Autopistas rescatadas

La mayor parte de los pa¨ªses desarrollados recurren a f¨®rmulas de colaboraci¨®n p¨²blico-privada para financiar las grandes infraestructuras y tambi¨¦n en Espa?a se aplican desde hace tres d¨¦cadas. La salvaguarda para las empresas privadas en el caso espa?ol es que la parte p¨²blica carga casi con todo el riesgo en caso de que se dispare el presupuesto del proyecto o se incumplan las expectativas de retorno financiero de la concesi¨®n.

Este el caso de las nueve autopistas de peaje inauguradas en los inicios de este siglo, casi todas ellas dise?adas para descongestionar la entrada y salida de Madrid (radiales R-2, R-3, R-4 y R-5, AP-36 Oca?a-La Roda, M-12 Eje Aeropuerto y AP-41 Madrid-Toledo), adem¨¢s de la circunvalaci¨®n de Alicante y el tramo Cartagena-Vera. El modelo que eligi¨® por entonces el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar parec¨ªa infalible: la inversi¨®n reca¨ªa en las concesionarias privadas encargadas de construir las autopistas a cambio de una larga concesi¨®n de peaje (hasta 30 a?os). A las concesionarias se les garantizaba un tr¨¢fico m¨ªnimo que rentabilizara su desembolso inicial con los peajes y, en caso de que fallasen las expectativas de recaudaci¨®n, se aplicar¨ªa la cl¨¢usula llamada de Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n (RPA) por la que el Estado se hac¨ªa cargo de la gesti¨®n de las v¨ªas y compensar¨ªa a las concesionarias por la inversi¨®n a¨²n no amortizada.

La llegada de la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria redujeron a un tercio el tr¨¢fico previsto para las nuevas autopistas, cuyo coste se dispar¨® por las expropiaciones de terrenos. Una a una, las concesionarias privadas fueron a la quiebra. El Estado tuvo que hacerse cargo de la gesti¨®n de las autopistas y adem¨¢s indemnizar a los consorcios quebrados. Los anteriores gobiernos del PP se negaron a admitir el coste de este rescate (¡°no le costar¨¢ un euro al ciudadano¡±, lleg¨® a decir la ministra de Fomento, Ana Pastor) que el actual Ejecutivo ha cifrado ya en m¨¢s de 1.000 millones de euros, aunque esa cifra puede ser mucho mayor dependiendo de lo que digan los tribunales, donde los acreedores ¡ªcasi todos fondos de inversi¨®n¡ª reclaman m¨¢s de 4.500.

Nadie discute la participaci¨®n de la iniciativa privada en las infraestructuras p¨²blicas, pero siempre que el riesgo inherente a toda inversi¨®n sea compartido o, al menos, no recaiga totalmente en el bolsillo del contribuyente si algo sale mal. El caso de las autopistas no es el ¨²nico. El Estado ha tenido que indemnizar con 1.350 millones a varios bancos por la cancelaci¨®n del almac¨¦n de gas Castor frente a las costas de Castell¨®n. Y a¨²n colea un pleito millonario similar por el t¨²nel que deb¨ªa conectar el AVE con Francia.

A finales de 2015 se aprob¨® una modificaci¨®n de la Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n, de forma que los pagos que deba afrontar el Estado se ajusten al valor de mercado de la concesi¨®n en el momento de su resoluci¨®n y no al fijado por la inversi¨®n inicial, aunque la norma no se puede aplicar con efectos retroactivos. Es necesario que en el futuro se aplique esa nueva normativa e incluso que se clarifiquen a¨²n m¨¢s los supuestos en los que el Estado debe salir al rescate. Se trata de no repetir el caso de las autopistas y que no sea el contribuyente quien acabe pagando los errores de previsi¨®n ajenos.