El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso en la Comunidad de Madrid afronta el pago de indemnizaciones millonarias por las casas derribadas, agrietadas y desalojadas desde que el Metro lleg¨® a San Fernando de Henares (40.000 habitantes), en 2007. Seg¨²n documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S, el Ayuntamiento reclama a la administraci¨®n regional casi dos millones por los equipamientos municipales destrozados, y sigue evaluando unos da?os que no paran de crecer y engordar esa factura. En paralelo, la Comunidad ha hecho una oferta de indemnizaci¨®n de siete millones en total a los primeros afectados, pero estos la han rechazado en su mayor¨ªa, han presentado en muchos casos alegaciones, y est¨¢n dispuestos a acudir a la justicia. Como consecuencia, la situaci¨®n es muy vol¨¢til: en el municipio ya se han demolido 27 viviendas, otras tantas est¨¢n a un paso de seguir el mismo camino, para un total de 54, y m¨¢s de 150 vecinos de 81 familias han tenido que abandonar sus hogares en alg¨²n momento desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus edificios.

¡°Con esas cantidades que nos ofrecen no podemos retomar nuestras vidas. Es imposible¡±, explica Juan Fuentes, uno de los afectados, que es presidente de la Asociaci¨®n Presa¨CRafael Alberti. ¡°Como le dije al viceconsejero [Miguel Nu?ez], yo no quiero comenzar una vida nueva, sino retomar la que ten¨ªa con dignidad¡±, a?ade. ¡°Que no vuelvan a decir que nos dan el m¨¢ximo legal [de indemnizaci¨®n], porque es falso, ya que no han tenido en cuenta nuestras tasaciones, ni la cuantificaci¨®n del da?o moral¡±, sigue. ¡°Lo que nos han propuesto es insuficiente y discrimina al conjunto de los convivientes de una familia porque al primero le dan 20.000 euros, al segundo, 8.000, y al tercero, 5.000¡å, argumenta. Y se pregunta: ?Qu¨¦ ocurre? ?Vale menos el dolor del segundo que el del primero, y todav¨ªa menos el del tercero?¡±.

La Comunidad de Madrid defiende su decisi¨®n. ¡°El total del importe de las indemnizaciones hasta la fecha son siete millones y el plazo de aceptaci¨®n todav¨ªa no ha vencido¡±, dice un portavoz gubernamental, que detalla que esa cifra abarca a la treintena de afectados de viviendas ya derribadas, por lo que la inversi¨®n se multiplicar¨¢ cuando se empiecen a tramitar las indemnizaciones de la veintena de residencias que la Comunidad ha pedido derribar, pero que a¨²n siguen en pie mientras se finalizan los tr¨¢mites administrativos. ¡°No obstante¡±, contin¨²a este interlocutor; ¡°hasta el momento tenemos 18 aceptaciones de la indemnizaci¨®n, que se corresponden con dos viviendas, un inquilino y 15 garajes¡±.

El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolvi¨¦ndola. Como consecuencia, cambi¨® el terreno, los edificios perdieron pie, y comenzaron a aparecer grietas como acantilados, ruidos fantasmales, vibraciones como peque?os terremotos, ventanas que no se abr¨ªan y puertas que no se cerraban.

Quince a?os despu¨¦s, y con la l¨ªnea 7B acumulando nueve cierres y casi tres a?os en total sin dar servicio por el mismo problema, el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso dice estar haciendo todo lo posible para resolver la situaci¨®n. As¨ª, el Ejecutivo ha ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Un baremo que permite calcular que las indemnizaciones rondar¨¢n los 15 millones cuando se les ofrezcan a todos los afectados reconocidos hasta ahora.

En el entretanto, un informe elaborado por los residentes en el que se re¨²ne la posici¨®n de la mayor¨ªa de afectados, pero no de todos, refleja que ninguno ha aceptado la oferta de indemnizaci¨®n por sus viviendas, y que algunos, la minor¨ªa, lo han hecho o quieren hacerlo para sus plazas de aparcamiento. Por lo tanto, el grueso de las personas que se han quedado sin casa han presentado alegaciones para obtener una oferta mejor, y eval¨²a emprender acciones judiciales para que los tribunales decidan la compensaci¨®n a la que tienen derecho.

Todo queda explicado por los c¨¢lculos de los afectados, que una y otra vez subrayan que no se trata de pasar a vivir en un palacio, ironizan, sino de sobrevivir. Como ejemplifica Fuentes: ¡°Si a una indemnizaci¨®n de 235.000 euros le restas 47.000 que se lleva Hacienda, 30.000 para amueblar una casa nueva y 18.000 para las escrituras nuevas... te quedan 140.000. Con eso, ?a d¨®nde vas?¡±, pregunta.

No es el ¨²nico problema. Quien ten¨ªa hipotecada en su casa destruida debe restar ese dinero de la indemnizaci¨®n que reciba. Y lo mismo le ocurre al que haya estado de alquiler hasta ahora, mientras su casa en propiedad era inhabitable.

¡°Las tasaciones realizadas se han realizado valorando por igual todas las viviendas y, por lo tanto, sin considerar las reformas realizadas ni las calidades de cada vivienda¡±, se queja tambi¨¦n el Ayuntamiento en un escrito enviado a la Comunidad. ¡°Con la indemnizaci¨®n que le ofrezca la Comunidad de Madrid, cada familia debe tener la oportunidad de comprar una vivienda en el mercado de similares caracter¨ªsticas a la que ten¨ªa¡±, se a?ade en el documento. ¡°Cualquier cantidad inferior supone un agravio para unas personas que son completamente ajenas a las circunstancias causantes del destrozo que las obras de la l¨ªnea 7B de Metro ha producido en sus vidas¡±.

Hoy la zona cero del problema es un hervidero de operarios con mono naranja o chaleco amarillo fluorescente que se afanan por inyectar cemento en el subsuelo, intentando asentar 10.000 metros cuadrados de las entra?as de la ciudad. Junto a ellos suena constantemente el zumbido de inmensas m¨¢quinas rojas, y rebosa el agua que se extrae a litros bajo tierra mientras aletean como fantasmas las pancartas colgadas de los balcones con las quejas de los vecinos. La imagen es ca¨®tica. Hay vallas plateadas por todas partes, instaladas a escasos cent¨ªmetros de las puertas de los edificios en los que sigue viviendo gente. Operan las excavadoras, que poco a poco destruyen aceras, muros y edificios.

Los ¨²ltimos son varias viviendas de la calle Presa y los pertenecientes a El Pilar, un complejo de la Comunidad que estuvo lleno de dependencias municipales y donde el lunes se registr¨® una explosi¨®n que no provoc¨® da?os pero s¨ª un buen susto entre los vecinos.

Una guarder¨ªa con ni?os afectada

¡°Seguimos exigiendo desalojos voluntarios y pactados en condiciones dignas para aquellas familias que se ven obligadas a vivir en un entorno inhabitable e inseguro¡±, reclama la Plataforma Afectados por el Metro (PAML7B) a trav¨¦s de un comunicado. ¡°Es inaceptable que, en el transcurso de los trabajos, se piloten calles, se ejecuten demoliciones y se corten l¨ªneas de luz, agua y gas, con cientos de personas viviendo a escasos metros de estos trabajos¡±, a?ade el texto. Y advierte: ¡°Ponemos especialmente nuestra preocupaci¨®n en el caso de la guarder¨ªa ubicada en la calle Nazario Calonge, que, sin alcanzar ning¨²n acuerdo con la Comunidad de Madrid, se le han impuesto trabajos de consolidaci¨®n a menos de un metro de un centro con infantes de corta edad en su interior¡±.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando ha registrado ante la Comunidad un escrito de reclamaci¨®n por responsabilidad patrimonial en el que detalla los m¨²ltiples da?os sufridos por las obras: aceras, asfalto, zonas verdes desmanteladas y ¨¢rboles talados, obturaci¨®n de canalizaciones de saneamiento, impuestos que se han dejado de cobrar a los afectados....

¡°Es una reclamaci¨®n patrimonial abierta, porque el problema sigue creciendo y no tiene fin¡±, lamenta Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando, un municipio que se ahoga en el caos generado por la llegada de la l¨ªnea 7B de Metro.

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