La agenda judicial marca la pol¨ªtica en 2025: de la vista contra el clan Pujol a las causas que salpican al entorno de S¨¢nchez y Ayuso

La actividad de los tribunales ha repercutido siempre en el debate p¨²blico, pero dicho fen¨®meno se ha multiplicado en los ¨²ltimos a?os con el intenso proceso de judicializaci¨®n de la pol¨ªtica que vive Espa?a. Y poco cambiar¨¢ en 2025. La agenda estar¨¢ marcada por los avances que deparen las causas que salpican al Gobierno de Pedro S¨¢nchez (PSOE) y a su entorno ¡ªa las que se ha entregado la oposici¨®n¡ª, as¨ª como por las novedades que arroje la instrucci¨®n abierta contra la pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso (PP) por fraude fiscal ¡ªen las que conf¨ªa la izquierda¡ª. A todo ello se suman varios juicios de gran trascendencia programados ya para este ejercicio: como la vista oral contra el clan Pujol.

El ¡®caso Koldo¡¯ y ?balos. Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, est¨¢ a la espera de que el Congreso de los Diputados suspenda la inmunidad de Jos¨¦ Luis ?balos para poder investigar su implicaci¨®n en la supuesta trama corrupta que tuvo como epicentro el Ministerio de Transportes durante su etapa al frente de ese departamento (entre 2018 y 2021). El pleno de la C¨¢mara baja tiene que aprobar el suplicatorio (el permiso para que la justicia pueda actuar contra un aforado) y fuentes parlamentarias se?alan que la votaci¨®n podr¨ªa celebrarse en la pr¨®xima sesi¨®n, prevista en febrero, aunque se estudia si adelantarla a finales de este mismo enero. El PSOE, partido del que ?balos fue secretario de Organizaci¨®n, ya ha avanzado que votar¨¢ a favor, por lo que se da por hecho que el Parlamento dar¨¢ luz verde a la investigaci¨®n del actual diputado del Grupo Mixto.

Ser¨¢ entonces cuando el magistrado pueda indagar en el patrimonio o en las comunicaciones del exministro para esclarecer si recibi¨® alg¨²n tipo de contraprestaci¨®n a cambio de favorecer la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos a determinadas empresas, como sostienen la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Guardia Civil. M¨¢s all¨¢ de las exageraciones de la oposici¨®n, el Gobierno es consciente de la solidez de estas pesquisas judiciales. Y el instructor cree que hay indicios de que ?balos cometi¨®, al menos, cuatro delitos: integraci¨®n en organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y cohecho. La causa del Supremo abarca tambi¨¦n a los dos supuestos cabecillas de la trama, el empresario V¨ªctor de Aldama y el exasesor del ministro Koldo Garc¨ªa, aunque solo en los hechos que implican a ?balos. El resto de la investigaci¨®n sobre la red corrupta sigue en la Audiencia Nacional, a cargo del juez Ismael Moreno, que encabez¨® esta compleja instrucci¨®n hasta cercar al exdirigente socialista.

Investigaci¨®n al fiscal general del Estado. El magistrado del Supremo ?ngel Hurtado tiene que decidir en los pr¨®ximos meses el futuro de una causa ins¨®lita: la primera investigaci¨®n judicial a un fiscal general del Estado de la democracia. El alto tribunal pretende esclarecer la supuesta filtraci¨®n de un correo electr¨®nico que envi¨® a la Fiscal¨ªa el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, imputado por fraude a Hacienda y pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso, para buscar un acuerdo que le librara de la c¨¢rcel. Ese email desment¨ªa el bulo que estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrile?a de que era el ministerio p¨²blico el que hab¨ªa ofrecido un pacto a su pareja. El Supremo ha imputado por revelaci¨®n de secretos a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, pero el an¨¢lisis de los ordenadores y tel¨¦fonos de ambos no ha encontrado pruebas de que la filtraci¨®n partiera de ellos.

En el caso de Garc¨ªa Ortiz, la UCO no encontr¨® ning¨²n mensaje porque el fiscal general cambi¨® de tel¨¦fono recientemente. El juez ya ha avanzado que citar¨¢ pr¨®ximamente a declarar a los dos fiscales investigados. Adem¨¢s, pretende averiguar por qu¨¦ altos cargos de La Moncloa accedieron al correo del abogado de Gonz¨¢lez Amador antes de que se publicara en los medios. De momento, ha citado para el 8 y 9 de enero como testigos a ocho periodistas y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez; y el 16 y 21 de enero ha convocado a la fiscal superior de Madrid, al fiscal encargado de la investigaci¨®n a Gonz¨¢lez Amador y a los jefes de comunicaci¨®n de la Fiscal¨ªa General y de la Fiscal¨ªa de Madrid.

El fraude atribuido al novio de Ayuso. Mientras la causa contra el fiscal general del Estado avanza a toda velocidad en el Supremo, Gonz¨¢lez Amador ha logrado ralentizar el procedimiento iniciado contra ¨¦l en un juzgado de la capital por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. La instructora ha suspendido en tres ocasiones su declaraci¨®n como imputado y, ahora, se encuentra a la espera de que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre la decisi¨®n que adopt¨® de ampliar las pesquisas para investigar tambi¨¦n al novio de Ayuso por los delitos de corrupci¨®n en los negocios y administraci¨®n desleal ¡ªpor usar supuestamente una sociedad pantalla para facturar al Grupo Quir¨®n¡ª.

La esposa y el hermano del presidente. El entorno de S¨¢nchez no tendr¨¢ un segundo de respiro. El hermano del presidente, David S¨¢nchez, debe comparecer el pr¨®ximo 9 de enero como imputado ante la juez que lo investiga por las supuestas irregularidades en su contrataci¨®n en julio de 2017 por parte de la Diputaci¨®n de Badajoz. Ese mismo d¨ªa tambi¨¦n est¨¢ citado el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputaci¨®n, Miguel ?ngel Gallardo. Adem¨¢s, el juez Juan Carlos Peinado sigue adelante con la causa contra Bego?a G¨®mez: se encuentra a la espera de recibir los informes de la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias de la esposa de S¨¢nchez y, adem¨¢s, el 22 de enero ha llamado a declarar a representantes de Google Spain, Indra y Telef¨®nica para interrogarlos sobre sus inversiones en el software desarrollado por la c¨¢tedra vinculada a la mujer del jefe del Ejecutivo.

El cerco a Alvise. El Supremo decidir¨¢ en las pr¨®ximas semanas si abre una causa por financiaci¨®n ilegal al eurodiputado ultra Luis P¨¦rez, conocido como Alvise y l¨ªder de la agrupaci¨®n electoral Se Acab¨® la Fiesta (SALF). La Audiencia Nacional ha pedido al alto tribunal que lo investigue al considerar que existen indicios de que recibi¨® 100.000 euros en met¨¢lico de un empresario para sufragar su campa?a de los ¨²ltimos comicios al Parlamento Europeo. No es la ¨²nica causa que asoma en el horizonte judicial de Alvise, que acumula denuncias por revelaci¨®n de secretos, des¨®rdenes p¨²blicos, calumnias o amenazas. Algunas de ellas est¨¢n ya sobre la mesa del alto tribunal, el ¨®rgano competente para investigar a los eurodiputados, mientras que otras est¨¢n tramit¨¢ndose en otros ¨®rganos pero acabar¨¢n llegando al Supremo si se confirman los indicios. No obstante, si el alto tribunal decide encausarlo tendr¨¢ que pedir permiso a la Euroc¨¢mara para avanzar en cada investigaci¨®n, lo que las demorar¨¢ durante meses.

Esperada vista contra el clan Pujol. La Audiencia Nacional ha fijado para el 10 de noviembre el inicio del juicio contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Catalu?a, y sus siete hijos. La vista oral se ha hecho esperar cinco a?os desde que el magistrado instructor diese por acabada la investigaci¨®n sobre el clan Pujol y llega, adem¨¢s, cuando un sector del independentismo, encabezado por Junts, trata de rehabilitar la figura del exdirigente de la extinta Converg¨¨ncia. La Fiscal¨ªa pide nueve a?os de c¨¢rcel para el expresident por delitos de blanqueo y asociaci¨®n il¨ªcita por urdir, junto al resto de su familia, una trama para engordar su patrimonio con operaciones econ¨®micas irregulares, aprovech¨¢ndose de su enorme y prolongada influencia pol¨ªtica.

La amnist¨ªa a los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯. El Tribunal Supremo tiene que resolver a¨²n los ¨²ltimos recursos de los encausados en el proc¨¦s contra la decisi¨®n de no aplicarles la amnist¨ªa por el delito de malversaci¨®n, por el que fue condenado, entre otros, Oriol Junqueras, y por el que est¨¢ procesado Carles Puigdemont. El Supremo desestimar¨¢ las impugnaciones, pero hasta que no lo haga, los afectados no pueden acudir al Tribunal Constitucional, en cuya mayor¨ªa progresista tienen puestas las esperanzas de obtener la medida de gracia. No obstante, el tribunal de garant¨ªas tiene ya sobre la mesa m¨¢s de una veintena de impugnaciones sobre la ley de amnist¨ªa y prev¨¦ dictar antes del verano la primera sentencia, que marcar¨¢ en parte el camino para el resto.

Paralelamente, un sector del secesionismo catal¨¢n tiene puesta la mirada en el juicio que afronta Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, en la Audiencia Nacional desde noviembre por supuesto blanqueo de capitales procedentes del tr¨¢fico de drogas. La vista oral se prev¨¦ que acabe a finales de enero y la c¨²pula de Junts ya arrop¨® al letrado al inicio de la misma, cuando afirm¨® que el proceso contra Boye era un ¡°juicio pol¨ªtico¡± por haber defendido a dirigentes independentistas.

Otro juicio de G¨¹rtel. La trama liderada por el empresario Francisco Correa, que anid¨® en el coraz¨®n del PP hace dos d¨¦cadas, vuelve al banquillo. A partir del 17 de febrero, la Audiencia Nacional prev¨¦ enjuiciar la l¨ªnea de investigaci¨®n sobre el desembarco de la red corrupta en Arganda del Rey (Madrid), donde dio uno de sus grandes pelotazos. El sumario apunta que se repartieron 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras ama?ar el concurso. Entre los procesados se encuentra Gin¨¦s L¨®pez (PP), exalcalde de la localidad; y el constructor Fernando Mart¨ªn, expresidente del Real Madrid. Este es el pen¨²ltimo juicio programado del caso G¨¹rtel, que acumula ya 82 condenados a c¨¢rcel, entre todas las derivadas de las pesquisas. Una vez celebrada esta vista, ya solo quedar¨ªa la relativa a la estructura societaria urdida por la trama para blanquear dinero.

El beso de Rubiales a Hermoso. A partir del 3 de febrero, la Audiencia Nacional prev¨¦ acoger un juicio de repercusi¨®n internacional y, como se vio cuando estall¨® el esc¨¢ndalo, de gran trascendencia social y pol¨ªtica. El expresidente de la Real Federaci¨®n de Espa?ola de F¨²tbol (RFEF), Luis Rubiales, se sentar¨¢ en el banquillo acusado de agresi¨®n sexual por dar un beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y de, posteriormente, desplegar una campa?a de coacciones contra la deportista y su entorno para que salieran en p¨²blico a restar importancia a la acci¨®n del mandatario, que se encontraba cada vez m¨¢s acorralado. Junto a Rubiales, hay otros tres procesados: Albert Luque, exdirector de la selecci¨®n masculina; Jorge Vilda, exentrenador de la selecci¨®n femenina; y Rub¨¦n Rivera, exresponsable de marketing de la Federaci¨®n.