Cargos del PP acumulan ya m¨¢s de 100 a?os de c¨¢rcel por corrupci¨®n en los gobiernos de Aguirre

Alfredo Prada, vicepresidente segundo del primer Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2007), se las promet¨ªa muy felices cuando su jefa le encarg¨®, reci¨¦n elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, un proyecto lleno de luces y de dinero perfecto para brillar. Aguirre decidi¨® levantar en un descampado del noreste de Madrid la futura Ciudad de la Justicia donde concentrar todos los ¨®rganos judiciales, entonces (y ahora) muy dispersos y deteriorados.

La gesti¨®n de Prada al frente de la sociedad p¨²blica Ciudad de la Justicia le llev¨® de urgencia a contratar a dedo a Norman Foster, estrella internacional de la arquitectura, y a publicitar en los medios de comunicaci¨®n m¨¢s edificios dise?ados por los mejores del mundo. Todo ello fue ¡°compartido con entusiasmo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta al frente¡±, seg¨²n se?ala la ¨²ltima sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a siete a?os de c¨¢rcel a Alfredo Prada por un delito de prevaricaci¨®n en concurso medial con otro de malversaci¨®n agravada. El tribunal considera probado el ama?o de hasta 24 contratos por 40 millones de euros gastados en la construcci¨®n del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011. Aquel proyecto luminoso que Aguirre encarg¨® a su vicepresidente es hoy un secarral abandonado, con un solo edificio levantado a medias y un coste superior a 200 millones de euros tirados a la basura.

La condena a Alfredo Prada cierra el c¨ªrculo sobre lo que ya es, seg¨²n los tribunales, el Gobierno m¨¢s corrupto en los 42 a?os de historia de la Comunidad de Madrid. La c¨²pula de ese Ejecutivo y otros cargos del PP, a excepci¨®n de Aguirre, acumulan m¨¢s de 100 a?os de c¨¢rcel en distintas condenas por corrupci¨®n. Varios de sus dirigentes se enfrentar¨¢n en los pr¨®ximos meses a penas parecidas en juicios pendientes.

El vicepresidente primero, Ignacio Gonz¨¢lez, estuvo nueve meses en prisi¨®n preventiva. El fiscal pide altas penas de c¨¢rcel para Gonz¨¢lez en tres causas distintas: la compra de una empresa brasile?a por el Canal de Isabel II, operaci¨®n ruinosa con un sobreprecio que supuestamente se repartieron directivos de la empresa p¨²blica; el tren a Navalcarnero, una obra privatizada que se qued¨® empantanada; y la construcci¨®n de un campo de Golf en el centro de Madrid, idea de Esperanza Aguirre.

El vicepresidente segundo, Alfredo Prada, condenado ahora a siete a?os de c¨¢rcel, fue expulsado por Aguirre de su Gobierno cuando supo que apoyaba a Rajoy en la pugna que ella intent¨® por el liderazgo del partido; una investigaci¨®n judicial que acab¨® en juicio y sin condena acredit¨® que Prada hab¨ªa sido espiado por agentes de seguridad de la Comunidad de Madrid.

La trama G¨¹rtel, la red m¨¢s extensa de corrupci¨®n que coloniz¨® al PP durante una d¨¦cada, ech¨® ra¨ªces en la Comunidad de Madrid, donde logr¨® a dedo decenas de contratos, muchos dedicados a eventos de lucimiento de Aguirre y propaganda de su Gobierno. El viceconsejero Alberto L¨®pez Viejo ¡ªluego nombrado por ella misma consejero de Deportes¡ª cobraba de las empresas beneficiarias una comisi¨®n por cada acto celebrado. Fue condenado a 27 a?os de c¨¢rcel.

Aguirre nombr¨® a Guillermo Ortega director general de una empresa p¨²blica tras hacerle dimitir como alcalde de Majadahonda como sospechoso de corrupci¨®n. Fue condenado en el caso G¨¹rtel a 40 a?os de c¨¢rcel. Otros dos alcaldes del PP fueron condenados en la misma causa: Jes¨²s Sep¨²lveda (Pozuelo de Alarc¨®n, 14 a?os de prisi¨®n) y Arturo Gonz¨¢lez (Boadilla del Monte, 36 a?os).

Francisco Granados, secretario general del PP- Madrid, consejero auton¨®mico y senador con Aguirre al frente del partido, fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel; pas¨® m¨¢s de tres a?os en prisi¨®n preventiva por el caso P¨²nica y ahora se enfrenta a altas penas de c¨¢rcel por el caso de la financiaci¨®n ilegal del PP-Madrid durante el mandato de Aguirre.

Esta causa sentar¨¢ tambi¨¦n en el banquillo al gerente del PP-Madrid, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, y a la directora de comunicaci¨®n de Aguirre, Isabel Gallego. La fiscal¨ªa les atribuye haber colaborado en financiar ilegalmente las campa?as de imagen de la propia Aguirre o los actos electorales del PP-Madrid con Aguirre de candidata a presidenta.

El juez admite que la gran beneficiaria de los supuestos delitos cometidos por los dirigentes imputados fue la expresidenta madrile?a, pero no se pudo acreditar que ¡°Aguirre tuviese conocimiento ni de la contrataci¨®n de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de c¨®mo se abonaban los mismos¡±. Isabel Gallego rebati¨® esta tesis en su recurso: ¡°Aguirre era y es perfectamente conocedora de las noticias que se publican y que era de su inter¨¦s como presidenta que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario¡±. Las acusaciones pidieron, sin ¨¦xito, que Aguirre fuera a juicio, al menos en calidad de part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de los delitos cometidos por sus colaboradores.

Estas causas judiciales se abrieron en 2014, cuando Aguirre ya hab¨ªa dimitido por motivos personales como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero segu¨ªa presidiendo el PP-Madrid. Lo hizo hasta 2017, cuando dimiti¨® tras conocer que un juez hab¨ªa enviado a prisi¨®n provisional a quien hab¨ªa sido durante tanto tiempo su vicepresidente, Ignacio Gonz¨¢lez. Entonces declar¨®: ¡°Me siento enga?ada y traicionada. No vigil¨¦ todo lo que deb¨ªa. Por eso dimito¡±.

La sentencia que conden¨® a parte del PP valenciano por financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s de contratistas de la administraci¨®n auton¨®mica dej¨® una conclusi¨®n parecida a la que durante un tiempo mantuvo la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n para pedir la imputaci¨®n de Aguirre: ¡°Quien se pone en situaci¨®n de ignorancia deliberada sin querer saber aquello que puede y debe saber, debe responder de las consecuencias¡±.