Vivanco: ¡°Duque dice que en Colombia hay millones de l¨ªderes sociales y sugiere que proteger a todos es imposible¡±

La organizaci¨®n Human Rights Watch (HRW) present¨® hace dos semanas un informe sobre la violencia incesante que sufren los defensores de los derechos humanos en Colombia. Las cifras, adem¨¢s de dram¨¢ticas, son demoledoras para la estrategia adoptada por las autoridades. Naciones Unidas contabiliza m¨¢s de 420 asesinatos desde 2016. Las v¨ªctimas son a menudo representantes ind¨ªgenas, de comunidades afrocolombianas o l¨ªderes de organizaciones de base cuyo trabajo es fundamental en muchas zonas rurales donde las instituciones a¨²n no han logrado imponerse a pesar de la desmovilizaci¨®n de las FARC. Tras la firma de los acuerdos de paz, a finales de ese a?o, algunos territorios pasaron a ser controlados por grupos armados, entre ellos disidentes de la organizaci¨®n insurgente, que se disputan el control de las rutas del narcotr¨¢fico y otras actividades ilegales.

El trabajo de HRW mostraba que la respuesta del Gobierno ante este aumento de la inseguridad se limita a fortalecer el despliegue militar y a algunas acciones que, de vez en cuando, acaban con alg¨²n cabecilla. Sin embargo, este planteamiento, seg¨²n la organizaci¨®n, ha resultado m¨¢s que insuficiente para dar protecci¨®n a los defensores de los derechos humanos y representantes comunitarios. Los avances de la justicia en los ¨²ltimos a?os s¨ª han sido notorios. Es decir, los fiscales han cortado a menudo las cadenas de impunidad, logrando sentar en un juicio a los autores materiales de los asesinatos. Aun as¨ª, HRW no ha detectado mayores esfuerzos para llegar a los responsables ¨²ltimos de estos cr¨ªmenes. La percepci¨®n de Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de la organizaci¨®n, es que el Gobierno no est¨¢ dispuesto a admitir errores. El abogado se re¨²ne peri¨®dicamente con Duque, al igual que con otros gobernantes de Am¨¦rica Latina, para trasladarles recomendaciones y presentarles sus informes.

¡°El jueves 11 de febrero me reun¨ª con el presidente Duque para presentarle nuestro informe. Debo admitir que la reuni¨®n no fue mayormente productiva y honestamente me result¨® decepcionante¡±, afirma Vivanco en declaraciones a EL PA?S. ¡°Le present¨¦ una serie de recomendaciones concretas y pr¨¢cticas que su Gobierno podr¨ªa implementar para mejorar su r¨¦cord en prevenci¨®n y sanci¨®n sobre asesinatos de defensores de derechos humanos. Muchas eran recomendaciones que no deber¨ªan tener mayor costo pol¨ªtico, tales como reformas al C¨®digo Procesal Penal o una enmienda a un decreto que permitir¨ªa aumentar la capacidad de la Fiscal¨ªa para procesar a los autores intelectuales detr¨¢s de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Tambi¨¦n le propuse que fortalezca los mecanismos de protecci¨®n colectiva, empezando por los proyectos piloto en cuatro regiones de alto riesgo que anunci¨® el expresidente Juan Manuel Santos; que aumente el personal a una unidad especial de la polic¨ªa a cargo de investigar estos asesinatos; y que implemente una comisi¨®n que ya existe en Colombia para desarrollar planes para desmantelar grupos armados¡±, dice.

Aun as¨ª, Vivanco asegura que no lo pudo ¡°persuadir¡±. ¡°Me parece que el presidente no estaba dispuesto a escuchar. Por el contrario, parece estar convencido de que est¨¢ haciendo lo correcto¡±. En opini¨®n del director para las Am¨¦ricas de HRW ni siquiera deber¨ªan debatirse algunos datos. ¡°Esta es una cuesti¨®n casi matem¨¢tica: si los asesinatos de defensores de derechos humanos siguen siendo constantes en Colombia, entonces las pol¨ªticas del gobierno son claramente insuficientes o erradas, y hay que evaluarlas y corregirlas. No entiendo por qu¨¦ el presidente Duque se empe?a en el error¡±.

Concretamente, Vivanco se?ala que ¡°el argumento principal del presidente Duque fue que en Colombia existen ocho millones de l¨ªderes sociales, lo cual sugiere -aunque el presidente no lo dijo expl¨ªcitamente en la reuni¨®n¡ª que proteger a todos los l¨ªderes sociales en el pa¨ªs es una tarea pr¨¢cticamente imposible¡±. ¡°Para m¨ª, eso representa una posici¨®n derrotista, como si el Gobierno colombiano no pudiera hacer m¨¢s ante una especie de cat¨¢strofe natural irrefrenable¡±. Adem¨¢s, sigue, los c¨¢lculos de las autoridades se basan ¡°en un falso concepto¡±. Es decir, ¡°el Gobierno dice que su posici¨®n est¨¢ basada en la metodolog¨ªa de Naciones Unidas, lo cual no es cierto, de hecho Naciones Unidas utiliza el t¨¦rmino de defensor de derechos humanos, no el de l¨ªder social. Estas son dos categor¨ªas distintas que no hay que confundir¡±.

¡°El argumento del Gobierno es que hay ocho millones de l¨ªderes sociales porque las Juntas de Acci¨®n Comunal, que son organizaciones de base que existen en muchas zonas de Colombia, tienen esa cantidad de miembros a nivel nacional. Pero este argumento no tiene mayor sentido: en Colombia, por ley, todos los mayores de 14 a?os que habiten en territorios donde existan juntas de acci¨®n comunal deben inscribirse en estas entidades. El hecho de que una persona, por ejemplo, un ni?o de 14 a?os, se inscriba en una junta de acci¨®n comunal, no lo transforma en un l¨ªder social¡±, mantiene Vivanco. ¡°Por supuesto que eso no es lo que dice la ONU: defensores de derechos humanos son aquellas personas que ejercen la labor de protecci¨®n o promoci¨®n de estos derechos, independientemente de que formen parte o no de una organizaci¨®n de base o de una ONG¡±, razona. ¡°No entiendo cu¨¢l es el prop¨®sito del Gobierno¡±, lamenta el abogado, ¡°por confundir a los miembros de las Juntas de Acci¨®n Comunal con los l¨ªderes de estas organizaciones, que son quienes est¨¢n principalmente en riesgo en Colombia¡±.

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