La oferta de alquiler en Barcelona se duplic¨® en 2020

La pandemia de coronavirus ha tenido un claro impacto en la oferta de las viviendas en alquiler. El trasvase de pisos tur¨ªsticos y de alquiler vacacional a contratos de alquiler tradicional, junto con la falta de estudiantes y la paralizaci¨®n del mercado en general hicieron que, en el a?o 2020, la oferta de viviendas para arrendar fuera en Catalu?a un 60% superior a la del a?o anterior, mientras que las compraventas cayeron, seg¨²n los datos de los agentes inmobiliarios. En el caso de Barcelona ciudad, la oferta de alquiler se duplic¨® en un solo a?o.

En el encuentro Tribuna Immosc¨°pia, organizado este viernes por los Colegios y Asociaci¨®n de Agentes Inmobiliarios (API), hab¨ªa muchos temas sobre la mesa. El sector inmobiliario est¨¢ muy estancado si lo comparamos con el dinamismo que estaba recuperando antes de la pandemia, pero esta semana ha estado de mucha actualidad. La anulaci¨®n, por parte del Tribunal Constitucional, del decreto del Govern de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, as¨ª como la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso del PP contra la ley que regula los alquileres han alegrado al sector inmobiliario, que acusan a la administraci¨®n de intervenir demasiado en el mercado.

La alegr¨ªa les llega en un momento en el que la oferta de alquiler y de compra ya da muestras del impacto que ha tenido la pandemia. Primero fueron los arquitectos, que mostraron que los visados (el permiso para empezar un proyecto) para vivienda nueva que otorg¨® el Colegio Oficial de Arquitectura en el a?o 2020 fueron un 40% inferiores en Barcelona con respecto al a?o anterior. Despu¨¦s, los constructores se?alaron que la licitaci¨®n oficial de obras en Catalu?a fue un 23% menor que la del a?o 2019. Y este viernes han sido los agentes inmobiliarios los que detallaron los cambios de su segmento como consecuencia de la pandemia.

En el conjunto de Espa?a, la oferta de vivienda de alquiler aument¨® un 50% en el a?o 2020 con respecto al a?o anterior. El porcentaje es mayor (un 60%) en Catalu?a, donde hay un mayor protagonismo del alquiler tur¨ªstico que, con la pandemia y el desplome de los viajeros, se ha reconvertido en alquiler de larga duraci¨®n.

Pero es en la ciudad de Barcelona donde m¨¢s se percibe esta tendencia. En un solo a?o la capital catalana duplic¨® su oferta de vivienda de alquiler, mientras que Madrid la aument¨® un 80%. El precio del alquiler en Barcelona, seg¨²n los datos del portal inmobiliario Idealista publicados a finales del a?o pasado, cay¨® un 9,4%, el mayor descenso interanual de las grandes ciudades espa?olas.

4.000 familias vulnerables

La decisi¨®n del Tribunal Constitucional de anular el decreto ley 17/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda, ha soliviantado al Gobierno catal¨¢n. El consejero de Territorio, Dami¨¤ Calvet, impulsor de esta norma que protege a las familias vulnerables y ampl¨ªa las posibilidades de acceder a un alquiler social, ha acusado a los magistrados de ¡°destruir¡± el escudo social y de dejar sin protecci¨®n a entre 3.000 y 4.000 familias que est¨¢n pendientes de desahucio. El Govern tambi¨¦n se prepara tambi¨¦n para un nuevo golpe que podr¨ªa llegar la semana que viene: el Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite el jueves el recurso del PP contra la ley 11/2020, que regula el precio de los alquileres, y se espera que se pronuncie en los pr¨®ximos d¨ªas.

La decisi¨®n del Tribunal Constitucional ha llegado justo al inicio de la campa?a para las elecciones catalanas del 14 de febrero, y en medio de una pandemia que ha disparado la crisis econ¨®mica y social. El Govern todav¨ªa no conoce el abasto de la decisi¨®n, ya que el Tribunal no ha publicado la sentencia, cuyo contenido se hizo p¨²blico parcialmente a trav¨¦s de la agencia Efe. El principal motivo por el que se anula el decreto ley 17/2019 es un defecto de forma: el Constitucional considera que, en este caso, no est¨¢ justificado el uso del decreto ley, y tendr¨ªa que haberse vehiculado a trav¨¦s de una norma con rango de ley.

¡°Yo niego la mayor: la f¨®rmula del decreto ley, convalidado por el el Parlament, es completamente v¨¢lida. Si el Gobierno del Estado puede usarlos, ?por qu¨¦ nosotros no? Es por este menosprecio patol¨®gico a la soberan¨ªa catalana. El Constitucional, a trav¨¦s de vetar la forma, tumba el contenido, ya que no quiere que Catalu?a tenga competencias avanzadas en materia de vivienda¡±, ha dicho Calvet en una comparecencia telem¨¢tica. El consejero defiende la f¨®rmula del decreto para abordar problem¨¢ticas urgentes como es la de la emergencia habitacional.

Este decreto, que se fragu¨® en el Govern tras varios desencuentros entre sus socios, Junts per Catalunya y ERC, se aprob¨® a finales de 2019 y fue convalidado en el Parlament con el voto a favor de los comunes y la abstenci¨®n del PSC. Ya entonces, el Consell de Garanties Estatut¨¤ries, el ¨®rgano de la c¨¢mara catalana que vela por la constitucionalidad de las normas, avis¨® que varios art¨ªculos del decreto eran insconstitucionales. ¡°Queremos denunciar tambi¨¦n la inacci¨®n del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ya que est¨¢bamos teniendo reuniones para acabar de ajustar este decreto y que todos los art¨ªculos fuesen constitucionales. Si estas negociaciones hubiesen llegado a buen puerto, quiz¨¢ esto hubiese influido en la decisi¨®n del Constitucional¡±, ha dicho Calvet.

Las entidades sociales que presionaron para conseguir esta norma (entre ellas, la PAH y el Sindicato de Inquilinos) avisan de que el Parlament que surja de las pr¨®ximas elecciones tiene que abordar este asunto. Calvet ha asegurado que as¨ª ser¨¢, y que se impulsar¨¢ una proposici¨®n de ley que recupere este escudo social.

El decreto ampliaba la cobertura de leyes de vivienda anteriores, y especialmente de la ley 24/2015. La anulaci¨®n por parte del Constitucional implica varias consecuencias: dificulta la capacidad de las administraciones para poner multas sobre viviendas vac¨ªas de fondos de inversi¨®n y bancos; anula el refuerzo de alquiler social obligatorio, que se equiparaba a la LAU y pasaba los contratos de tres a siete a?os; anula la obligaci¨®n de ofrecer un alquiler social, o de prorrogarlo, cuando termine un contrato de una familia que acredite vulnerabilidad; y anula la obligaci¨®n, para los grandes tenedores, de ofrecer un contrato de alquiler social a las familias vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente uno de sus pisos. Adem¨¢s, el decreto ampliaba las reservas de suelo destinadas a vivienda protegida, actualizaba las tarifas para hacer m¨¢s atractiva la construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n social, y permit¨ªa la construcci¨®n de alojamientos temporales en suelos p¨²blicos o privados que est¨¦n destinados a equipamientos.