Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por cr¨ªmenes contra la humanidad por su pol¨ªtica migratoria
Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de las muertes de inmigrantes en Libia y en el Mediterr¨¢neo
La pol¨ªtica migratoria de la Uni¨®n Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que aseguran presentar ¡°pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisi¨®n de cr¨ªmenes contra la humanidad¡± al dejar supuestamente en manos de Libia la reducci¨®n del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones p¨²blicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, as¨ª como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea ¡°como parte de una pol¨ªtica premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de ?frica a trav¨¦s de la ruta central del Mediterr¨¢neo desde 2014 hasta hoy¡±.
A lo largo de 242 p¨¢ginas, dirigidas a la Fiscal¨ªa de la Corte con sede en La Haya ¡ªa las que ha tenido acceso este diario y otros europeos¡ª, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros ¡°no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conoc¨ªan la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir cr¨ªmenes bajo la jurisdicci¨®n de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicaci¨®n¡±. Lo hicieron, seg¨²n sostienen, ¡°con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales¡±. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterr¨¢neo. Entre 2016 y 2018, m¨¢s de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detenci¨®n y de tortura en Libia.
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisi¨®n Europea asegura a trav¨¦s de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional¡±. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguir¨¢ siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias¡±. Fuentes de Bruselas aseguran tambi¨¦n que el di¨¢logo con las autoridades libias se centra ¡°en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados¡±, as¨ª como en la defensa de alternativas a la detenci¨®n ¡°para poner fin a la detenci¨®n sistem¨¢tica y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia¡±.
Aclaran que las operaciones europeas de b¨²squeda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. ¡°Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes¡±, a?ade la portavoz, que clarifica que la formaci¨®n europea a Libia (a trav¨¦s de la denominada Operaci¨®n Sophia, de car¨¢cter militar) se centra en b¨²squeda y rescate, pero tambi¨¦n en el respeto de los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, la Fiscal¨ªa debe decidir si efect¨²a un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Uni¨®n Europea, una de sus principales valedoras.
El escrito destaca la cooperaci¨®n europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los cr¨ªmenes en los centros de detenci¨®n libios ya investigados en una causa por la Fiscal¨ªa del CPI, ¡°la UE continu¨® su cooperaci¨®n de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia¡±. ¡°Sin la implicaci¨®n de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos¡±, sostiene la denuncia. Y ¡°los cr¨ªmenes contra la poblaci¨®n afectada nunca hubieran ocurrido¡±. Las poblaciones afectadas, a?aden, son civiles vulnerables, muchos de ellos ni?os y mujeres que hu¨ªan de persecuciones, conflictos armados, tr¨¢fico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de cr¨ªmenes.
En su art¨ªculo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera cr¨ªmenes contra la humanidad ¡°los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistem¨¢tico contra una poblaci¨®n civil y con conocimiento de dicho ataque¡±. Entre ellos, figura ¡°el asesinato, exterminio, esclavitud, deportaci¨®n, tortura, violaci¨®n, persecuci¨®n y otros actos inhumanos de car¨¢cter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad f¨ªsica o la salud mental o f¨ªsica¡±.
¡°La pol¨ªtica migratoria comunitaria est¨¢ centrada en el uso de intermediarios en pa¨ªses en tr¨¢nsito: Turqu¨ªa, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterr¨¢neo. La responsabilidad moral y pol¨ªtica por lo que ocurre en los campos de reclusi¨®n libios parece evidente. Hay datos que confirman que all¨ª hay abusos. La responsabilidad jur¨ªdica es m¨¢s dif¨ªcil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces s¨ª estar¨ªan obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos¡±, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigraci¨®n, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.
En cuanto a la interceptaci¨®n de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que ¡°la participaci¨®n activa de unidades militares de la UE proporciona informaci¨®n clave como la localizaci¨®n de los barcos en peligro o da ¨®rdenes a los guardacostas libios en conexi¨®n con la interceptaci¨®n y la devoluci¨®n de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias¡±. Denuncian la ¡°naturaleza violenta¡± de los abordajes, as¨ª como ¡°maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, as¨ª como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo¡±.
Bruselas ha tenido conocimiento de los cr¨ªmenes cometidos en los centros de detenci¨®n libios y ofrece apoyo econ¨®mico y log¨ªstico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organizaci¨®n Internacional para las Migraciones. En la pr¨¢ctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros ¡ªy que han sido documentados con im¨¢genes¡ª quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.
En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigaci¨®n existente sobre los cr¨ªmenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a trav¨¦s de sus instituciones, en particular Frontex (la agencia europea de fronteras), dise?¨® y aplic¨® su pol¨ªtica migratoria por encargo de los pa¨ªses miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y pol¨ªticos implicados en la toma de decisiones de la organizaci¨®n: ¡°Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementaci¨®n de las pol¨ªticas y la comisi¨®n de los cr¨ªmenes¡±.
Asesinatos, violaciones y torturas
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho a?os la situaci¨®n en el pa¨ªs a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indic¨® ante la propia organizaci¨®n que Libia ¡°corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravar¨¢ el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo informaci¨®n sobre graves y cuantiosos cr¨ªmenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el pa¨ªs". "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tr¨¢fico de seres humanos. La situaci¨®n es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar¡±, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la ¨²nica instancia permanente para juzgar el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad.
¡°Las evidencias est¨¢n ah¨ª y adem¨¢s, ya hay una investigaci¨®n de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que pol¨ªticamente, la UE es la ¨²ltima frontera de la CPI¡±, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de Derecho Internacional de la Universidad Science Po de Par¨ªs y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos a?os. Shatz es miembro de la organizaci¨®n de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la ¡°criminalizaci¨®n¡± de ONG que rescatan migrantes en el Mediterr¨¢neo. Firma tambi¨¦n la comunicaci¨®n el abogado franc¨¦s Juan Branco, que trabaj¨® en la CPI y defendi¨® al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.
Adriaan Schout, experto en la Uni¨®n Europea del Instituto holand¨¦s Clingendael de Relaciones Internacionales, duda de la viabilidad jur¨ªdica de la denuncia. ¡°La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como instituci¨®n. La protecci¨®n fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un pa¨ªs comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protecci¨®n. Si no lo hacen, entonces ah¨ª podr¨ªan ser objeto de denuncia¡±.
Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados s¨ª tienen la obligaci¨®n de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el ¨²ltimo a?o), la Comisi¨®n Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un pa¨ªs comunitario. Finalmente se logr¨® una soluci¨®n ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de las aguas territoriales, es tambi¨¦n evidente la obligaci¨®n legal en situaci¨®n de naufragio o en las llamadas de b¨²squeda y rescate, seg¨²n establecen los convenios internacionales. No as¨ª, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Mart¨ªnez, experta legal del Center for European Reform. ¡°Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ah¨ª estar¨ªan obligados a la b¨²squeda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad¡±.
Mortera-Mart¨ªnez explica que la UE no puede devolver a personas a pa¨ªses que no son seguros, porque estar¨ªa violando el derecho de asilo y de no devoluci¨®n. ¡°Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, t¨² no est¨¢s participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales¡±. Preguntada en general por un posible proceso contra la Uni¨®n, Mortera-Mart¨ªnez explica que ¡°la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros¡±. Esto podr¨ªa cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. ¡°En general, no le auguro mucho ¨¦xito a este tipo de acciones en los tribunales¡±, a?ade.
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