Cuando el drama de los desahucios lleva a caseros e inquilinos a un limbo en el que todos pierden

Los desahucios son un drama con muchas caras. La de Zohra Haidra, de 59 a?os, reci¨¦n desalojada de su casa con su hijo; la de Carmelo Sevilla o Itziar Agea, que hab¨ªan puesto sus ahorros en un piso para tener un ingreso seguro en su jubilaci¨®n y ahora son v¨ªctimas de okupaci¨®n. Es tambi¨¦n el trabajo de Juan Carlos Arellano, empleado del Samur Social, para quien el desahucio es una falta de derechos, o de Jes¨²s Garc¨ªa, trabajador social, de cuyo informe sobre si una persona es vulnerable o no depende de que un juez ordene o paralice un desalojo. En Espa?a se ejecutan 82 desahucios al d¨ªa, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el primer trimestre de 2024 fueron 7.424. De estos, siete de cada diez (5.443) eran por impago del alquiler. Estas son las historias de las cuatro esquinas de un desahucio, donde a menudo caseros inquilinos quedan en un limbo en el que todos pierden:

Zohra Haidra, desahuciada: ¡°No voy a encontrar piso en solo un mes¡±

Zohra Haidra (Marruecos, 59 a?os) envolv¨ªa la colcha que cubr¨ªa su cama cuando el Samur Social la llam¨® para informarle de que la orden de desahucio se iba a ejecutar a las 9.30 horas del 24 de julio. El apartamento, de 32 metros cuadrados, de la calle de Zurita, n¨²mero 31, en el barrio de Lavapi¨¦s de Madrid, ya est¨¢ vac¨ªo. Ella lo ha asimilado. Era el tercer intento de desalojo del piso que alquil¨® en 2014 con su esposo y su hijo de ocho a?os. Ya no vive all¨ª.

Va y viene entre los andamios que sostienen el techo del sal¨®n, que se cay¨® parcialmente en enero. Limpia para no pensar en lo que le espera abajo: tres furgones policiales que han bloqueado la calle para asegurar el desahucio. Haidra no le tiene un cari?o especial al piso: sin ventilaci¨®n, la ¨²nica ventana da a un patio interior, con humedades y sin agua caliente. Intent¨® hablar con el casero para que le arreglara los desperfectos. No obtuvo respuesta. La representante legal del due?o del edificio no ha atendido los requerimientos de la Escuela de Periodismo UAM-EL PA?S para escuchar su versi¨®n.

Haidra contact¨® con un trabajador social para que acreditase su vulnerabilidad (est¨¢ incapacitada para trabajar porque tiene las dos rodillas operadas) y poder optar a una vivienda social. Le aconsejaron irse a vivir fuera de Madrid. ¡°Me dijeron que con lo que ganaba pod¨ªa permit¨ªrmelo¡±, cuenta Haidra, que percibe 957 euros al mes (600 de pensi¨®n y 357 del ingreso m¨ªnimo vital).

Ante el silencio de su casero, en abril de 2020 Haidra dej¨® de pagar los 320 euros de alquiler. Como respuesta, el due?o solicit¨® el desahucio y le exigi¨® que pagara la deuda de 16.000 euros. Ella, desesperada, contact¨® con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. A comienzos de 2024 lleg¨® el burofax al piso de Haidra con la orden de desahucio, a pesar de tener acreditada la vulnerabilidad. Pero el juez se neg¨® a paralizar la expulsi¨®n.

El sindicato intent¨® suspender la ejecuci¨®n, sin ¨¦xito. Entre c¨¢nticos y aplausos de los manifestantes, Haidra subi¨® a la furgoneta del Samur Social para que la llevaran al centro de acogida Las Caracolas, en Vallecas. ¡°Llevo cuatro a?os buscando un piso. No lo voy a encontrar en un mes. Es un problema de toda Espa?a¡±, se lamenta.

Carmelo Sevilla, casero con okupas: ¡°Yo no firm¨¦ que iba a ser el escudo social de nadie¡±

El 3?A de la calle de la Carretera de Canillas, 74 (Madrid) iba a ser el ¡°plan de pensiones¡± de su propietario, Carmelo Sevilla (Guadalajara, 71 a?os). Ahora mira el edificio desde la calle con pesar porque sus inquilinas dejaron de pagar en 2020 el alquiler de 1.250 euros mensuales. Est¨¢n de okupas. No hay fecha de desahucio, ellas no tienen alternativa habitacional y ¨¦l mantiene a una familia que no es la suya. ¡°Yo no firm¨¦ que iba a ser el escudo social de nadie¡±, se resigna.

Con una deuda que asciende a 60.160 euros, Carmelo Sevilla est¨¢ desesperado. Lo ha intentado todo para recuperar su vivienda: dialogar con sus inquilinas para solucionar los pagos, interponer una demanda ¨Dlos servicios sociales le informaron de la vulnerabilidad de una de las arrendatarias¨D, hablar con la prensa, solicitar a la Comunidad de Madrid la compensaci¨®n econ¨®mica por la p¨¦rdida del alquiler del piso.... ¡°Me dicen que tengo raz¨®n. Yo lo que quiero es una soluci¨®n¡±, denuncia. Las inquilinas no han atendido las llamadas y visitas de la Escuela de Periodismo UAM-EL PA?S.

Sevilla no quiere que las ocupantes del piso se queden en la calle, pero necesita el dinero del alquiler. Y el apartamento tiene unos gastos de 350 euros mensuales. Esper¨® hasta finales de 2023 para volver solicitar el desahucio, porque la ley antidesahucios o de escudo social ten¨ªa vigencia hasta el 31 de diciembre. Se prorrog¨® hasta 2024. ¡°Esto me supon¨ªa un a?o m¨¢s de espera y ya dije: se acab¨®¡±, afirma. Volvi¨® a solicitar la orden de desahucio y a sus inquilinas les revalorizaron la declaraci¨®n de vulnerabilidad. Sigue a la espera de una respuesta. Cuando recupere su vivienda, ¨¦l pretende volver a alquilarla. No quiere venderla, ha sido el hogar de sus padres y quiere que, cuando ¨¦l fallezca, sea el plan de pensiones de una de sus hijas.

Itziar Agea, propietaria sin piso: ¡°Los arrendatarios estamos desprotegidos¡±

Itziar Agea (Bilbao, 48 a?os) vive con sus tres hijos en casa de sus padres en Madrid porque no puede pagar un alquiler y la casa de la que es propietaria en Alcobendas (Madrid) lleva ocupada dos a?os. Cuando le dejaron de pagar sus inquilinos, ella no pudo abonar m¨¢s la renta de su propio hogar: empaquet¨® en 100 cajas sus pertenencias, las meti¨® en un trastero y, con tres maletas, se mud¨® al piso de sus padres.

Con el primer sueldo que recibi¨® Agea hace 25 a?os, compr¨® un piso en la calle de Gloria Fuertes (Alcobendas, Madrid). Ah¨ª vivi¨® durante seis a?os y tuvo a su primer hijo. En 2010 lo puso en alquiler para vivir con su pareja en una zona m¨¢s c¨¦ntrica. Con el dinero completaba el pago de su nuevo alquiler de 1.000 euros, porque su salario como empleada municipal de limpieza ¡°da para lo justo¡±.

Pero en 2021, cuando se separ¨® de su entonces pareja, ella anunci¨® a sus dos inquilinos que necesitaba el piso para vivir. ¡°Me comunicaron que no se iban. Que agotar¨ªan su contrato con la ley actual que dice que pueden prolongarlo hasta cinco a?os¡±, agrega. Y dej¨® de recibir los 875 euros mensuales. La Ley de Arrendamientos Urbanos prev¨¦ que si el arrendador necesita el piso como su vivienda habitual, la pr¨®rroga no es obligatoria, por lo que Agea tuvo que recurrir a una demanda civil para intentar recuperar su casa. Los inquilinos no han atendido las llamadas y visitas de la Escuela de Periodismo UAM-EL PA?S. ¡±Estuve aguantando hasta el final de mi contrato¡±, recuerda Agea. ¡°Le dije a la propietaria del piso donde estaba que me ten¨ªa que ir porque ya no pod¨ªa pagarle¡±. Tuvo que alquilar un trastero por 190 euros al mes para guardar las pertenencias que no pod¨ªa llevar a casa de sus padres.

Agea cre¨ªa que no vivir¨ªa all¨ª m¨¢s de seis meses. Su hijo m¨¢s peque?o, de siete a?os, y ella comparten una cama. El mediano, de 15 a?os, duerme en otro cuarto con su abuela. El mayor, de 18 a?os, va de la cama de Agea al sof¨¢ o al cuarto de su abuelo. ¡°Tengo que estar mediando entre mis padres y mis hijos constantemente¡±, admite frustrada.

En abril de 2023 la justicia fall¨® a su favor. Los inquilinos iban a ser desalojados a finales de a?o, pero les otorgaron la vulnerabilidad social por tener dos hijos. A Agea le pareci¨® bien la ley al principio por proteger a quienes lo necesitaban. Tras lo sucedido, le parece injusta porque, asegura, a los arrendatarios los deja ¡°totalmente desprotegidos¡±.

Ella est¨¢ pendiente de que los servicios sociales la declaren tambi¨¦n a ella persona vulnerable. ¡°Yo nunca he hecho negocio, ni he tenido un beneficio tremendo por el piso¡±, explica. Lo que m¨¢s desea es recuperarlo, sacar sus muebles y las 100 cajas del trastero y acomodarlas. Espera que eso ocurra antes de que termine este a?o.

Juan Carlos Arellano, Samur Social: ¡°Garantizamos la sanidad y la educaci¨®n, ?por qu¨¦ no la vivienda?¡±

El d¨ªa que una familia recibe un burofax con la orden de desahucio, tambi¨¦n lo recibe el Samur Social. El contenido es distinto. La fecha del desalojo, la direcci¨®n y toda la informaci¨®n sobre la familia llegan a la sede central de Samur Social. Un equipo especializado en atenci¨®n social comienza a preparar el caso. El m¨¢s reciente que recuerda Juan Carlos Arellano, empleado de este servicio p¨²blico, es el de una familia con cinco menores a su cargo que fueron desalojados por impago del alquiler. No hablaron con los afectados, ni acudieron al domicilio hasta el d¨ªa del desahucio.

En el escenario del conflicto, el Samur act¨²a de intermediario entre la familia y la comisi¨®n judicial (encargada de ejecutar el desalojo). A la familia de los cinco menores, tras una entrevista, les ofrecieron una soluci¨®n provisional: vivir en uno de sus recursos, el centro de emergencia temporal Las Caracolas, en el distrito de Villa de Vallecas. ¡°En el 80% de los casos no han necesitado los recursos del Samur¡±, cuenta Arellano.

El tiempo medio de alojamiento en estos recursos del Samur Social es de 15 d¨ªas. La familia de los cinco ni?os estuvo dos meses alojada en Las Caracolas. Mientras, los profesionales de los centros y un equipo de coordinaci¨®n les hicieron seguimiento y les ayudaron a buscar un alojamiento. La familia finalmente encontr¨® un nuevo piso, despu¨¦s de que el padre volviese a trabajar.

Arellano cree que la ra¨ªz del problema de los 60 desahucios mensuales en Madrid no es la falta de recursos, sino que la vivienda no se entienda como un derecho. ¡°Garantizamos el derecho a la sanidad p¨²blica y a la educaci¨®n, ?por qu¨¦ no a la vivienda?¡±, pregunta.

Jes¨²s Garc¨ªa, trabajador social: ¡°Que alguien pierda su hogar es un fracaso¡±

Jes¨²s Garc¨ªa (Madrid, 60 a?os) atiende a 15 familias con problemas de vivienda a la semana. La mayor¨ªa son vulnerables y ya no pueden pagar un alquiler. No olvida el caso de una mujer que, a punto de ser desahuciada con sus hijos, intent¨® quitarse la vida. ?l verifica la situaci¨®n de vulnerabilidad, pero no siempre puede aplazar un desalojo. A veces, ayuda al desahuciado a bajar ropa y muebles a la calle.

La labor de los trabajadores sociales es compleja, explica, por la falta de personal frente al elevado n¨²mero de casos. ¡°No se puede tener una entrevista cada tres meses¡±, afirma. ¡°Nos hace falta tiempo y agendas en las que no tengamos a 200 familias para el seguimiento¡±. Ni siquiera tiene capacidad, seg¨²n admite, para dar alternativas a 20 personas.

En los ¨²ltimos cinco a?os, Garc¨ªa ha notado un cambio. Cuenta que antes los desahucios eran por impago de hipoteca, sobre todo tras la crisis de 2008. Desde la pandemia, el 95% de los casos son por no poder cubrir un alquiler. Principalmente, se trata de madres solteras con hijos.

Cuando un juez declara la vulnerabilidad de una familia y se para el desahucio, los problemas no terminan, porque no hay un lugar al que llevarla y el peso recae en los peque?os propietarios. ¡°Las comunidades deben establecer mecanismos r¨¢pidos y urgentes para que el propietario cobre al menos una compensaci¨®n para mantener a esa familia en la vivienda¡±, detalla. Para ¨¦l, la soluci¨®n est¨¢ en la vivienda social. ¡°Es un fracaso que alguien pierda un hogar¡±, subraya. No quiere ser ¡°idealista¡±, pero desear¨ªa dar herramientas a esas familias para salir de la vulnerabilidad y admite que en su profesi¨®n ¡°deben hacer m¨¢s de lo que ya hacen¡±.