?Qui¨¦n controla a los jueces? La polarizaci¨®n pone en el punto de mira a los magistrados

¡°?Qui¨¦n nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patol¨®gico con rasgos claros de psic¨®pata sin l¨ªmites ¨¦ticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa?¡±. Es uno de los tuits del juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil n¨²mero 11 de Madrid y miembro de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial proh¨ªbe a lo...

¡°?Qui¨¦n nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patol¨®gico con rasgos claros de psic¨®pata sin l¨ªmites ¨¦ticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa?¡±. Es uno de los tuits del juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil n¨²mero 11 de Madrid y miembro de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial proh¨ªbe a los magistrados dirigir ¡°felicitaciones o censuras¡± a las autoridades. Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene entre sus funciones la disciplinaria, decidi¨® archivar el expediente contra De Lara al considerar que no hab¨ªa quedado acreditado que en el momento de hacer esas cr¨ªticas invocara su condici¨®n de juez. El organismo se expres¨® en una l¨ªnea similar tras las cr¨ªticas lanzadas en Facebook por Manuel Pi?ar, el juez que conden¨® a Juana Rivas por secuestro de menores, contra el ¡°comunismo feminazi¡±, las pol¨ªticas de igualdad ¡ªlas llam¨® ¡°bazofia¡±¡ª o el propio Tribunal Supremo a prop¨®sito del caso ERE ¡ª¡±Esto demuestra hasta qu¨¦ punto tenemos una basura de justicia y la principal el Tribunal Supremo¡±¡ª.

La autoridad disciplinaria del CGPJ archiv¨® el expediente contra Pi?ar al entender que en la red social ¡°no se hace invocaci¨®n expresa de su condici¨®n profesional¡±. El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha pedido que se actualice la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (la que ya proh¨ªbe las ¡°felicitaciones o censuras¡± a autoridades) para poder sancionar este tipo de conductas en redes sociales. Desde el Consejo explican que ¡°aparentemente la ley es muy clara¡±, pero en Derecho, a?aden, ¡°hay que sopesar los derechos en conflicto y hay abundante jurisprudencia del Supremo en el sentido de que prevalece la libertad de expresi¨®n del juez¡±.

La Comisi¨®n de ?tica Judicial tambi¨¦n aval¨® las concentraciones con toga ante diversos tribunales de toda Espa?a contra la ley de amnist¨ªa. Es un organismo independiente del Consejo elegido por jueces de carrera. Y el propio CGPJ ¡ªentonces con el mandato caducado¡ª hab¨ªa sido el primero en criticar la amnist¨ªa. Lo hizo antes incluso de conocer el texto, en noviembre de 2023, a trav¨¦s de una ¡°declaraci¨®n institucional¡± que afirmaba que la norma supondr¨ªa ¡°la abolici¨®n del Estado de Derecho¡± y se?alaba directamente lo que el Poder Legislativo ¡°no puede¡± hacer.

Los integrantes del Poder Judicial son, de acuerdo a la Constituci¨®n, ¡°independientes, inamovibles y responsables¡± y est¨¢n sometidos ¡°¨²nicamente al imperio de la ley¡±. El contexto de alta polarizaci¨®n y el debate abierto, por un lado, sobre la politizaci¨®n de la justicia; y, por otro, sobre la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y el llamado lawfare ha puesto todo eso en entredicho, como evidencian las encuestas que miden los ¨ªndices de confianza ciudadana en la Justicia.

En Espa?a hay cerca de 5.500 jueces, pero unos pocos acaparan titulares por decisiones que afectan al poder Ejecutivo o Legislativo. Est¨¢n aforados y por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Adem¨¢s de esa v¨ªa penal para resolver querellas, por ejemplo, por prevaricaci¨®n, est¨¢ la del CGPJ, que cuenta con una Comisi¨®n y un Promotor de la Acci¨®n Disciplinaria (ahora no hay porque ces¨® con el anterior Consejo y est¨¢ pendiente nombrar a uno nuevo). El promotor funciona como una especie de juez instructor cuando recibe una queja o denuncia ¡ªno act¨²a de oficio ni fiscaliza a los magistrados¡ª. El ¨®rgano de gobierno de los jueces explica que la mayor¨ªa son archivadas porque imputan delitos al denunciado ¡ªen ese caso la v¨ªa ha de ser la penal¡ª o tienen que ver con disconformidades con sus decisiones ¡ªo que ha de resolverse por recurso dentro del procedimiento¡ª. Las sanciones pueden ir desde el apercibimiento a la expulsi¨®n. Seg¨²n la ¨²ltima memoria del CGPJ, su comisi¨®n disciplinaria alcanz¨® 17 acuerdos en 2022: cinco de archivo y 12 sancionadores. La mayor¨ªa de esas resoluciones de sanci¨®n ten¨ªan que ver con retrasos e incumplimiento de horarios y fueron castigados con multas (de entre 301 y 3.000 euros).

¡°En la ¨¦lite judicial, algunos representantes se han dado cuenta de que tienen en sus manos a quienes representan al Ejecutivo y al Legislativo¡±

Baltasar Garz¨®n

EL PA?S ha consultado a media docena de expertos sobre el grado de eficacia de esos mecanismos de vigilancia y sanci¨®n. Dos de los magistrados entrevistados, que conocen por dentro la funci¨®n disciplinaria, piden el anonimato para evitar que sus declaraciones afecten a su capacidad para intentar mejorarla. ¡°A lo largo de mi carrera ¡ªexplica uno de ellos¡ª he aplicado muchas leyes que no me gustaban. Los jueces no estamos para discrepar de lo que hace el Poder Legislativo. El nivel de politizaci¨®n y de disposici¨®n de algunos jueces a entrar en el debate pol¨ªtico ha sobrepasado todos los l¨ªmites. En el chat que tenemos todos los jueces llegaron a colgar modelos de auto para plantear cuestiones prejudiciales por la amnist¨ªa. Hay polarizaci¨®n, pero los jueces est¨¢n m¨¢s politizados que la mayor¨ªa de la sociedad. Hay asociaciones comport¨¢ndose como partidos pol¨ªticos¡±.

Para este magistrado, que forma parte de la c¨²pula judicial, se presentan pocas querellas contra los jueces por desconfianza en el sistema: ¡°El control lo ejercen otros jueces y perro no muerde perro. Muy pocos abogados se atreven a meterse con un juez, porque temen que les cojan man¨ªa, y los colegios profesionales tampoco los ayudan. Y luego est¨¢ la v¨ªa disciplinaria del Consejo, donde incluso cuando hay sanciones por hechos acreditados, hay casos que terminan absueltos por prescripci¨®n¡±. El CGPJ sancion¨® con 12 a?os de suspensi¨®n, por ejemplo, a Juan de Dios Anguita por juzgar casos en los que se dirim¨ªan intereses econ¨®micos que les afectaban directamente a ¨¦l y a su esposa, y el Supremo anul¨® la decisi¨®n un a?o despu¨¦s, al considerar que se hab¨ªan sobrepasado los plazos legales.

Otra magistrada carga el peso de la culpa sobre ¡°la triste situaci¨®n actual¡± en otro lado: ¡°?Por qu¨¦ los jueces ocupan tanto espacio en los medios? Porque se ha judicializado la pol¨ªtica. Est¨¢n utilizando a los jueces para intentar hacer da?o pol¨ªtico. Ese es el problema de base: utilizar al Poder Judicial para controlar al Ejecutivo y al Legislativo. Pero la soluci¨®n ahora no puede ser restringir la libertad del juez, sino que los pol¨ªticos y sus asociaciones afines saquen sus zarpas de la pol¨ªtica. Me parece m¨¢s importante que el juez tenga libertad para actuar a que sea sancionado¡±.

¡°He sido poder Legislativo, Judicial y he visto de cerca al Ejecutivo, pero nunca he tenido tanto poder como los 20 a?os que fui jueza de instrucci¨®n¡±

Victoria Rosell

Para Joaquim Bosch, magistrado de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, progresista, ¡°la alta polarizaci¨®n¡± ha tra¨ªdo ¡°cierta sobreactuaci¨®n en el ¨¢mbito judicial¡±. ¡°Los partidos han extendido a los tribunales el terreno de la contienda pol¨ªtica. Por eso es muy importante que los jueces admitan las querellas solo cuando hay claros indicios de delito y no se dejen instrumentalizar. Tenemos que ser vigilados y controlados porque cualquier poder sin l¨ªmites termina abusando. Pero los ¨®rganos judiciales que han de hacer de contrapeso y que deber¨ªan tener los m¨¢ximos niveles de imparcialidad son los m¨¢s expuestos a las injerencias partidistas, como ha se?alado el Consejo de Europa. Que un juez pueda actuar de manera dolosa pensando que desde arriba se le puede proteger es un problema¡±, a?ade. La APM envi¨® el pasado julio una carta a la Comisi¨®n Europea ¡±alertando de los ataques¡± contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la investigaci¨®n a la esposa del presidente del Gobierno, Bego?a G¨®mez. En un comunicado, el colectivo conservador afirmaba: ¡°Nuestro ordenamiento jur¨ªdico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales¡±. Para su presidenta, Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, son esos ataques, y no la actuaci¨®n de los jueces, los que socavan la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Alba contra Rosell: Una batalla de ocho a?os y 86.000 euros

Uno de los casos considerados paradigm¨¢ticos de control a los jueces por abusar de su poder en realidad no lo es, sostiene su v¨ªctima, en este caso otra juez. Se trata de la condena a Salvador Alba por conspirar contra una compa?era, Victoria Rosell, para beneficiar a Jos¨¦ Manuel Soria, ministro de Mariano Rajoy y hombre fuerte del PP en Canarias, cuando ella dio el salto a la pol¨ªtica en las listas de Podemos. Alba, que sustituy¨® a Rosell en su juzgado, cit¨® en su despacho al empresario Miguel ?ngel Ram¨ªrez, al que su predecesora hab¨ªa estado investigando. Pretend¨ªa que la jueza terminara siendo la investigada, como as¨ª fue. Lo que no sab¨ªa Alba es que el empresario hab¨ªa grabado esa conversaci¨®n.

¡°Me dijo que quer¨ªa cargarse a esa ¡®hija de puta¡¯. Quer¨ªa acabar con su carrera judicial y con su carrera pol¨ªtica¡±, relat¨®. El magistrado fue expulsado de la carrera y condenado finalmente a seis a?os de c¨¢rcel, pero el proceso fue largo y dif¨ªcil. ¡°El mensaje mayoritario que recib¨ªa¡±, recuerda Rosell, ¡°con algunas honrosas excepciones, era: ¡®D¨¦jalo pasar¡¯. Fue una batalla de ocho a?os que me cost¨® la salud, la vida familiar y 86.000 euros en total. Por eso me gustar¨ªa deshacer el mito de que yo personifico que el control a los jueces funciona. Si no llega a ser porque ese empresario decidi¨® actuar contra un juez sin escr¨²pulos, nunca lo habr¨ªan condenado¡±.

En 2005, el juez Alba hab¨ªa presentado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de G¨¦nero del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (PSOE). ¡°Los juzgados de violencia son tribunales de excepci¨®n¡±, asegur¨® entonces en una entrevista en EL PA?S. Rosell fue delegada del Gobierno contra la violencia de g¨¦nero. ¡°He sido ¡ªexplica la exmagistrada¡ª poder Legislativo, Judicial y he visto de cerca el Ejecutivo, pero nunca he tenido tanto poder como los 20 a?os que fui jueza de instrucci¨®n. Y en una situaci¨®n de exceso de poder, la ideolog¨ªa puede ponerse por encima de la ley. A todo poder le corresponde una gran responsabilidad, pero en el caso de los jueces no hay contrapesos suficientes¡±. Una de las soluciones, apunta, es la reforma planteada para que la instrucci¨®n pase a los fiscales, con un juez de garant¨ªas, y acabar as¨ª con ¡°el inmenso poder del juez instructor, una anomal¨ªa en Europa¡±.

Esa es una de las propuestas de regeneraci¨®n democr¨¢tica planteadas por la organizaci¨®n +Democracia, adem¨¢s de ¡°incorporar, de nuevo, la responsabilidad personal de jueces y fiscales¡±, que fue retirada en 2015. En Alemania, el fiscal inicia y dirige la investigaci¨®n con apoyo del magistrado como juez de garant¨ªas y puede archivar una causa. En Italia, el juez de garant¨ªas decide la adopci¨®n de medidas cautelares, la intercepci¨®n telef¨®nica o la pr¨¢ctica anticipada de medios de prueba a instancias del Ministerio P¨²blico. En Reino Unido, la investigaci¨®n corresponde a la Polic¨ªa y la intervenci¨®n del crown prosecutor o fiscal de la Corona. En Portugal, la investigaci¨®n preliminar se encomienda al fiscal y la instrucci¨®n, que solo se abre a instancias del imputado, al juez.

Rosell propone, adem¨¢s, formaci¨®n legal ¡°desde la ESO¡±: ¡°No saber nada de Derecho¡±, afirma, ¡°es no conocer las reglas de tu propia sociedad y, por tanto, que te puedan manipular¡±. Pero ¡°el gran problema¡±, a su juicio, ¡°es el corporativismo¡±, que a veces tambi¨¦n ha servido para ¡°perseguir a un magistrado¡±, como le ocurri¨® a Baltasar Garz¨®n, que lleg¨® a tener tres causas abiertas por prevaricaci¨®n y fue finalmente condenado a 11 a?os de inhabilitaci¨®n por intervenir las comunicaciones en la c¨¢rcel de los corruptos de la trama G¨¹rtel con sus abogados.

¡°Partido (pol¨ªtico) Judicial¡±

Garz¨®n comparte las cr¨ªticas al sistema de control. ¡°En la ¨¦lite judicial¡±, afirma, ¡°especialmente en el Supremo, algunos representantes se han dado cuenta de que tienen en sus manos a quienes representan al Ejecutivo y al Legislativo, al estar aforados¡±. ¡°Eso ha convertido al Poder Judicial en una suerte de Partido (pol¨ªtico) Judicial que no respeta las reglas y mecanismos pol¨ªticos, sino que los manipula usando el C¨®digo Penal¡±, sostiene.

¡°Los procesos son largos ¡ªa?ade¡ª y se confunde la no intromisi¨®n en la funci¨®n jurisdiccional con la mala praxis judicial que raya en la prevaricaci¨®n, con la prospecci¨®n y actuaci¨®n coordinada con actores pol¨ªticos y medi¨¢ticos. La tolerancia con los comportamientos de alg¨²n juez que instruye un caso que afecta a los aleda?os del palacio de La Moncloa o aquel que ve mecanismos de inveros¨ªmiles espionajes en el proc¨¦s ponen en evidencia que los controles disciplinarios se aplican o no en funci¨®n del juez y del caso de que se trate. Eso lleva a que la desconfianza hacia la Justicia se extienda cada vez m¨¢s¡±. Falta, a su juicio, ¡°transparencia y control sobre las actividades colaterales de jueces y fiscales¡± y propone ¡°modificar el sistema de participaci¨®n en la justicia de partidos pol¨ªticos y el de contrapesos y controles¡± y que intervenga, por ejemplo, un jurado en los juicios contra jueces. Sobre su propia condena, Garz¨®n afirma: ¡°Fui un aviso para navegantes. El juez que continu¨® el caso prorrog¨® la interceptaci¨®n de las comunicaciones en prisi¨®n a los m¨¢ximos responsables de G¨¹rtel y nadie dijo lo m¨¢s m¨ªnimo. El Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU estableci¨® que mi condena fue ¡®arbitraria e imprevisible¡¯ y pidi¨® a Espa?a que borre mis antecedentes penales proporcion¨¢ndome ¡®una compensaci¨®n adecuada por el da?o sufrido¡¯. A d¨ªa de hoy, sigo a la espera¡±.