Colombia: ?zancadillas a la paz?

Panorama nada simple y, por cierto, con escollos y complejidades; digamos que lo propio de una transici¨®n luego de m¨¢s de 50 a?os de conflicto en Colombia. En ese contexto era meritorio lo que parec¨ªa ser un compromiso del Gobierno de Iv¨¢n Duque de no trabar la continuidad del proceso de paz, aunque s¨ª ¡ªcomprensiblemente¡ª darle un ¡°toque¡± en un par de aspectos puntuales.

Me refer¨ª a este asunto, en esta columna, d¨ªas antes de la inauguraci¨®n del Gobierno del presidente Duque (?Colombia har¨¢ trizas el acuerdo de paz?, 27/7/18). Critiqu¨¦ las previsiones catastrofistas de que el nuevo Gobierno har¨ªa ¡°trizas¡± los acuerdos. El presidente electo se?alaba que, de haber ajustes, estos se har¨ªan siguiendo el curso institucional regular. Ninguno de los ajustes, adem¨¢s, afectaba al ¡°coraz¨®n¡± de los acuerdos, cuya esencia, adem¨¢s, hab¨ªa quedado incorporada en la propia Constituci¨®n (2017). El suelo, pues, parec¨ªa estar tranquilo.

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Sin embargo, otros criterios han entrado a tallar impulsando las cosas en una direcci¨®n distinta. Eso se desprende de las iniciativas anunciadas la semana pasada por el propio Duque sobre un componente medular de los acuerdos: la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) y el contenido de su ley estatutaria (lo que en otros pa¨ªses se denomina ley org¨¢nica).

La JEP y su funcionamiento es el componente esencial para aplicar justicia a los responsables y disponer reparaciones para las v¨ªctimas. Y ya est¨¢ operando. Ante ella, por ejemplo, est¨¢n compareciendo dirigentes de las FARC en procesos sobre secuestros en los que se les atribuye responsabilidad penal. No entro aqu¨ª a las complejidades jur¨ªdicas que contienen los cambios sugeridos sino a dos asuntos que aparecen como los medulares.

Primero, el antecedente: el texto de la ley fue materia de amplia discusi¨®n antes de su aprobaci¨®n en el Congreso (noviembre de 2017); por ser ley estatutaria, le sigui¨® un minucioso an¨¢lisis por la Corte Constitucional. En su fallo de 750 p¨¢ginas (C-080/18), la Corte declar¨® constitucional buena parte de la ley y excluy¨® algunos art¨ªculos que consider¨® inconstitucionales.

Fue remitida luego al Gobierno (diciembre de 2018) para que dictase la ley. El Procurador General de la Naci¨®n, Fernando Carrillo, afirm¨® sobre todo ese proceso: ¡°Ya hay cosa juzgada constitucional¡±. La ley quedaba expedita, pues, para su promulgaci¨®n y aplicaci¨®n. Es dentro de ese marco de ¡°cosa juzgada constitucional¡± que el presidente Duque anunci¨® objeciones a ese texto legal de constitucionalidad ¡°santificada¡±. La l¨®gica hubiera indicado que el paso que correspond¨ªa era ponerla en ejecuci¨®n.

Segundo, al ser objeciones de naturaleza constitucional, muchos analistas de peso consideran que se estar¨ªa confrontando una sentencia ¡ªirrevisable¡ª de la Corte Constitucional. En febrero el presidente hab¨ªa declarado que no objetar¨ªa la ley ni confrontar¨ªa a la Corte Constitucional, pero se conocieron la semana pasada esas seis objeciones presidenciales. Desde el punto de vista formal no se puede objetar el derecho de iniciativa legislativa del ejecutivo. De suyo se puede deducir, sin embargo, que de convertirse algunas de esas propuestas presidenciales en ley, por lo anterior previsiblemente las ¡°tumbar¨ªa¡± la Corte Constitucional en su fase de revisi¨®n.

Mejorar la JEP es bueno y necesario. Pero es dif¨ªcil de entender este viraje hacia una aproximaci¨®n confrontativa y atentatoria del principio democr¨¢tico de separaci¨®n de poderes. Este paso no es consistente con la forma en la que Duque ha venido ejerciendo su funci¨®n; m¨¢s bien, puede fomentar la polarizaci¨®n y acabar respondiendo, a fin de cuentas, a agendas de pol¨ªticos que est¨¢n pensando, acaso, en un clima que, por ejemplo, les pueda ser ¨²til de cara a las venideras elecciones regionales. Es de desear que, en este contexto, el presidente Duque, con su agenda, reafirme sus condiciones de estadista, de la que ya ha dado muestras valiosas.