Puigdemont apuesta por el choque frontal con los jueces para acelerar la amnist¨ªa

Las trabas que los jueces est¨¢n poniendo a la ley de amnist¨ªa han llevado a una parte del independentismo a explorar caminos para acelerar su aplicaci¨®n, especialmente lenta y tediosa en el caso de los dirigentes pol¨ªticos del proc¨¦s. Carles Puigdemont, uno de los principales aspirantes a la medida de gracia, ha optado por el cuerpo a cuerpo. El expresident y su entorno tratan de desacreditar a los togados que se muestran renuentes a cumplir la ley. Su ofensiva incluye manifiestos p¨²blicos, denuncias ante el ¨®rgano de gobierno de los jueces e incluso querellas en los juzgados. Esquerra no renuncia tampoco a ese tipo de acciones de ¡°confrontaci¨®n¡±, seg¨²n fuentes de la direcci¨®n del partido, pero matiza que lo m¨¢s eficaz, al final, es plantear la bater¨ªa de recursos que prev¨¦ la norma.

Puigdemont, candidato de Junts a las elecciones auton¨®micas del pasado 12 de mayo en Catalu?a, aspiraba a estar presente en el pleno de investidura sin ataduras judiciales gracias a la amnist¨ªa. Pero a principios de julio supo que el juez instructor del proc¨¦s, Pablo Llarena, no iba a aplicarla para el delito de malversaci¨®n por el que est¨¢ procesado. Llarena, adem¨¢s, mantuvo activa la orden de detenci¨®n nacional contra el expresident, que de todos modos regres¨® a Catalu?a: el 8 de agosto, en una jornada que ha quedado para la historia, apareci¨® en el centro de Barcelona, dio un mitin ante miles de personas y se esfum¨® sin que el dispositivo de los Mossos fuera capaz de detenerle y sin haber cumplido su promesa de acceder al Parlament.

Tras su fuga, instalado de nuevo en su refugio de Waterloo, Puigdemont es un hombre libre, pero ha perdido tal vez la ¨²nica oportunidad de acelerar un pronunciamiento sobre la amnist¨ªa: su previsible detenci¨®n e ingreso en prisi¨®n provisional habr¨ªa forzado en ¨²ltima instancia al Tribunal Constitucional, ahora de mayor¨ªa progresista, a pronunciarse con cierta celeridad sobre la medida de gracia. Desde B¨¦lgica, el mandatario de Junts ha reactivado en cualquier caso el choque frontal con la justicia espa?ola, una l¨ªnea de actuaci¨®n que viene manteniendo desde el d¨ªa despu¨¦s del refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017.

Bestia negra del independentismo por su instrucci¨®n de la causa del proc¨¦s, Llarena es el objetivo prioritario. Puigdemont y el exconsejero Toni Com¨ªn han presentado una denuncia contra ¨¦l ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el ¡°retraso injustificado en la tramitaci¨®n¡± de los recursos de la defensa contra la decisi¨®n de no aplicar la amnist¨ªa. Le reprochan que haya dejado pendiente de resolver ese asunto pese a que ha suspendido sus vacaciones para pedir explicaciones al Ministerio del Interior y a la Generalitat sobre el fracaso del operativo. ¡°Se le ha dado cuenta del retraso hasta dos veces, y ha seguido sin despacharlo¡±, sostiene el escrito presentado por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, el m¨¢s belicoso contra la judicatura. Un portavoz del CGPJ ha explicado a este diario que el escrito ha sido registrado, pero se est¨¢ a la espera del nombramiento del instructor del expediente para que se le d¨¦ curso.

Boye, que subi¨® al escenario con doble fondo sobre el que Puigdemont pronunci¨® su discurso antes de subirse a un coche y esfumarse, trata de subrayar el descr¨¦dito de los jueces. Les acusa de torpedear la ley a sabiendas solo porque no les gusta. Y cree que la mejor defensa es un buen ataque, si bien algunas acciones puede que no tengan efectos pr¨¢cticos sobre la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa. La m¨¢s contundente hasta ahora ha sido la querella presentada contra el titular de instrucci¨®n 1 de Barcelona, Joaqu¨ªn Aguirre, que investiga la llamada ¡°trama rusa¡± del proc¨¦s: las supuestas conexiones que mantuvo el independentismo con personalidades cercanas al Kremlin.

El juez atribuye un delito de traici¨®n a Puigdemont, pero tambi¨¦n a Boye y a Josep Llu¨ªs Alay, jefe de la oficina de Waterloo, y rechaza concederles la medida de gracia porque, en su opini¨®n, ¡°se hizo un uso efectivo de la fuerza en Catalu?a¡±. Los tres se querellaron contra Aguirre a principios de julio por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Le acusan de desobedecer una resoluci¨®n previa de la Audiencia de Barcelona que le ordenaba poner fin a la investigaci¨®n para ¡°satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado¡± al archivo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) debe pronunciarse en breve sobre si admite a tr¨¢mite la querella. Puigdemont no alberga muchas esperanzas al comparar a la justicia espa?ola con la mafia siciliana: ¡°La Toga Nostra proteger¨¢ siempre a uno de los suyos. No dejaremos de perseguirlos hasta donde haga falta¡±.

Esa clase de denuncias p¨²blicas tambi¨¦n forman parte de la estrategia. El expresident ha arremetido contra el instructor del caso Tsunami, que lo acusaba de un delito de terrorismo por su presunto liderazgo de Tsunami Democr¨¤tic, la plataforma que organiz¨® algunas de las protestas multitudinarias (como la ocupaci¨®n del aeropuerto de El Prat) tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los l¨ªderes del proc¨¦s, en octubre de 2019. En enero, Puigdemont le acus¨® de una ¡°vulneraci¨®n persistente del Estado de derecho¡± y advert¨ªa (la ley no estaba en vigor a¨²n) de que ¡°sin amnist¨ªa integral, que no excluya a nadie, no hay amnist¨ªa¡±. La causa de Tsunami cay¨® al final por un error de forma: el magistrado prorrog¨® la investigaci¨®n en julio de 2021 fuera de plazo, lo que llev¨® a la Audiencia Nacional a anular todo lo investigado desde entonces. Garc¨ªa Castell¨®n lo acab¨® archivando, por lo que no ha habido debate sobre la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a este caso.

La larga espera de los recursos

El debate s¨ª se est¨¢ produciendo en las m¨²ltiples jurisdicciones que tratan asuntos penales y administrativos vinculados al proc¨¦s, en Madrid lo mismo que en Barcelona, aunque con resultados dispares. El Supremo ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que el Tribunal Cuentas ha presentado el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). Otros tribunales han seguido la v¨ªa de los recursos, especialmente al Constitucional, lo que significa que la aplicaci¨®n efectiva de la medida de gracia a todos los perjudicados no ser¨¢ tan expr¨¦s como preve¨ªa el Gobierno. La ley da un plazo de dos meses a los jueces para aplicar la amnist¨ªa. Ese tiempo se ha cumplido ya y apenas un centenar de las 486 personas que, seg¨²n los c¨¢lculos de la Fiscal¨ªa General del Estado, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas. La mayor¨ªa son polic¨ªas y activistas por la independencia, pero apenas hay pol¨ªticos, pese a que la norma se pens¨® inicialmente para aliviar su situaci¨®n judicial.

¡°Ya preve¨ªamos que no iba a ser f¨¢cil, que la aplicaci¨®n iba a ser lenta¡±, se?alan fuentes de la direcci¨®n de Esquerra Republicana, que conf¨ªan no obstante en que la presentaci¨®n de recursos se acabe resolviendo favorablemente a los interesados. ¡°Por mucho ruido que hagan algunos¡±, se?alan esas fuentes en alusi¨®n a las denuncias y querellas de Puigdemont y su entorno, ¡°al final se van a acabar presentando los mismos recursos¡±. Los republicanos no descartan medidas de m¨¢s calado, incluidas denuncias o querellas, pero consideran que no es necesario ¡°tanto ruido¡± y que se deben ¡°quemar etapas¡± para alcanzar el objetivo final.

Puedes seguir a EL PA?S Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aqu¨ª para recibir nuestra newsletter semanal