judicial en activo sobre la corrupci¨®n pol¨ªtica que afectaba a los principales dirigentes de la formaci¨®n monol¨ªtica del ejecutivo¡±.