Frente al maíz transgénico, soberanía alimentaria y biodiversidad

La reciente controversia en torno al maíz transgénico puso de manifiesto la compleja intersección entre comercio internacional, soberanía alimentaria y protección de la biodiversidad. El fallo del panel del T-MEC, que impide a México prohibir la importación de maíz transgénico estadounidense, generó un intenso debate en el país. Nuestra presidenta se comprometió a impulsar la prohibición del cultivo de maíz transgénico en territorio nacional: “Somos una potencia cultural que se ha ganado el respeto del mundo entero. Sin maíz no hay país. Vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero estoy segura, para que no se pueda sembrar maíz transgénico, hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país”.

El tema detonó el pasado 20 de diciembre, con un comunicado del órgano examinador internacional, el cual informó que México perdía una controversia con Estados Unidos relacionada con el comercio de maíz genéticamente modificado, de acuerdo con la resolución emitida por el panel de solución de diferencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que significa que nuestro país no podrá prohibir la importación de maíz estadounidense genéticamente modificado.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que fue en respuesta a un decreto emitido durante el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, que buscaba, entre otras medidas, la prohibición inmediata del uso de maíz transgénico en masa y tortillas e instruía a diversas agencias gubernamentales mexicanas a eliminar gradualmente su uso en la alimentación humana. Es decir, regulaba el uso del glifosato y de las semillas y grano de maíz genéticamente modificados.

El argumento central del Gobierno de México para vetar este producto se sustentó en la amenaza que el polen transgénico representa a la biodiversidad de maíz nativo y el riesgo del uso de glifosato, herbicida comúnmente utilizado en su cultivo. El decreto mencionaba que distintas investigaciones científicas alertaron sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud de los seres humanos, el medioambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

Así, estas medidas fueron implementadas con el fin primordial de salvaguardar la salud de la población mexicana; el derecho a un medio ambiente sano; la preservación del maíz nativo y la milpa; la protección de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas; la defensa de nuestro patrimonio gastronómico, y la garantía de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Sin embargo, Estados Unidos, a través de la USTR, argumentó que estas medidas violaban el T-MEC, al afectar el comercio bilateral y restringir su acceso al mercado mexicano. En consecuencia, el panel falló a favor de la Unión Americana, considerando que las medidas de nuestro país carecían de suficiente fundamento científico y no se basaban en una evaluación de riesgo adecuada.

Es fundamental recordar que nuestra Constitución, en su artículo 4.°, reconoce el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud, y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y establece la responsabilidad del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos. En este marco, se establecieron acciones para sustituir gradualmente el uso de glifosato y promover la adquisición, distribución, promoción e importación de alternativas sostenibles, culturalmente adecuadas y seguras para la salud, la diversidad biocultural y el ambiente.

En consecuencia, el decreto establece la revocación y prohibición de permisos para la liberación de semillas de maíz transgénico en México, así como su uso para consumo humano, particularmente en la elaboración de masa y tortillas. Es decir, se restringió el uso de maíz transgénico para consumo humano (maíz blanco), pero se permitió su uso en la alimentación animal e industrial (maíz amarillo), por ejemplo, en la fabricación de cosméticos o textiles. Es importante destacar que Estados Unidos exporta principalmente maíz amarillo, mientras que México produce suficiente maíz blanco para su consumo.

La preocupación del país vecino radicó entonces en que la prohibición se extendiera al maíz amarillo, ya que México es su principal importador. En efecto, el mercado mexicano es crucial para Estados Unidos y se espera que siga siéndolo. De acuerdo con la USTR, las ventas de maíz a México han crecido, alcanzando un récord histórico. Entre enero y octubre de 2024, aumentaron un cinco por ciento en comparación con 2023, superando los 4 mil 700 millones de dólares. En términos de volumen, México compró más de 24 millones de toneladas de maíz estadounidense entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

Nuestro Gobierno, a través de un comunicado, afirmó que no compartía la determinación del panel; no obstante, aseguró que respetará la determinación, buscando reivindicar los derechos de todas y todos los mexicanos y reafirmado su compromiso con la protección de la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. Es innegable que mientras para Estados Unidos el conflicto tiene una connotación evidentemente comercial, para México implica la protección de nuestra soberanía alimentaria y la protección del patrimonio biocultural de la nación.

En la Cámara de Diputados actuaremos en consecuencia por lo que toca a la legislación constitucional y secundaria. Debemos enfocarnos en la prohibición de la siembra y el cultivo de maíz transgénico, ante la amenaza que representa para la biodiversidad de nuestro país y la salud de nuestra población. El maíz es un elemento fundamental de nuestra identidad nacional, nos arraiga a una historia milenaria y es un vínculo con las tradiciones culturales y la riqueza culinaria. Por ello, la defensa del maíz nativo se enmarca en la lucha por la preservación de la diversidad biológica y cultural de México frente a los modelos agroindustriales de producción masiva.

Es nuestro derecho tomar decisiones soberanas en materia de alimentación y agricultura. La prohibición del cultivo de maíz transgénico no sólo es una medida para proteger nuestra biodiversidad y salud, sino también una forma de fortalecer la producción nacional de maíz, apoyar a las y los productores nacionales, promover su diversificación y reducir la dependencia de las importaciones. En la Cámara de Diputados debemos asumir un papel proactivo en la defensa del maíz nativo y la promoción de una agricultura sustentable. Es necesario, entonces, impulsar una reforma legislativa que prohíba el cultivo de maíz transgénico en el país, y que al mismo tiempo fortalezca el apoyo a la producción nacional promoviendo su diversificación.

Nuestra presidenta reitera que tenemos la obligación constitucional de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y la salud.