Isabel D¨ªaz Ayuso imita el modelo Esperanza Aguirre: 36 a?os para pagar la Ciudad de la Justicia

?C¨®mo ser¨¢ la Comunidad de Madrid dentro de 30 a?os? ?Y qui¨¦n la gobernar¨¢? Nadie lo sabe, aunque s¨ª hay una cosa segura: el Ejecutivo que est¨¦ al mando entonces seguir¨¢ pagando al menos 50 millones de euros al a?o a la empresa que construya la nueva Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Las cifras de la operaci¨®n son mareantes: el constructor gastar¨¢ 500 millones en levantar 18 edificios, recibir¨¢ 50 al a?o durante unos 36 a?os (para un total de 1.800) y podr¨¢ explotar los bajos comerciales, aparcamientos y oficinas a cambio de sufragar los servicios de seguridad, limpieza o atenci¨®n al cliente. Para cuando se jubilen los consejeros de Isabel D¨ªaz Ayuso, que este mi¨¦rcoles dan el pistoletazo de salida al proyecto, sus sucesores seguir¨¢n teniendo que ejecutar sus planes. Sea cual sea su partido. Un modelo con el sello PP: hospitales, carreteras, viviendas o trenes tambi¨¦n se han puesto en marcha con acuerdos firmados para varias d¨¦cadas.

¡°El problema con el modelo de concesiones publico privadas que hemos tenido hasta la fecha en la Comunidad de Madrid es que la negociaci¨®n de los c¨¢nones a pagar a las concesionarias es tremendamente gravoso para los ciudadanos¡±, lamenta Alberto Oliver, de M¨¢s Madrid, el partido que lidera la oposici¨®n al PP en la Asamblea. ¡°Su ¨²nica ventaja es que se pueden llevar a cabo sin considerarlas en presupuestos, pero se difieren los pagos decenas de a?os, y se hipoteca el futuro de la regi¨®n, escondiendo deuda debajo de las alfombras que antes o despu¨¦s acaba aflorando¡±, prosigue. Y subraya: ¡°Cuando gobernemos [sic] procederemos a una revisi¨®n exhaustiva de todas las concesiones y se valorar¨¢ caso a caso¡±.

El Gobierno regional, sin embargo, contrapone una visi¨®n muy distinta. ¡°La necesidad de disponer y desarrollar nuevas infraestructuras y la prestaci¨®n de servicios considerados esenciales, choca frontalmente con el problema que supone su financiaci¨®n¡±, afirma un portavoz gubernamental, que recuerda que as¨ª la Administraci¨®n se ahorra la inversi¨®n inicial en la construcci¨®n (a cargo del concesionario) y reduce sus riesgos. ¡°Es aqu¨ª donde entra la figura de la concesi¨®n, con amplia tradici¨®n en la legislaci¨®n estatal y comunitaria¡±.

En pocos lugares est¨¢ esa tradici¨®n m¨¢s arraigada que en Madrid, donde el PP lleva gobernando m¨¢s de un cuarto de siglo. De Alberto Ruiz-Gallard¨®n a D¨ªaz Ayuso, las decisiones tomadas durante ese largo periodo de tiempo har¨¢n que la gesti¨®n conservadora afecte a las arcas p¨²blicas durante al menos otros 40 a?os. Hay ejemplos de sobra:

• Los siete hospitales que el Gobierno de Esperanza Aguirre inaugur¨® en la segunda legislatura de la baronesa tienen un plazo de concesi¨®n de 30 a?os: entre 2008 y 2017 la Administraci¨®n pag¨® 1.556.851.738 euros por ellos, un coste revisado continuamente desde entonces por los litigios entre ambas partes.
• Tres d¨¦cadas es tambi¨¦n el periodo tasado para que la concesionaria del metro ligero oeste explote unas l¨ªneas que unen tres bastiones electorales populares (Aravaca, Pozuelo y Boadilla): se calcul¨® tan bondadosamente el beneficio que iba a recibir la adjudicataria como para que el Gobierno de Cristina Cifuentes le redujera luego el canon por viajero en un 22%, con un ahorro de 19 millones al a?o y de cientos de millones en el tiempo total de la concesi¨®n.
• El mismo periodo de concesi¨®n afecta a la carretera M-45: iba a costar 300 millones, y el Gobierno ya asume que saldr¨¢ por m¨¢s de 2.000 millones, debido a errores en el c¨¢lculo de las expropiaciones para construirla, y a las discrepancias en el c¨¢lculo del pago por su uso.
• El Plan Vive, con el que el actual Ejecutivo regional quiere construir 15.000 viviendas p¨²blicas en alquiler en ocho a?os, llega a¨²n m¨¢s lejos: cede a las constructoras la explotaci¨®n de los terrenos durante medio siglo.
• Con este mismo modelo se ha querido ampliar el hospital Ni?o Jes¨²s: que una empresa corra con los gastos de la construcci¨®n a cambio de hacer en paralelo un aparcamiento que explotar¨ªa durante los pr¨®ximos 40 a?os.

Un tiempo que en el caso de la Ciudad de la Justicia se llevar¨¢ hasta los 36 a?os, lo que elevar¨ªa el gasto a unos 1.800 millones. Aunque todos los edificios revierten al terminar la concesi¨®n en la Administraci¨®n, engordando as¨ª su patrimonio, el nuevo proyecto plantea preguntas a¨²n sin respuesta:

?Qu¨¦ pasar¨¢ con los edificios judiciales que abandonar¨¢ la Administraci¨®n para trasladarse al nuevo complejo, y que est¨¢n valorados en 300 millones de euros en caso de venderse, seg¨²n un informe de Deloitte al que ha accedido EL PA?S? ?Se optar¨¢ por el alquiler, en cuyo caso los ingresos anuales estar¨ªan en el entorno de los 16 millones de euros, seg¨²n esta consultora? ?Qu¨¦ par¨¢metros servir¨¢n para recalcular la cuant¨ªa del canon que paga la Administraci¨®n seg¨²n avancen las d¨¦cadas? ?En qu¨¦ se diferencia este proyecto del que impuls¨® Aguirre, y que a¨²n investiga la justicia por sus presuntos sobrecostes, o del que luego intent¨® Cristina Cifuentes?

Sobrecoste de unos 150 millones

¡°Del proyecto de Aguirre, que era megal¨®mano y fue un fiasco completo, a¨²n no sabemos el dinero que se tir¨® a la basura, estar¨¢ en torno a 150 millones¡±, contesta una fuente que se conoce al detalle la investigaci¨®n que hizo al respecto la Asamblea, y que dej¨® negro sobre blanco que el acto de colocaci¨®n de la primera piedra hab¨ªa costado 1,4 millones de euros; que se realizaron 72 actos de presentaci¨®n del proyecto en Nueva York, Singapur, M¨²nich o Mil¨¢n; y que se pagaron sueldos millonarios a arquitectos famosos como Norman Foster por dise?ar edificios que ahora no ver¨¢n la luz. ¡°Por eso ahora hay que extremar las cautelas y los controles para que no devenga en otro fiasco, ya que puede que la infraestructura sea necesaria¡±.

¡°La colaboraci¨®n p¨²blico-privada puede ser una v¨ªa de financiaci¨®n de inversiones cuando no se tiene capacidad para llevarlas a cabo, pero si esta Comunidad no es capaz de asumir la financiaci¨®n de una actuaci¨®n como la de la Ciudad de la Justicia en cuatro a?os es que est¨¢ pensando en el negocio de unos pocos, m¨¢s que en el inter¨¦s de la ciudadan¨ªa madrile?a¡±, ampl¨ªa Jos¨¦ Luis Garc¨ªa, diputado del PSOE. ¡°Lo m¨¢s negativo es el coste tan elevado que tiene para las arcas regionales, simplemente hay que mirar los impagos que se est¨¢n produciendo en las concesiones de hospitales¡±, a?ade. Y plantea: ¡°La cuesti¨®n es por qu¨¦ tenemos que pagar 1.800 millones de euros por una inversi¨®n de 500 millones que se puede acometer en cuatro a?os¡±.

El modelo, recuerda un portavoz gubernamental, obliga al concesionario a ofrecer los servicios necesarios, adem¨¢s de a construir los edificios. Y se aplica en otras comunidades aut¨®nomas en las que no gobierna el PP, como Catalu?a, donde se us¨® para la Ciudad de la Justicia de Barcelona. No obstante, se aplique donde se aplique, obliga a hipotecar miles de millones de euros en gasto durante varias d¨¦cadas. Y gobierne quien gobierne. Con una peculiaridad: las concesiones de Madrid son en ocasiones a m¨¢s largo plazo que otras homologables.

Todo empez¨® en la Comunidad Valenciana. Con el PP en el poder, el Gobierno regional concedi¨® la gesti¨®n de un hospital, 14 centros de salud y 31 consultorios en 35 municipios a una empresa privada. Corr¨ªa 1999, y as¨ª nac¨ªa el modelo Alzira, implantado luego en Torrevieja, D¨¦nia y Vinalop¨®, y exportado a Madrid, donde ha llegado a su m¨¢xima expresi¨®n: si esas primeras concesiones valencianas fueron de 15 a?os (as¨ª se decidi¨® tras registrar p¨¦rdidas entre 1999 y 2002), las madrile?as llegaron a los 30.

La idea fue recibida con entusiasmo por el Gobierno de Aguirre: con el consejero de Sanidad a la cabeza, lleg¨® a participar en foros en los que se ped¨ªan m¨¢s de 1.000 euros por asistente a cambio de escuchar todos los detalles sobre los pliegos de condiciones de su plan de infraestructuras. Casi dos d¨¦cadas despu¨¦s, y tras mil y un litigios, el Gobierno formado por PSOE, Comprom¨ªs y Podemos ha empezado a revertir al sistema p¨²blico las concesiones valencianas cuando estas han terminado.

En Castilla y Le¨®n, el acuerdo del Gobierno de coalici¨®n formado por PP y Cs tambi¨¦n recoge el compromiso de estudiar la reversi¨®n de la concesi¨®n del hospital universitario de Burgos (hasta 2036).

?Y en Madrid? ?Cabe esa posibilidad en el caso de que haya un cambio de Gobierno? ¡°No hay un riesgo pol¨ªtico¡±, contestan desde el Ejecutivo regional, donde aseguran que el gasto previsto para la concesi¨®n de la Ciudad de la Justicia (50 millones al a?o) es menor que el que se hace ahora por los mismos conceptos (72 millones).

¡°Con este modelo aseguramos la estabilidad financiera de la Comunidad y un gran ahorro al contribuyente¡±, aseguran en la Consejer¨ªa de Justicia, que ha coordinado el proyecto. ¡°Es m¨¢s importante gastar bien que gastar mucho¡±.

Redes clientelares

Una argumentaci¨®n que no convence a los partidos de la oposici¨®n, que ven en el modelo concesional la posibilidad de establecer y consolidar redes clientelares en una regi¨®n que el PP gobierna desde 1995, y en la que han anidado las tramas que se investigan en los casos P¨²nica, G¨¹rtel, Lezo¡­

¡°En los municipios donde gobernamos ya hemos revertido concesiones injustas. Ahora el cambio tiene que llegar tambi¨¦n a la Comunidad de Madrid¡±, afirma Carolina Alonso, de Podemos, poniendo como ejemplo la remunicipalizaci¨®n del alumbrado el¨¦ctrico de Alcorc¨®n. ¡°Lo que Ayuso llama eufem¨ªsticamente colaboraciones p¨²blico-privadas son una forma muy refinada de corrupci¨®n, en la que el PP desv¨ªa dinero p¨²blico con contratos o concesiones a 30 o 40 a?os a empresas amigas, y luego estas se lo agradecen haciendo donaciones en b para las campa?as electorales¡±, opina.

El Gobierno espera que la nueva Ciudad de la Justicia est¨¦ lista en 2026. En 2060, cuando el recuerdo de su inauguraci¨®n quede tan atr¨¢s como ahora el de las fotos en blanco y negro de los pactos de la Transici¨®n, Madrid la seguir¨¢ pagando.

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