El Gobierno balear cuestiona miles de contratos anticovid tras dejar caducar la reclamaci¨®n a la trama Koldo

El Gobierno del Partido Popular en Baleares ha iniciado un expediente de nulidad de contrato tras dejar caducar la reclamaci¨®n de m¨¢s de 2,6 millones de euros por la compra de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a Empresas. Koldo Garc¨ªa, asesor principal del exministro Jos¨¦ Luis ?balos, fue quien llev¨® ante las puertas del Gobierno Balear, por entonces dirigido por la socialista Francina Armengol, a la empresa Soluciones de Gesti¨®n para vender material sanitario en plena pandemia. En la v¨ªspera de Semana Santa, presionado por el esc¨¢ndalo de que el PP dej¨® pasar el plazo para reclamar los costes, Javier Ure?a, director general del servicio de salud balear (IBSalut), inici¨® un nuevo procedimiento para anular el contrato y exigir que la empresa devolviera el total de lo acordado, es decir, 3,7 millones. El problema que plantea este giro de tim¨®n para conseguir recuperar el dinero perdido es que los motivos para dejar sin efecto esa adjudicaci¨®n contradicen lo que ya ha investigado el Tribunal de Cuentas y la Fiscal¨ªa sobre esta empresa y otros contratos firmados en los peores momentos de la pandemia, seg¨²n ha podido comprobar EL PA?S en un an¨¢lisis de cientos de adjudicaciones p¨²blicas de todo tipo de administraciones durante esos meses.

En la resoluci¨®n de oficio para declarar la nulidad del contrato, a la que ha tenido acceso EL PA?S, el Instituto de Salud balear alega ¡°una posible falta de solvencia¡± de la empresa vinculada a la trama Koldo y ¡°falta de capacidad para contratar el suministro¡±. Es decir, que la actividad que Soluciones de Gesti¨®n desarrollaba antes de la covid no era la compra-venta de mascarillas y no ten¨ªa ¡°en el momento de la adjudicaci¨®n¡± el avituallamiento de ese material que le vendi¨® al Gobierno balear. Unos motivos de supuesta nulidad que se repiten en miles de contratos adjudicados por todas las administraciones p¨²blicas. Pocas empresas que entraron al negocio de la venta de mascarillas esos meses estaban especializadas en importar material sanitario. No era necesario: el car¨¢cter de emergencia de esas adjudicaciones (Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo) permiti¨® que irrumpieran en ese mercado muchos proveedores inexpertos, desde fabricantes de bebidas energ¨¦ticas, pasando por papeler¨ªas, fabricantes de yeso, o cualquiera con contactos en China.

La iniciativa del Govern se enfrenta de esta manera contra un muro de realidad y extiende un velo de sospecha a lo que se hizo en el resto de Espa?a sobre cientos de contratos que las administraciones firmaron en situaci¨®n de emergencia. A veces, bastaba una conversaci¨®n telef¨®nica con la empresa contratada y sin que su actividad econ¨®mica necesariamente coincidiese con el objeto del contrato. Tampoco si era solvente, si ten¨ªa capacidad para llevar a cabo el trabajo o si ten¨ªa en sus almacenes los suministros que la administraci¨®n le iba a comprar.

En el caso concreto de la empresa se?alada, Soluciones de Gesti¨®n, la Fiscal¨ªa ya investig¨® las licitaciones del caso Koldo y no apreci¨® ninguna irregularidad sobre los procedimientos que se ejecutaron para la contrataci¨®n de compra de mascarillas. Y el Tribunal de Cuentas fiscaliz¨® entre 2020 y 2022 miles de contratos de la administraci¨®n central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros), de los ayuntamientos m¨¢s poblados de Espa?a y de comunidades aut¨®nomas y tampoco encontr¨® en las adjudicaciones ninguna de las anomal¨ªas que se?ala ahora el Govern balear. No porque no se produjeran, sino porque los contratos estaban amparados por el real decreto que permiti¨® a la Administraci¨®n comprar, contratar o encargar una obra sin tener que cumplir los tr¨¢mites habituales.

EL PA?S ha cruzado un centenar de contratos que aparecen en los informes del Tribunal de Cuentas con datos del Portal de Contratos del Sector P¨²blico y con la base de datos de Fundaci¨®n Civio, que recoge las m¨¢s de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020. Y ha observado c¨®mo en toda Espa?a se firmaron miles de contratos con ausencia de esos requisitos que ahora el Govern considera imprescindibles para defender la nulidad de la adjudicaci¨®n a la trama Koldo.

En un informe del Tribunal de Cuentas ¡ªque analiza las adjudicaciones que hicieron los ministerios del ¨¢rea econ¨®mica y sus organismos aut¨®nomos¡ª destaca cuatro contratos del Ministerio de Sanidad con la principal adjudicataria de material sanitario en la pandemia FCS Select Products por un valor de 217 millones de euros. Esta compa?¨ªa, se?alada tambi¨¦n porque le pag¨® dos millones a la pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso en comisiones, tiene como objeto social ¡°importaci¨®n, exportaci¨®n y distribuci¨®n de toda clase de productos del ramo de la alimentaci¨®n¡±. Tampoco su solvencia t¨¦cnica fue acreditada, apunta el informe, y su solvencia econ¨®mica se acredit¨® despu¨¦s de la firma de los contratos millonarios. Pese a ello, el tribunal concluye: ¡°Dichas comprobaciones se han de enmarcar en una situaci¨®n de emergencia donde la necesaria premura de las operaciones a realizar, que colisiona con la ocasional lentitud de estos tr¨¢mites, y el hecho de que no sea necesaria la tramitaci¨®n de un expediente de contrataci¨®n, modulan el cumplimiento de la labor de verificaci¨®n de estos requisitos¡±.

Un caso similar se produjo con el contrato del Ministerio de Sanidad con Hyperin Grupo Empresarial, de 3,3 millones de euros, por la adquisici¨®n de 144 dispositivos de ventilaci¨®n. El objeto social de esta compa?¨ªa es la ¡°fabricaci¨®n de yeso para la construcci¨®n¡±. El Tribunal de Cuentas agrega que lo mismo suced¨ªa con casi todas las empresas asi¨¢ticas con las que se contrat¨®: ¡°No existe documentaci¨®n relativa a su solvencia y capacidad, apreci¨¢ndose que no se trata de empresas fabricantes sino de intermediarias¡±.

Los motivos del Govern para anular el contrato con Soluciones de Gesti¨®n chocan adem¨¢s con la situaci¨®n de las adjudicaciones de los casos m¨¢s medi¨¢ticos, que pese a ser investigados por posibles tramas corruptas o enriquecimiento il¨ªcito o blanqueo de capitales, no pudieron ser cuestionados por los procedimientos de contrataci¨®n. As¨ª, los comisionistas que estafaron al Ayuntamiento de Madrid con seis millones de euros, Luis Medina y Alberto Luce?o, firmaron acuerdos con el Consistorio sin acreditar solvencia ni capacidad para importar material sanitario y la Fiscal¨ªa no valor¨® el tipo de contrataci¨®n porque deb¨ªa tener en cuenta la ausencia de reglas que permit¨ªa el estado de alarma.

La Papeler¨ªa J. Puy, ubicada en Barcelona, tampoco se dedicaba a la venta de material sanitario, sino al suministro de material de oficina, pero consigui¨® dos contratos de compra por parte de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria de Catalu?a de mascarillas, guantes, gel hidroalcoh¨®lico, desinfectante y kits de limpieza por casi 264.000 euros (sin IVA). La papeler¨ªa ya era un proveedor conocido en la Delegaci¨®n de la AEAT catalana por venderle ocasionalmente sus productos. Circunstancia que llev¨® a varios diputados de Vox a registrar en junio de 2020 una pregunta parlamentaria sobre por qu¨¦ se eligi¨® a esta empresa para la compra y si alguno de sus trabajadores e intermediarios era familiar de alguien del Gobierno o de la AEAT. El Ejecutivo respondi¨® casi dos meses despu¨¦s que no exist¨ªa ning¨²n parentesco y a?adi¨®: ¡°El ¨®rgano de contrataci¨®n procedi¨® a seleccionar a la empresa por ser la opci¨®n que presentaba unas condiciones econ¨®micas m¨¢s ventajosas, as¨ª como unos plazos de entrega acordes a las necesidades¡±.

La ¡°solvencia¡± no solo fue una cuesti¨®n que no revisaron la mayor¨ªa de las administraciones, incluso hubo algunas como la del Ayuntamiento de Madrid que adelantaron dinero antes de tener en sus manos el material sanitario que pretend¨ªan comprar. Es el caso del contrato del Consistorio madrile?o con una consultora del empresario Philippe Solomon, con sede en Nueva York, a la que le transfirieron 1.250.000 euros a trav¨¦s de la Empresa Funeraria. Las mascarillas que envi¨® Solomon eran defectuosas y la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intent¨® devolverlas sin ¨¦xito. El Ayuntamiento de Madrid a¨²n est¨¢ peleando por ello en los tribunales.

?Por qu¨¦ entonces el Govern ha iniciado la declaraci¨®n de nulidad del contrato si la mayor¨ªa de contratos en Espa?a se firmaron bajo la misma ausencia de requisitos? Hay que remontarse a marzo de 2023. Hab¨ªan pasado tres a?os desde que se detect¨® que el lote de mascarillas que el Ejecutivo de Armengol hab¨ªa adquirido a la empresa de la trama Koldo no eran las que hab¨ªan pedido (FFP2) y decidieron reclamar la diferencia de precio por unas mascarillas defectuosas. En agosto de ese a?o, ya con Marga Prohens (PP) al frente del Gobierno, tramitan esa reclamaci¨®n del dinero: 2,6 millones de euros; dan plazo a la empresa para que presente alegaciones y fijan el 18 de enero de 2024 para resolver el expediente. Y, sin que la causa avance por falta de respuesta de la administraci¨®n balear, dejan caducar el expediente de reclamaci¨®n. El Govern balear alega que por un error en los meses de plazo indicados.

Con el expediente caducado, los casi 3 millones de euros perdidos por los ciudadanos de Baleares, y el caso Koldo en cada informativo ¡ªun auto de la Audiencia Nacional ve indicios de que Koldo Garc¨ªa pudo influir en que el tr¨¢mite expirase¡ª llegan a la v¨ªspera de Semana Santa y anuncian que pretenden anular por completo el contrato. Una medida que cuestiona cientos de contratos que se firmaron en Espa?a en los peores momentos de la crisis sanitaria.