La agenda energ¨¦tica de L¨®pez Obrador se hunde en una par¨¢lisis legal

La agenda energ¨¦tica del Gobierno mexicano ya no se dirime en el Congreso, sino en los tribunales. Las reformas que ha impulsado el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador para limitar la participaci¨®n privada en el sector se han topado con cientos de amparos judiciales y varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia. El ¨²ltimo rev¨¦s ha llegado este lunes despu¨¦s de que un juez confirmara la suspensi¨®n de los cambios a la Ley de Hidrocarburos por la duraci¨®n del juicio. Aunque el presidente ha prometido este martes litigar hasta el final, el enredo amenaza con bloquear las nuevas normas o, por lo menos, postergar su aplicaci¨®n hasta el final del sexenio.

¡°No vamos a dar ni un paso atr¨¢s¡±, declar¨® en marzo el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, tras la aprobaci¨®n de la reforma el¨¦ctrica. La realidad tampoco ha permitido al Gobierno dar un paso adelante. Los cambios tanto a la Ley de la Industria El¨¦ctrica, aprobados a principios de marzo, como a la Ley de Hidrocarburos, votados este mes, han sido suspendidos por los jueces pocas horas despu¨¦s de su entrada en vigor. Las dos iniciativas tienen un rasgo com¨²n: buscan reforzar a las empresas paraestatales, la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE) y Pemex frente a la iniciativa privada.

Las empresas afectadas han respondido con la presentaci¨®n de amparos, un mecanismo que permite solicitar la suspensi¨®n temporal de la medida mientras se resuelve el juicio. La estrategia ha tenido ¨¦xito. Ya van m¨¢s de 300 amparos en el caso de la reforma el¨¦ctrica y varias decenas para la de hidrocarburos. La defensa legal es parecida en ambos; se invocan los art¨ªculos de la Constituci¨®n que hacen referencia a la libre competencia econ¨®mica y, para la reforma el¨¦ctrica, tambi¨¦n el derecho a un medio ambiente sano.

La gran mayor¨ªa de los amparos han desembocado en suspensiones indefinidas, muchas de ellas de car¨¢cter general, es decir, las iniciativas dejan de aplicarse mientras transcurre el juicio para todo el sector, no solo para las empresas denunciantes. El juez Juan Pablo G¨®mez Fierro ha justificado esa decisi¨®n para no dar ¡°una ventaja competitiva¡± a las quejosas frente a sus competidoras, como se?al¨® en un auto la semana pasada. El juicio puede durar hasta a?o y medio en primera instancia, seg¨²n los expertos consultados. Si se impugna ante un tribunal colegiado y luego ante la Suprema Corte los tiempos se alargan todav¨ªa m¨¢s, entre dos y tres a?os.

Los varapalos eran previsibles, coinciden los juristas consultados. ¡°Se pod¨ªan anticipar. Las suspensiones son razonables porque las reformas son abiertamente contrarias a la Constituci¨®n¡±, se?ala el abogado C¨¦sar Hern¨¢ndez, subsecretario de Electricidad en el sexenio anterior. El acad¨¦mico Alfonso Herrera, profesor de la Universidad Iberoamericana, concuerda: ¡°La posibilidad de ¨¦xito jur¨ªdico por la v¨ªa legal es muy cuesta arriba. Se ha querido seguir esa ruta porque no se iba a tener consenso pol¨ªtico para modificar la Constituci¨®n, que era lo que en realidad correspond¨ªa¡±.

Contar con una suspensi¨®n que puede alargarse meses y hasta a?os ha dado una cierta tranquilidad a las compa?¨ªas energ¨¦ticas. Fuentes de dos importantes empresas del sector explican a este peri¨®dico que los amparos han ido ¡°conforme a lo esperado¡± y que tienen confianza en que los jueces resuelvan en su favor. Con todo, se?alan que ¡°no se puede cantar victoria¡± y que, en cualquier caso, el ambiente sigue sin ser propicio para nuevas inversiones.

En paralelo a los amparos, organismos aut¨®nomos y partidos pol¨ªticos han recurrido directamente a la Suprema Corte. La semana pasada, el m¨¢ximo tribunal admiti¨® a tr¨¢mite la controversia constitucional presentada por la Comisi¨®n Federal de Competencia Econ¨®mica (Cofece) contra la reforma el¨¦ctrica.

El calendario de este cauce legal es incierto por la acumulaci¨®n de carpetas en la Suprema Corte. ¡°Tiene casos de hace dos a?os todav¨ªa sin resolver. Este se va a ir a la cola y puede ser resuelto un a?o antes de la salida del poder de L¨®pez Obrador o con su salida¡±, apunta Alfonso Herrera, quien trabaj¨® en el m¨¢ximo tribunal. No obstante, el presidente de la corte, Arturo Zald¨ªvar, decide cu¨¢ndo se somete a votaci¨®n el proyecto de sentencia y, en consecuencia, puede detener una decisi¨®n o acelerarla, afirma Herrera

El Gobierno, en busca de victorias parciales

La par¨¢lisis legal ha causado una evidente frustraci¨®n en el Gobierno, que ha acatado los fallos judiciales pero ha prometido seguir litigando y ha atacado a los jueces que han concedido los amparos. ¡°Las reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de inter¨¦s creados. Ahora llueven los amparos porque quieren mantener los mismos privilegios. Nosotros vamos a seguir defendiendo que esto se termine¡±, ha declarado el presidente este martes, adem¨¢s de vaticinar que el proceso ¡°se va a concluir en la [Suprema] Corte¡±.

A corto plazo, el Gobierno puede aspirar a algunas ¡°victorias parciales¡±, seg¨²n C¨¦sar Hern¨¢ndez. Un tribunal colegiado, afirma el abogado, puede corregir el car¨¢cter general de las suspensiones otorgadas en primera instancia y limitarlas a las empresas denunciantes. En ese sentido, el Ejecutivo ha presentado un recurso contra la decisi¨®n sobre la reforma el¨¦ctrica que todav¨ªa est¨¢ pendiente de resolverse. Aun si se elimina el car¨¢cter general, C¨¦sar Hern¨¢ndez matiza su impacto: ¡°Como son m¨¢s de 100 amparos, las empresas se van a dar por bien servidas incluso si las suspensiones tienen efectos particulares¡±, se?ala.

En la Suprema Corte, en donde L¨®pez Obrador ha puesto las esperanzas, los n¨²meros favorecen al Gobierno. Invalidar una reforma legal a trav¨¦s de una acci¨®n o controversia constitucional requiere de una mayor¨ªa cualificada de ocho de los 11 ministros. Es un requisito alto, sobre todo si se considera que tres de sus miembros han sido nombrados en la actual Administraci¨®n y un cuarto, Arturo Zald¨ªvar, ha sido alabado por L¨®pez Obrador como una persona en quien tiene ¡°confianza¡±.

Sin embargo, aunque el pleno rechace invalidar la norma, los juicios de amparo seguir¨¢n su curso y las suspensiones pueden seguir en pie. Adem¨¢s, en caso de que no se alcance una mayor¨ªa cualificada pero s¨ª una simple, el criterio de esos jueces en contra de la constitucionalidad de las reformas puede influir en las decisiones de las instancias inferiores.

Si el proceso se eterniza, la opci¨®n ¡°nuclear¡± que L¨®pez Obrador ha afirmado barajar es una reforma constitucional. De llevarse a cabo, los amparos y las acciones y controversias ante la Suprema Corte se sobreseer¨ªan, al no contar ya con sustento legal. Se trata, sin embargo, de un camino complicado. El presidente necesitar¨ªa de una mayor¨ªa cualificada de dos tercios en ambas c¨¢maras. La composici¨®n de la C¨¢mara de Diputados est¨¢ en juego en las elecciones del 6 de junio, pero no la del Senado, donde Morena y sus aliados est¨¢n lejos de los dos tercios.

Las empresas contar¨ªan, en caso de aprobarse una modificaci¨®n constitucional, con una ¨²ltima carta: los mecanismos de arbitraje contemplados por acuerdos comerciales como el T-MEC con Estados Unidos y Canad¨¢. ¡°Las empresas se han acercado para asesorarse¡±, dice el abogado especializado en arbitrajes Rodrigo Barradas. ¡°Si hay una reforma constitucional y se les cierran mecanismos internos de defensa, veo muy probable que se inicien los procedimientos¡±. Pero acudir a un panel, adem¨¢s de ser un proceso largo que puede tardar hasta tres a?os, no suspender¨ªa la norma y solo se podr¨ªa solicitar una indemnizaci¨®n.

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