El Servicio Madrile?o de Salud reclama 3.400 euros a una refugiada por un ingreso en Urgencias
La mujer, que por su condici¨®n de residente en Espa?a tiene derecho a la asistencia sanitaria, no hab¨ªa solicitado la tarjeta en la comunidad aut¨®noma
A principios de este a?o, Silvinia Villalta, de 73 a?os, tuvo que acudir a las Urgencias del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Hac¨ªa pocos meses que se hab¨ªa mudado a la ciudad desde Andaluc¨ªa y todav¨ªa no ten¨ªa la tarjeta sanitaria de este servicio en la Comunidad de Madrid, pero s¨ª toda su documentaci¨®n como refugiada residente en Espa?a desde hace cuatro a?os. Esta condici¨®n le otorga el derecho a acceder a la sanidad p¨²blica. Sin embargo, el hospital le inform¨® de que no figuraba en el sistema de salud y que, por tanto, deb¨ªa ser atendida como una migrante irregular. No solo no se le prest¨® la asistencia completa que requer¨ªa su estado, sino que ahora el Servicio Madrile?o de Salud (SERMAS) le reclama una factura que supera los 3.400 euros.
¡°No podemos pagar¡±, resumen la hija de Villalta, Ang¨¦lica Villalta, y su pareja, Sa¨²l Mezquita. La anciana descansa junto al ventilador de su casa, ocultando la sonda por la que se alimenta, mientras ambos recapitulan el periplo burocr¨¢tico en el que est¨¢n envueltos desde que llegaron a Espa?a. Ambos huyeron de El Salvador cuando el Gobierno los comenz¨® a perseguir por sus trabajos: ella ejerc¨ªa la abogac¨ªa y colaboraba con entidades de defensa de los derechos humanaos, ¨¦l era polic¨ªa. Cre¨ªan haber hecho las cosas bien cuando se trasladaron de pa¨ªs: trajeron sus ahorros, lograron el estatuto de refugiados para ellos y sus familiares y encontraron trabajo y casa en C¨¢diz. ¡°Pero la pandemia nos destroz¨® econ¨®mica y psicol¨®gicamente¡±, cuenta la pareja. Con la esperanza de empezar de nuevo, a finales del a?o pasado se mudaron a Getafe.
Mezquita reconoce que cuando su suegra tuvo que ir a Urgencias esta no ten¨ªa tarjeta sanitaria. Ni la madrile?a, ni la andaluza. ¡°Lo que pas¨® es que a ella se le caduc¨® a finales de 2019 y en ese tiempo ya le concedieron el asilo, entonces nos tardamos un poco en sacar el NIE permanente y cuando intentamos renovar la tarjeta ya los centros de salud estaban cerrados por la pandemia¡±, explica frente a una carpeta repleta de documentaci¨®n. No obstante, puede acreditar que su suegra ten¨ªa m¨¦dico en C¨¢diz y apunta que incluso fue a vacunarse contra la covid-19 en dos ocasiones. Nada les hac¨ªa pensar que la mujer no pudiera acceder a la sanidad p¨²blica.
Desde que llegaron a Urgencias, la pareja empez¨® a llamar a todas las puertas que pudieron para acreditar que su familiar ten¨ªa derecho a ser atendida con cargo a los fondos p¨²blicos. Solicitaron la tarjeta sanitaria v¨ªa telem¨¢tica, pero no obtuvieron respuesta. ¡°Hablamos con la gerencia del hospital y con una asistencia social de all¨ª. Nos dijeron que no pod¨ªan hacer nada y nos derivaron al centro de salud aqu¨ª en Getafe. All¨ª nos dijeron que tampoco pod¨ªan hacer nada, que fu¨¦ramos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pero ah¨ª no le atienden a uno si no es con cita¡±, cuenta Mezquita como muestra del circuito de obst¨¢culos que han tenido que recorrer.
La ley de asilo contempla que las personas solicitantes de protecci¨®n y refugiadas tengan acceso a la asistencia sanitaria, ¡°en las mismas condiciones que los espa?oles¡±. As¨ª lo reconoce tambi¨¦n la Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero Villalta se ha ca¨ªdo por una de las m¨²ltiples rendijas de la burocracia. Este derecho no es efectivo hasta que las administraciones competentes, las comunidades aut¨®nomas, facilitan el acceso mediante la tarjeta sanitaria. As¨ª, la Consejer¨ªa de Sanidad regional argumenta que solo est¨¢ aplicando la ley y se?ala al INSS. Este organismo ¡°est¨¢ analizando cuidadosamente¡± el caso, aunque ya ha emitido un certificado que indica que Villalta no figuraba en el sistema en el momento del ingreso.
Un caso ¡°raro¡±
El Ministerio de Migraci¨®n y Seguridad Social califica el caso de ¡°raro¡± y reconoce que ¡°ser¨ªa conveniente¡± revisar el procedimiento, el cual corresponde al Ministerio de Sanidad. Este ha flexibilizado recientemente el acceso a la sanidad p¨²blica para los refugiados ucranios. Tras varios meses de tr¨¢mites, Villalta ha logrado que se le expida la tarjeta sanitaria, pero esto no la exime del pago de la factura. Su familia ha presentado varias alegaciones. Todas han sido rechazadas. Les queda un ¨²ltimo intento.
La mujer sufri¨® hace poco un segundo ingreso en Urgencias, m¨¢s grave que el primero. Con su documento sanitario ya en mano fue atendida y contin¨²a en tratamiento, pero su familia achaca el empeoramiento de salud directamente a la falta de una atenci¨®n previa adecuada. ¡°La primera vez la enviaron a casa sin completar el tratamiento, ni saber cu¨¢l era su patolog¨ªa, no le hicieron las pruebas que necesitaba¡±, lamenta Mezquita.
Ang¨¦lica, que a pesar de ser abogada no puede ejercer en Espa?a, critica que su madre no reciba ning¨²n tipo de asistencia legal. ¡°Estamos muy agradecidos con la acogida que nos dio Espa?a y sabemos que el pa¨ªs est¨¢ mal, pero nosotros nunca hemos pedido una ayuda y ella tiene sus derechos¡±, reclama.
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