¡°Inquiokupaci¨®n¡±, el caos con los datos de la ¨²ltima campa?a de vivienda del PP

Puede escribirse ¡°inquiocupaci¨®n¡±, pero tambi¨¦n ¡°inquiokupaci¨®n¡±, con una ka que le da un barniz antisistema. De un modo u otro, es una palabra de moda en el PP. Aparece en planes y discursos, la pronuncian Alberto N¨²?ez Feij¨®o e Isabel D¨ªaz Ayuso, protagoniza convocatorias y reuniones e, incluso, figura en una ley andaluza en tramitaci¨®n. Pero los decibelios de la campa?a a bombo y platillo del PP en la que alerta de este problema contrastan con la ausencia de datos fiables en la que apoyarla. El partido, a trav¨¦s de Feij¨®o, ha difundido al menos un dato err¨®neo sobre el asunto. Adem¨¢s, trabaja con una estimaci¨®n sobre cuya fuente ha ofrecido versiones distintas antes de reconocer que est¨¢ anticuada. Y eso, cuando aporta cifras. A veces, no lo hace. El Gobierno de Madrid asegura que el fen¨®meno ¡°se ha extendido¡± sin aportar n¨²meros y el de Andaluc¨ªa tampoco justifica con estad¨ªsticas la inclusi¨®n de medidas contra el problema en su nueva norma.

La ¡°inquiocupaci¨®n¡± gan¨® protagonismo en el PP en el oto?o de 2024, cuando el partido la present¨® como un grave problema al esbozar su ¡°plan de vivienda¡±. En 2025, se ha convertido en moneda corriente. Para justificar su no al decreto ¨®mnibus el 22 de enero, Feij¨®o aleg¨® que la norma alentaba la ¡°inquiocupaci¨®n¡±. Unos d¨ªas despu¨¦s, el 30 de enero, el l¨ªder del PP se reuni¨® con la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n (PAO) que, al t¨¦rmino del encuentro, anunci¨® que hab¨ªa ¡°arrancado¡± al PP un compromiso de lucha contra la ¡°inquiokupaci¨®n¡± en sus comunidades y ayuntamientos. El propio Feij¨®o anunci¨® aquella misma jornada un ¡°plan espec¨ªfico¡± contra ¡°este problema¡±.

Luego le toc¨® a Isabel D¨ªaz Ayuso. La Comunidad de Madrid publicit¨® el 4 de febrero una reuni¨®n de representantes de la misma plataforma con la presidenta. Todo apunta a que los argumentos que escuch¨® resultaron convincentes a la l¨ªder madrile?a, porque la semana pasada afirm¨® que el riesgo de ¡°inquiocupaci¨®n¡± lastra la oferta de alquiler. Fue el mismo d¨ªa en que recibi¨® a Teresa, una mujer de 82 a?os cuyo marido, asegur¨® Ayuso, muri¨® por los ¡°problemas de salud¡± que le provocaron ¡°sus inquiocupas¡±, t¨¦rmino que tambi¨¦n usa la presidenta balear, Marga Prohens. ¡°Criminalizo a los okupas e inquiokupas¡±, ha dicho. Ayuso ha escrito al Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, para pedirle implicaci¨®n contra este fen¨®meno. El alcalde de Madrid, el popular Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, ha afirmado esta semana que la ¡°inquiocupaci¨®n¡± es ¡°un problema grav¨ªsimo¡±.

Indefinici¨®n conceptual

Pero, ?qu¨¦ es la ¡°inquiocupaci¨®n¡±? Ni est¨¢ en el C¨®digo Penal, ni hay en dicho texto ninguna figura en la que se encuadre. Mientras existe amplio consenso en considerar que los delitos de allanamiento y usurpaci¨®n se corresponden con lo que suele llamarse ocupaci¨®n, nada parecido hay en el caso de la ¡°inquiocupaci¨®n¡±. De corresponderse con algo, ser¨ªa con un incumplimiento de contrato privado. Se trata de un h¨ªbrido que ¡°no existe jur¨ªdicamente¡±, se?alaba en Actualidad Aseguradora el abogado Josep Conesa en 2022. ¡°O se es inquilino o se es okupa¡±, a?ad¨ªa.

El ¨²nico intento oficial de darle forma es el ya citado anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andaluc¨ªa, que define as¨ª la ¡°inquiocupaci¨®n¡±: ¡°Estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal¡±. ¡°Es una definici¨®n rid¨ªcula. La inquiocupaci¨®n no es un concepto, es un discurso. Tras comprobar que la alerta contra los okupas ha logrado apartar la atenci¨®n de los disparatados precios del alquiler, ahora se ampl¨ªa a los inquilinos, poni¨¦ndolos bajo sospecha, sobre todo a los pobres¡±, afirma Ib¨¢n D¨ªaz, profesor de Geograf¨ªa de la Universidad de Sevilla especializado en vivienda.

¡°Esta definici¨®n incumple el deber de precisi¨®n de los conceptos jur¨ªdicos e inventa un imposible estatus intermedio para el que Andaluc¨ªa no tiene competencias, porque la norma b¨¢sica es la ley estatal de arrendamientos urbanos¡±, sostiene I?igo Maguregui, asesor legal especializado en urbanismo y vivienda. La Consejer¨ªa de Vivienda de Andaluc¨ªa no ha respondido a las preguntas planteadas por este peri¨®dico.

Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma que se reuni¨® con Feij¨®o y Ayuso, admite que la ¡°inquiocupaci¨®n no existe como delito¡±, pero se?ala que est¨¢ ¡°totalmente aceptada¡± como ¡°fen¨®meno social¡±. Y subraya que incluso la Fundaci¨®n del Espa?ol Urgente reconoce el neologismo ¡ªal igual ha hecho con ¡°mena¡±¡ª. Bravo mete en la cesta de los ¡°inquiocupas¡± a todos los que incurran en ¡°impago voluntario y/o intencionado¡± de la renta, un fen¨®meno, dice, facilitado por las normas para proteger a inquilinos ¡°vulnerables¡± introducidas desde la pandemia, que dan ¡°garant¨ªas a las personas que no pagan¡±, lo que incentiva la ¡°picaresca espa?ola¡±.

Los l¨ªmites de la estad¨ªstica

Si conceptualmente la ¡°inquiocupaci¨®n¡± es dif¨ªcil de precisar, tambi¨¦n lo es capturarla en el plano estad¨ªstico. A pesar del parentesco de las palabras, no tiene jur¨ªdicamente nada que ver con la ocupaci¨®n, que se suele medir con datos de allanamientos y usurpaciones del INE, de la Fiscal¨ªa General del Estado y del Ministerio del Interior. En ninguna de esas bases de datos, que muestran que la ocupaci¨®n no es un problema usual ni en aumento, entra la ¡°inquiocupaci¨®n¡±. Es un asunto aparte.

La falta de definici¨®n hace dif¨ªcil saber en qu¨¦ estad¨ªsticas buscar cifras de ¡°inquiocupaci¨®n¡±, se?alan fuentes judiciales. Una posibilidad son las sentencias estimatorias ¡ªtotal o parcialmente¡ª tras denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o de la fianza. La serie que permite seguir la evoluci¨®n de estas sentencias es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ?Y qu¨¦ muestra? Que el n¨²mero desciende: de 14.514 en 2021 a 13.503 en 2022 y 10.805 en 2023. En cuanto a 2024, solo hay datos de los tres primeros trimestres, 7.560, que son menos que en el mismo periodo del a?o anterior, 7.823. Nada en la estad¨ªstica apunta a un fen¨®meno descontrolado. Va a la baja.

Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n, seg¨²n el cual la ¡°inquiocupaci¨®n¡± ha subido ¡°exponencialmente¡±, afirma que la estad¨ªstica del CGPJ no es representativa porque excluye los desahucios suspendidos por vulnerabilidad antes de que haya sentencia, o todas las situaciones en que ni siquiera hay denuncia.

Coincide la abogada Elsa Manzano, cuyo despacho gestiona ¡°desahucios expr¨¦s¡±, que afirma que la estad¨ªstica es ¡°insuficiente¡±, ya que a causa de las medidas de protecci¨®n a vulnerables hay procedimientos que quedan parados antes de la sentencia, as¨ª que ¡°no se computan¡±. Manzano, que sostiene que el fen¨®meno est¨¢ ¡°en auge¡±, admite, no obstante, que hay un ¡°vac¨ªo¡± de datos, porque para acercarse habr¨ªa que saber cu¨¢ntos procedimientos detenidos hay, unas cifras que desconoce. Tanto el CGPJ como la Fiscal¨ªa aseguran que no disponen de esas estad¨ªsticas.

Regla de tres, error y estimaci¨®n

Sin datos oficiales que considere representativos, la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n ha elaborado un informe con su propia estimaci¨®n. A partir de las denuncias en 2023 de allanamientos y usurpaciones, 15.289 seg¨²n Interior, la PAO calcula que aquel a?o hubo m¨¢s de 61.000 ¡°inquiocupaciones¡±. ?C¨®mo? Con una regla de tres. La asociaci¨®n recibi¨® en 2023 cuatro veces m¨¢s llamadas por ¡°inquiocupaciones¡± (5.189) que por ocupaciones (1.294). Su conclusi¨®n es que si en 2023 hubo 15.289 denuncias de ocupaciones, el n¨²mero de ¡°inquiocupaciones¡± ser¨¢ cuatro veces superior, superando los 61.000.

Hacer el c¨¢lculo as¨ª implica obtener un dato de posibles incumplimientos contractuales a partir de un dato de denuncias de delitos. Y basa el c¨¢lculo de ¡°inquiocupaciones¡± en una cifra de posibles ocupaciones que incluye, sin desagregar, viviendas junto a despachos, oficinas y tiendas.

?Y el PP? ?En qu¨¦ datos apoya su campa?a? Una de las fuentes que cita cuando EL PA?S pregunta es el informe que contiene la anterior regla de tres. ¡°No hay datos fiables sobre inquiokupaci¨®n. Esta es la realidad¡±, explica por escrito Elisabeth Jim¨¦nez, secretaria de Lucha contra la Ocupaci¨®n Ilegal del PP, que a?ade que la PAO es la entidad que est¨¢ ¡°m¨¢s cerca¡± de ¡°dimensionarla¡±.

Adem¨¢s de dar cr¨¦dito al informe de la PAO, al menos dos dirigentes del PP han difundido datos para cuantificar el fen¨®meno. Uno de ellos es Feij¨®o, que el 30 de enero afirm¨® que la ¡°inquiocupaci¨®n afecta ya a 80.000 hogares¡±. Ese dato es err¨®neo. El l¨ªder popular confundi¨® ¡°inquiocupaciones¡± con un supuesto dato total de ocupaciones, confirma oficialmente su partido. Este dato, 80.000 es una cifra global de ocupaciones que tambi¨¦n ha utilizado la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n.

Antes, en octubre del a?o pasado, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Mart¨ªn, hab¨ªa cifrado en 25.000 las ¡°inquiocupaciones¡± anuales. A diferencia del que dio Feij¨®o, el de las 25.000 es un dato con el que el PP sigue trabajando. Respecto a su origen, hay dudas y cambios de explicaci¨®n. Un portavoz del PP lo atribuye primero a la PAO. Pero el portavoz de dicha plataforma, Ricardo Bravo, afirma no tener constancia de que su asociaci¨®n lo haya utilizado.

La dirigente Elisabeth Jim¨¦nez vincula despu¨¦s el dato con el n¨²mero de demandas por impago estimadas en 2022, que ella cifra en 18.600 tomando como referencia las tablas del CGPJ. En realidad, el n¨²mero es menor, 13.503. La cifra de 18.600 ¡ªexactamente, 18.687¡ª en la base de datos del CGPJ incluye sentencias estimadas y desestimadas y no solo por impago de renta, tambi¨¦n por otros motivos como subarriendo irregular, actividades molestas u obras no consentidas.

Solicitada otra aclaraci¨®n, el mismo portavoz del partido se?ala que ¡°el dato de las 25.000 inquiokupaciones es una estimaci¨®n¡± realizada a partir de las sentencias de 2022, sin precisar cu¨¢les, y que de hecho est¨¢ ¡°obsoleta¡± porque el fen¨®meno subi¨® con fuerza a partir de 2023, a ra¨ªz de la aprobaci¨®n de la ley de vivienda. El portavoz a?ade que el partido incluye en la ¡°inquiokupaci¨®n¡± no solo los impagos sino tambi¨¦n ¡°el subarriendo ilegal, los narcopisos o la negativa a desalojar el piso cuando el propietario no quiere prorrogar el alquiler¡±.

La Junta de Andaluc¨ªa no responde qu¨¦ datos han movido a introducir la ¡°inquiocupaci¨®n¡± en la nueva ley. En cuanto a la Comunidad de Madrid, donde Ayuso asegura que el problema ¡°se ha extendido¡±, un portavoz afirma que las llamadas al ¡°112 Ocupaci¨®n¡± han subido desde la primera semana de enero, cuando hubo 32, a la primera semana de febrero, 56, y que el total de junio de 2022 a primeros de febrero es de 3.826. Pero no desglosa los datos de ¡°inquiocupaci¨®n¡±.

Ayuso tambi¨¦n ha dicho que ¡°la mayor¨ªa de los ocupas e inquiocupas no son vulnerables¡±. Otra vez, es una afirmaci¨®n que no se acompa?a de datos concretos, sino que se basa en lo que les llega de las atenciones a denunciantes y en lo que ¡°trasladan¡± las plataformas de afectados, afirma el portavoz. Ya fuera del PP, ni Vox ni la Organizaci¨®n Nacional de Afectados por la Okupaci¨®n, una entidad parecida a la PAO, responden a este peri¨®dico sobre los datos que ilustran el supuesto auge de la ¡°inquiocupaci¨®n¡± que tambi¨¦n denuncian.