La agenda ambiental que el pr¨®ximo Gobierno de M¨¦xico ya no puede aplazar

Las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas se han vuelto cada vez m¨¢s prioritarias para los ciudadanos. Aunque los pol¨ªticos lo saben, ni sus contadas apelaciones en favor de promover la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos se traducen nunca en acciones consecuentes. ¡°Ni con este Gobierno ni con los anteriores. En M¨¦xico no existe ning¨²n compromiso pol¨ªtico con el medioambiente¡±, sostiene Leticia Merino, acad¨¦mica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora de la Agenda Socioambiental 2024. Esta iniciativa, en la que han participado m¨¢s de una treintena de especialistas de universidades p¨²blicas, instituciones y organizaciones civiles, analiza temas prioritarios y expone los retos m¨¢s urgentes con el fin de que la pr¨®xima Administraci¨®n trate de revertir la degradaci¨®n ambiental que se ensa?a con el pa¨ªs.

Como se?alan los expertos, a pesar de que M¨¦xico cuenta con una de las riquezas naturales m¨¢s eminentes del mundo, ninguna de sus ¨²ltimas administraciones ha tomado las medidas necesarias para manejarla de manera sustentable y con una visi¨®n de largo plazo. ¡°Por el contrario, nuestra biodiversidad est¨¢ siendo destruida, sobreexplotada y amenazada principalmente para beneficiar intereses privados. ?Este sexenio ha sido catastr¨®fico para el medio ambiente!¡±, denuncia Merino.

La iniciativa que lidera visibiliza, entre otros aspectos, las resistencias que han encontrado los cambios progresistas impulsados por la ciudadan¨ªa para favorecer la sustentabilidad, la salud p¨²blica y los derechos humanos; en algunos casos promovidos de la mano con instituciones y actores del Gobierno actual. Una lucha obstaculizada por las grandes corporaciones, los legisladores de oposici¨®n e incluso del partido en el poder y de funcionarios de diversos niveles. ¡°Hicimos este mismo ejercicio de an¨¢lisis hace seis a?os y desde entonces no hemos avanzado nada!¡±, asegura la soci¨®loga de la UNAM.

Los datos recopilados por los investigadores muestran c¨®mo la tendencia de degradaci¨®n ambiental que ven¨ªa de administraciones pasadas sigue el mismo curso, agravada aun m¨¢s por factores como el cambio clim¨¢tico y el debilitamiento institucional. ¡°El modelo de sobreexplotaci¨®n de la naturaleza no ha cambiado ni se ve como un problema desde los altos poderes. El presupuesto para el medio ambiente se fue hasta el suelo y no existe plan de ning¨²n tipo para dar soluci¨®n a esta crisis. ?El panorama es verdaderamente preocupante!¡±, alega Merino.

Con el fin de revertir los da?os ecol¨®gicos, el grupo de expertos ofrece una ruta cr¨ªtica, viable y con una visi¨®n a largo plazo, que tiene como primera recomendaci¨®n el impulso de una reforma integral que atienda la grave crisis h¨ªdrica que enfrenta M¨¦xico, garantice el acceso equitativo al agua y que impulse avances significativos en la materia. De acuerdo a su informe, las mejoras que ha llevado a cabo la actual administraci¨®n ¡ªcon la aprobaci¨®n de normas que establecen l¨ªmites de la calidad del agua y las descargas residuales¡ª, son todav¨ªa muy insuficientes. ¡°La gesti¨®n responsable de los recursos h¨ªdricos sigue siendo uno de los mayores pendientes del Gobierno saliente. Es terrible que hasta el 70% del agua concesionada est¨¦ en manos de unas pocas corporaciones enormes, o que todav¨ªa se mantenga la terrible corrupci¨®n al interior de la Conagua¡±, denuncia Merino. Para la experta resulta prioritario que la pr¨®xima legislatura reemplace la Ley de Aguas Nacionales, que mercantiliza los bienes h¨ªdricos del pa¨ªs, por una centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. ¡°Una propuesta que pens¨¢bamos que esta Administraci¨®n iba a cumplir¡±, lamenta.

Otro de los retos impostergables en la ruta hacia un M¨¦xico m¨¢s justo y sostenible es la regulaci¨®n de la miner¨ªa, un sector regido por leyes que han favorecido la destrucci¨®n salvaje de tantos territorios y provocado por d¨¦cadas graves conflictos socioambientales. Aunque el marco legal que regula la actividad extractivista fue modificado el a?o pasado, los autores del informe denuncian la continuaci¨®n de tierras devastadas por los megaproyectos, el mantenimiento de las concesiones mineras en ¨¢reas naturales protegidas y la ejecuci¨®n de t¨¦cnicas peligrosas como la miner¨ªa a cielo abierto o los pozos de carb¨®n. ¡°Despu¨¦s de todo el esfuerzo para que la ley del 2023 saliera adelante, ahora luchamos contra el riesgo de que la Suprema Corte la declare inconstitucional y la eche por tierra¡±, declara Merino, para quien ¡°la sensaci¨®n continua con este Gobierno¡± es que dan ¡°un paso para adelante y dos para atr¨¢s¡±: ¡°La pausa en la decisi¨®n de prohibir el glifosato es otro asunto que nos preocupa mucho¡±.

Tras la promulgaci¨®n de un decreto que vetaba el uso de este plaguicida, y que ten¨ªa que entrar en vigor el pasado 1 de abril, el Gobierno mexicano decidi¨® a finales de marzo posponer la prohibici¨®n del glifosato por no contar con alternativas viables que garantizaran el buen desarrollo del sector agr¨ªcola en el pa¨ªs. Una decisi¨®n que, en palabras de Merino, ¡°supone un retroceso en el camino de impulsar pol¨ªticas restrictivas con el uso de este plaguicida y tantos otros peligrosos para la salud¡±.

M¨¦xico tiene en la actualidad m¨¢s de 200 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados en su territorio, de los cuales 154 est¨¢n prohibidos en otros pa¨ªses. Entre ellos los insecticidas que est¨¢n causando alta mortalidad de polinizadores. Por ello, es urgente que el nuevo Gobierno incorpore una pol¨ªtica para su prohibici¨®n gradual y que mejore la estrategia de transici¨®n hacia una agricultura sustentable, exponen los expertos. Tambi¨¦n demandan al Gobierno una mejora en la regulaci¨®n de la gesti¨®n de los residuos, a la que tildan de ¡°fragmentada, desigual y objeto de una captura institucional¡±, as¨ª como a un cambio profundo en el sistema energ¨¦tico mexicano, representado en m¨¢s del 80% de la oferta energ¨¦tica por los combustibles f¨®siles. Frente al predominio de un modelo obsoleto que acent¨²a la crisis clim¨¢tica, el grupo de acad¨¦micos y ambientalistas proponen una transici¨®n energ¨¦tica que apueste por las fuentes renovables locales y que se acompa?e de medidas como la prohibici¨®n de la obsolescencia programada o el fomento de la movilidad sustentable, entre otras propuestas.

La conservaci¨®n de los ecosistemas es otra de las prioridades en la agenda propuesta para el futuro Gobierno. Los cient¨ªficos y ambientalistas denuncian la p¨¦rdida de biodiversidad causada por la destrucci¨®n de h¨¢bitats, la sobreexplotaci¨®n de recursos forestales y pesqueros, la degradaci¨®n de suelos y cuerpos de agua, la contaminaci¨®n y otros factores que tienen graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud humana, la vulnerabilidad a desastres o las posibilidades de adaptaci¨®n al cambio clim¨¢tico. ¡°En la legislaci¨®n actual no hay ni una sola medida para proteger a los oc¨¦anos y estamos padeciendo m¨¢s incendios que nunca¡±, manifiesta Merino. Seg¨²n denuncia, mientras el presupuesto oficial para la protecci¨®n y apoyo al manejo sustentable de los bosques a cargo de la Comisi¨®n Nacional Forestal (CONAFOR) cae dr¨¢sticamente, los territorios forestales experimentan presiones y amenazas cada vez mayores debido al cambio clim¨¢tico, pero tambi¨¦n a la tala ilegal y al crimen organizado: ¡°El 70% de estas ¨¢reas est¨¢n abandonadas y en manos de la delincuencia. Y la Secretar¨ªa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no cuenta con recursos para operar¡±.

Para revertir este dram¨¢tico escenario, en la agenda socioambiental proponen que, adem¨¢s de incorporar criterios y buenas pr¨¢cticas de conservaci¨®n en los sistemas de producci¨®n agr¨ªcolas, ganaderos, forestales y pesqueros, se reconozca la existencia entre el estrecho v¨ªnculo de la conservaci¨®n de los ecosistemas y la pol¨ªtica social. ¡°Recordemos que las regiones con m¨¢s biodiversidad suelen ser las m¨¢s pobres, marginadas y amenazadas por megaproyectos, el despojo de recursos, las injusticias y los conflictos socioambientales¡±, puntualiza Merino.

Los gobernantes no pueden olvidar que la desigualdad econ¨®mica se traduce en desigualdad ambiental, concluye de forma tajante: ¡°Al final, son las poblaciones con menos recursos quienes m¨¢s expuestos est¨¢n a los agrot¨®xicos, a la pobreza energ¨¦tica, a las sequ¨ªas, las inundaciones y huracanes. Y son, precisamente, a quienes menos se les escucha. Por eso es hora de que el Gobierno deje de apostar por pol¨ªticas de desarrollismo a costa de los ecosistemas y de la salud de la gente y tome de una vez en serio la voz de su ciudadan¨ªa¡±.

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