La fiscal superior de Madrid asegura que los protocolos para las residencias no prohibieron que se derivaran pacientes a hospitales

Hace unos d¨ªas un grupo de familiares de ancianos fallecidos por covid en residencias madrile?as se manifest¨® a las puertas de la Fiscal¨ªa Superior de Madrid por lo que ellos consideraban la inacci¨®n de este ¨®rgano a la hora de saber la verdad sobre la gesti¨®n en estos centros en lo peor de la pandemia. La fiscal superior, Almudena Lastra, ha recogido el guante este martes y se ha reunido con una delegaci¨®n de la asociaci¨®n Marea de Residencias. Esta agrupaci¨®n de afectados quer¨ªa explicaciones por un punto concreto de la memoria de actividad de este ¨®rgano en el que se aseguraba que el pol¨¦mico protocolo del Gobierno de D¨ªaz Ayuso para evitar traslados de pacientes de residencias a hospitales era ¡°meramente orientativo¡± y ¡°no evit¨® derivaciones¡±. Tras salir de la reuni¨®n, Lastra ha explicado que a la Fiscal¨ªa no le consta que hubiera ¡°prohibici¨®n de derivar¡± y que las muertes en residencias no corresponden a un ¡°problema de gesti¨®n de la Comunidad de Madrid¡±.

¡°Un protocolo es un protocolo, y se refiere a normas de actuaci¨®n generalizadas. Ha habido muertes en residencias de toda Espa?a y en todos los pa¨ªses de nuestro entorno. Lo que apuntamos nosotros es que tal vez exista una mala concepci¨®n del modelo residencial en lugar de un problema coyuntural¡±, ha detallado Lasta en conversaci¨®n con EL PA?S tras el encuentro con la asociaci¨®n.

En la memoria, la Fiscal¨ªa subrayaba que los protocolos del Gobierno de Isabel D¨ªaz-Ayuso para evitar derivar a mayores enfermos de covid a hospitales en los momentos m¨¢s duros de la pandemia para evitar el colapso de los hospitales eran ¡°recomendaciones¡± con ¡°valor meramente orientativo¡± y que ¡°no exclu¨ªan la valoraci¨®n integral de cada paciente¡±. Las conclusiones del Ministerio P¨²blico indican que el protocolo ¡°l¨®gicamente conten¨ªa criterios generales, incluidos algunos que permit¨ªan una inicial clasificaci¨®n de los usuarios entre los que aparentemente se beneficiar¨ªan m¨¢s del traslado hospitalario y aquellos que no, pero que estos ¡°no exim¨ªan de hacer una valoraci¨®n de cada usuario en caso de sospecha de contagio¡±.

En noviembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aval¨® estos protocolos al considerar que no pod¨ªan tacharse de ¡°irrazonables a la vista del fen¨®meno de la pandemia que empezaba a sufrir el pa¨ªs, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empez¨® a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial.¡±

En las tres semanas en las que la covid casi lleg¨® a saturar la atenci¨®n hospitalaria, del 18 de marzo al 5 de abril de 2020, las residencias de la Comunidad derivaron a 900 ancianos. En ese periodo se produjeron casi 5.000 fallecimientos en los centros de mayores de la regi¨®n. A partir de la segunda semana de abril se fueron normalizando las derivaciones a centros sanitarios y esos protocolos se anularon.

Para la representaci¨®n de los familiares, el momento en el que han hablado de estas pautas emitidas por el Gobierno regional ha sido ¡°la gran decepci¨®n¡±. As¨ª lo transmite su portavoz, Mar¨ªa Jos¨¦ Valero. ¡°Para nosotros es incomprensible, una barbaridad¡±, ha asegurado. Sin embargo, tambi¨¦n han admitido que despu¨¦s de la sentencia del TSJM, la Fiscal¨ªa ¡°tambi¨¦n tiene un tope¡±. Los familiares han agradecido la receptividad de las fiscales, que han estado reunidas con ellos dos horas, pero mantienen su lucha por que se llame a declarar a responsables pol¨ªticos, como Carlos Mur de V¨ªu, director de coordinaci¨®n sociosanitaria, y la persona que envi¨® los correos informando del protocolo de exclusi¨®n sanitaria a las residencias. ¡°Los familiares nos han transmitido que creen que todo va a acabar sin que se sepa la verdad pero la justicia es lenta y a¨²n queda mucho recorrido¡±, ha apuntado la fiscal superior.

¡°Nosotras no somos avalistas de nadie¡±, ha respondido Lastra sobre si las conclusiones del Ministerio P¨²blico suponen un respaldo a la gesti¨®n del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¡°hemos diseccionado cada caso y all¨ª donde hemos entendido que no ha habido una buena actuaci¨®n lo hemos perseguido penalmente¡±. Junto a ella, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, ha puntualizado: ¡°Nosotros mismos hemos recurrido cuando hemos considerado que el sobrese¨ªmiento de una causa no estaba justificado, cuando hemos visto que en una hoja de seguimiento de un paciente hab¨ªa un hueco en el fin de semana, cuando el informe m¨¦dico no era exhaustivo, cuando hemos visto casos de muerte por deshidrataci¨®n... Es verdad que hasta ahora no hemos tenido mucha suerte en los tribunales¡±.

Planes de contingencia

La Fiscal¨ªa destaca en su memoria que el 99% de las residencias denunciadas contaban con planes de contingencia que ¡°resultaron relevantes solo en los casos en que adaptaron la normativa que se iba generando a la realidad del centro¡±. El informe defiende la actuaci¨®n de la Administraci¨®n tras sus investigaciones: ¡°Intuitivamente pod¨ªa pensarse que evidenciaba un mayor grado de negligencia, no necesariamente se tradujo de esa forma. Por el contrario, fueron varios los casos en los que su intervenci¨®n temprana permiti¨® terminar de implementar los planes de contingencia en residencias que, a partir de ese momento, evolucionaron positivamente¡±.

La Fiscal¨ªa s¨ª que detect¨® al menos algunos fallos en la gesti¨®n de los centros de mayores. En la memoria se destaca que el flujo de informaci¨®n en los primeros meses funcionaron correctamente ¡°cuando se trataba de transmitir informaci¨®n que necesitaba la Administraci¨®n, pero no necesariamente a la inversa, pues son muchos los casos de directores de residencias que no encontraban la forma de hacer llegar sus necesidades o que eran remitidos de unas ¨¢reas a otras sin respuestas claras¡±.

Tambi¨¦n admite que el modo de comunicarse con las familias por parte de los centros, pudo generar ¡°padecimiento a?adido, adem¨¢s de incomprensi¨®n, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensaci¨®n¡±. Esto se debi¨® a que ¡°en la informaci¨®n a las familias sol¨ªa ponerse el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar la que habr¨ªan recibido caso de ser derivados¡±, concluyen los fiscales tras sus pesquisas.

Los representantes del Ministerio P¨²blico tambi¨¦n indagaron en los retrasos a la hora de examinar a los pacientes, pero, seg¨²n sus conclusiones, qued¨® acreditado que ¡°en casi todos los casos se pudo comprobar que hab¨ªa habido una atenci¨®n sanitaria constante¡±. La Fiscal¨ªa asegura que no se puede achacar responsabilidad penal por el modo en el que se llevaron a cabo las interconsultas, es decir an¨¢lisis del estado de los pacientes entre los responsables del centro y los hospitales, cuando no se llevaron a cabo por falta de tiempo por el r¨¢pido avance de la enfermedad o cuando se constata que la derivaci¨®n no habr¨ªa cambiado la evoluci¨®n del paciente. Para la Fiscal¨ªa, las dificultades detectadas estuvieron ¡°ligadas a la necesidad de dotaci¨®n sanitaria de las residencias para afrontar una crisis de esta magnitud¡±.

Sin respuestas

La v¨ªa judicial no ha servido a los familiares para obtener respuestas sobre el modo en el que fueron atendidos los ancianos que viv¨ªan en residencias. La Fiscal¨ªa de Madrid inici¨® 62 investigaciones en 2020 en residencias de mayores, la mayor¨ªa de ellas motivadas por denuncias de familiares. Estos procesos inclu¨ªan m¨¢s de 130 muertes. El Ministerio P¨²blico se?ala que las causas buscaban el ¡°esclarecimiento de fallecimientos ocurridos por una inadecuada atenci¨®n m¨¦dica¡± y los allegados de los afectados apuntaban la ¡°falta de informaci¨®n y transparencia¡± as¨ª como la ¡°falta de medios de protecci¨®n para los trabajadores y de adecuadas medidas de prevenci¨®n de los contagios entre los usuarios¡±.

Casi todas estas causas se archivaron ¡°por considerar que no hab¨ªa indicios suficientes de la comisi¨®n de un hecho delictivo¡±. A finales del a?o pasado solo 12 continuaban siendo investigadas.

La actuaci¨®n de las residencias y los hospitales en esas semanas tan duras tampoco se investigaron por la v¨ªa pol¨ªtica. Vox impidi¨® con sus votos que la Asamblea de Madrid investigara las ¨®rdenes del Ejecutivo regional que impidieron las derivaciones de los ancianos al abstenerse en la votaci¨®n para impulsar una comisi¨®n de investigaci¨®n.

El diciembre del a?o pasado el Tribunal Supremo orden¨® a los juzgados investigar la gesti¨®n de las residencias. En su auto, los magistrados especificaban que era ¡°necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada¡±. En este sentido, la Fiscal¨ªa concluye en su memoria que ¡°no hubo desatenci¨®n y que no se dej¨® de prestar una asistencia sanitaria concreta que estuviera a su alcance y que fuera previsible que, de haberse aplicado, habr¨ªa evitado la muerte¡±.

Los familiares no opinan as¨ª y han puesto todos sus esfuerzos en que se indage en el modo en el que fallcieron sus allegados. La asociaci¨®n Pladigmare, por ejemplo, present¨® en verano de 2020 ante la Fiscal¨ªa denuncias por las 59 residencias que registraban por entonces m¨¢s fallecimientos que la media en la Comunidad de Madrid. De ellas, unas 30 fueron archivadas.

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