El Consejo de Europa advierte de que imponer el 25% de castellano en las aulas atenta contra la protecci¨®n del catal¨¢n

El Consejo de Europa ve con ¡°gran preocupaci¨®n¡± las sentencias que obligan en Catalu?a a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en el sistema educativo y que han sido confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC). Esa imposici¨®n, advierten los expertos que revisan regularmente el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, va en contra de este tratado internacional que Espa?a ratific¨® en 2001 ¡ªbajo un gobierno del PP¡ª y que busca proteger y promover el uso de estas lenguas tanto en la vida privada como en la p¨²blica.

El informe, publicado este martes, tambi¨¦n alerta de un ¡°deterioro de la situaci¨®n¡± de las lenguas minoritarias o regionales en varias comunidades aut¨®nomas, ¡°especialmente Arag¨®n, Baleares y Comunidad Valenciana¡±, gobernadas hasta ahora por el PP gracias al apoyo de Vox, en el momento en que los expertos realizaron la visita al pa¨ªs, el pasado enero. El empeoramiento se debe a la ¡°adopci¨®n de legislaci¨®n o medidas que obstaculizan la implementaci¨®n¡± de las obligaciones bajo la Carta, o bien ¡°a la ausencia de medidas para cambiar una situaci¨®n que no es compatible con el nivel de protecci¨®n previsto¡± en el tratado.

Un convenio en el que Espa?a, recuerda el Consejo de Europa, decidi¨® ¡°optar por el nivel de protecci¨®n m¨¢s alto¡± de estas lenguas. La ratificaci¨®n del documento se hizo durante el Gobierno del PP bajo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en 2001. El instrumento de ratificaci¨®n lleva la firma del entonces ministro de Exteriores, Josep Piqu¨¦. Los expertos recuerdan que ese compromiso se traduce en garantizar la educaci¨®n en lenguas regionales o minoritarias, tanto en preescolar como en primaria y secundaria. Algo que, subrayan, ¡°implica que la ense?anza se imparta en la lengua regional o minoritaria, salvo por la ense?anza del castellano, como la lengua oficial del Estado, y las de lenguas extranjeras¡±.

Pero es la cuesti¨®n de las sentencias sobre el castellano en Catalu?a la que m¨¢s inquieta al Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo. En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) hizo p¨²blica la hist¨®rica sentencia en la que obligaba a las escuelas catalanas a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano; la resoluci¨®n adquiri¨® firmeza un a?o m¨¢s tarde. Para proteger el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y garantizar que el catal¨¢n sigue siendo la lengua vehicular en las aulas, la Generalitat respondi¨® con la aprobaci¨®n de un decreto que, entre otras cosas, impide fijar porcentajes en los proyectos ling¨¹¨ªsticos desarrollados por las escuelas e institutos p¨²blicos. El TSJC admiti¨® que, con esa ley, la sentencia sobre el 25% no se pod¨ªa aplicar. El decreto, sin embargo, fue recurrido ante el tribunal, que lo suspendi¨® de forma cautelar el pasado julio a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

¡°El comit¨¦ de expertos entiende que establecer un porcentaje m¨ªnimo de ense?anza en castellano para cada escuela va, claramente, en contra de los principios aceptados por Espa?a bajo el art¨ªculo 8 de la Carta¡±, se?ala el informe en relaci¨®n con los compromisos adoptados para garantizar la educaci¨®n ¡°en las lenguas regionales o minoritarias relevantes¡± en todas las etapas del sistema educativo.

Por ello, consideran que las autoridades estatales deber¨ªan tomar ¡°todas las medidas necesarias para remediar la situaci¨®n y asegurar la implementaci¨®n correcta de todas las garant¨ªas a las que se comprometi¨®¡±. Los expertos subrayan, para que no quede lugar a dudas de a qu¨¦ se refieren, a que, ¡°en particular, la sentencia final del TSJC ordenando la implementaci¨®n de un m¨ªnimo de 25% de ense?anza en castellano en el sistema educativo catal¨¢n constituye una fuente de gran preocupaci¨®n¡±.

¡°Flexibilidad¡±

Los expertos reconocen que este principio debe ser aplicado de ¡°forma flexible¡± y recuerdan al respecto que la propia Carta estipula que la protecci¨®n de las lenguas minoritarias o regionales ¡°no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas¡± en Espa?a. En este sentido, indican que ¡°en ciertas escuelas, seg¨²n su entorno socioling¨¹¨ªstico, salvaguardar el aprendizaje de la lengua oficial del Estado puede resultar en la necesidad de reforzar su ense?anza, us¨¢ndola como medio de instrucci¨®n para una o m¨¢s materias¡±. Y consideran que si ¡°surgiera esa necesidad¡± en casos concretos, esto seguir¨ªa siendo compatible con los compromisos de la Carta. Pero imponer una cuota m¨ªnima generalizada, como hace la sentencia, contraviene ¡°claramente¡± dichos compromisos, recalca.

El informe del Consejo de Europa, un organismo que aglutina a 46 Estados y tiene su sede en Estrasburgo, choca de frente con las conclusiones que emitieron los eurodiputados ¡ªen su mayor¨ªa conservadores¡ª que, a instancias del PP, visitaron en diciembre del a?o pasado Catalu?a para analizar el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en las escuelas catalanas. La misi¨®n para analizar la ¡°persecuci¨®n del espa?ol en la pol¨ªtica catalana¡±, aprobada por la Comisi¨®n de Peticiones de la Euroc¨¢mara, en aquel entonces presidida por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, conclu¨ªa que el Gobierno catal¨¢n ¡ªde ERC en aquel momento¡ª ¡°no est¨¢ aplicando actualmente¡± las sentencias que obligan a garantizar un 25% de clases en espa?ol en el sistema educativo y, tras lamentar la ¡°polarizaci¨®n¡± en la materia, acusaba a la Generalitat de que no se plantee un modelo alternativo.

El informe de evaluaci¨®n presentado este martes se basa, precisa el Consejo de Europa, en la informaci¨®n proporcionada por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, as¨ª como por la visita realizada por el comit¨¦ de expertos en enero de este a?o.

En l¨ªneas generales, concluye que Espa?a tiene un sistema bien desarrollado para la protecci¨®n y promoci¨®n de sus lenguas regionales y minoritarias. Y destaca en este sentido el hecho de que, desde el a?o pasado, el uso de las lenguas cooficiales es posible en el Congreso de Diputados y el Senado. Aun as¨ª, considera que se requieren ¡°m¨¢s esfuerzos¡± para atender las ¡°lagunas¡± existentes en materia de cumplimiento del tratado. Los principales ¡°desaf¨ªos¡± se dan en materia de justicia, administraci¨®n estatal, suministro de servicios p¨²blicos e intercambios transfronterizos, que son, se?ala, jurisdicci¨®n de las autoridades estatales espa?olas.