El deterioro de los derechos humanos en Am¨¦rica Latina se intensifica

La protecci¨®n de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n y la discriminaci¨®n de las minor¨ªas no solo no se redujeron sino que se intensificaron en la regi¨®n, seg¨²n el ¨²ltimo informe anual sobre la situaci¨®n de los derechos humanos de Amnist¨ªa Internacional.

Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico (EE UU) recurrieron el a?o pasado a t¨¢cticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar las cr¨ªticas. La regi¨®n sufre un aumento alarmante del n¨²mero de amenazas o ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los pa¨ªses con m¨¢s homicidios como Honduras, El Salvador, M¨¦xico, Brasil o Venezuela. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e ind¨ªgenas continu¨® agrav¨¢ndose y la regi¨®n mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres m¨¢s alta del mundo.

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El deterioro de los derechos humanos en la regi¨®n no se tradujo, sin embargo, en una ca¨ªda del activismo social. Buenos ejemplos son las manifestaciones masivas en Argentina contra la desaparici¨®n del activista Santiago Maldonado o el movimiento social Ni una menos?que denunci¨® los feminicidios en varios pa¨ªses de la regi¨®n. Amnist¨ªa celebra la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que refrend¨® la despenalizaci¨®n del aborto en determinadas circunstancias, y la reforma del C¨®digo Penal boliviano que ampli¨® significativamente el acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Aun as¨ª, seis de los siete pa¨ªses que hoy mantienen la prohibici¨®n total al aborto son de la regi¨®n: Rep¨²blica Dominicana, El Salvador, Hait¨ª, Honduras, Nicaragua y Surinam.

En M¨¦xico la violencia aument¨® en todo el pa¨ªs, la cifra de homicidios (42.583; unos 117 diarios) fue la m¨¢s alta de su historia. Las desapariciones forzosas, tanto con implicaci¨®n del Estado como perpetradas por agentes no estatales, siguen siendo una pr¨¢ctica habitual alentada por la impunidad. Las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad siguen derivando en torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales. Por cuarto a?o consecutivo, las autoridades se negaron a publicar la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Polic¨ªa o el Ej¨¦rcito.

Derechos fundamentales como la libertad de expresi¨®n o de reuni¨®n sufrieron un grave retroceso en Venezuela. M¨¢s de 50 emisoras de radio fueron clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas multitudinarias. Los derechos pol¨ªticos tambi¨¦n han sido constantemente vulnerados y la disidencia, que no particip¨® en la elecci¨®n de la Asamblea Constituyente, es silenciada y fragmentada desde el Gobierno. La independencia judicial qued¨® una vez m¨¢s en entredicho. La fiscal general Luisa Ortega D¨ªaz fue destituida en circunstancias irregulares y decenas de civiles fueron procesados bajo jurisdicci¨®n militar. Cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras. La crisis alimentaria y m¨¦dica que padece el pa¨ªs sigui¨® agrav¨¢ndose. Tambi¨¦n aument¨® dr¨¢sticamente el n¨²mero de venezolanos que solicit¨® asil¨® en el extranjero, principalmente en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Espa?a.

El informe lamenta que el proceso de paz en Colombia no haya derivado en una mayor protecci¨®n de los derechos humanos. A pesar de que las cifras oficiales indican que el n¨²mero de civiles muertos en acciones militares o paramilitares ha descendido, en algunas regiones del pa¨ªs el conflicto parece haberse intensificado. Los pueblos ind¨ªgenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los activistas por los derechos humanos siguen siendo los que m¨¢s sufren la violencia entre el Estado y las guerrillas colombianas. Amnist¨ªa conf¨ªa en que los cr¨ªmenes cometidos durante el conflicto armado no acaben quedando impunes. Las estad¨ªsticas oficiales del pa¨ªs no muestran una reducci¨®n de la violencia contra las mujeres y ni?as, en especial la sexual. La organizaci¨®n tambi¨¦n destaca que el Estado sigue ejerciendo un uso excesivo de la fuerza que en ocasiones causa la muerte de civiles.