Sanidad y cohesi¨®n

El Consejo de Ministros ha presentado esta semana un proyecto de ley que busca facilitar el acceso universal inmediato y gratuito a la sanidad p¨²blica a todos los ciudadanos, lo que incluye a todos los inmigrantes residentes en Espa?a, independientemente de su situaci¨®n administrativa. Pretende evitar as¨ª las disfunciones advertidas en algunas comunidades. Hasta ahora la norma daba pie a una interpretaci¨®n que permit¨ªa a algunos hospitales negarles la atenci¨®n sanitaria. El Gobierno del PP recort¨® ese derecho en 2012, y el PSOE revirti¨® esa pol¨ªtica en 2018, pero dej¨® en el texto una ambig¨¹edad que facilit¨® rechazar a los inmigrantes si no pod¨ªan acreditar que llevasen m¨¢s de tres meses en Espa?a. Tambi¨¦n se garantiza en el nuevo proyecto la gratuidad de la asistencia sanitaria a los espa?oles que residan en el extranjero en sus visitas al pa¨ªs. El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesi¨®n del Sistema Nacional de Salud propone otros avances concretos para evitar que los distintos servicios sanitarios de las comunidades aut¨®nomas establezcan barreras que dificulten el acceso a ciertos servicios a personas vulnerables. El objetivo es asegurar una cartera de prestaciones com¨²n para todos los ciudadanos. El proyecto elimina el copago en pr¨®tesis para pensionistas con rentas m¨¢s bajas, menores con discapacidad y personas en riesgo de pobreza o perceptoras del ingreso m¨ªnimo vital, colectivos para los que el Gobierno ya hab¨ªa eliminado el copago en medicamentos.

El proyecto de ley fija como criterio general la primac¨ªa de la red sanitaria p¨²blica y limita las posibilidades de privatizaci¨®n en la provisi¨®n de los servicios. Para ello dispone una serie de requisitos para externalizar la asistencia y la necesidad de motivar la decisi¨®n de contratarla a proveedores privados. El objetivo es acotar esta posibilidad a los casos en que verdaderamente suponga un beneficio para el sistema, y evitar as¨ª pol¨ªticas de ¡°sustituci¨®n¡± sistem¨¢tica del servicio p¨²blico por atenci¨®n privada con criterios clientelares o de parasitaci¨®n de los recursos p¨²blicos.

La reacci¨®n de algunos de los agentes implicados parece, cuando menos, exagerada. La patronal del sector, la Alianza de la Sanidad Privada Espa?ola (ASPE), acusa al Gobierno de convertir a Espa?a ¡°en el ¨²nico pa¨ªs europeo que proscribe a la sanidad privada de su Sistema Nacional de Salud¡±. No parece muy ajustado a la realidad cuando, en teor¨ªa, se trata de establecer unos criterios con rango de ley que impidan los excesos ya detectados en diversas comunidades en la privatizaci¨®n de servicios. El Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que est¨¢n representadas las comunidades, tendr¨¢ que establecer ahora las pautas y los indicadores para determinar si una autonom¨ªa cumple o no con los criterios marcados en la ley y hasta d¨®nde es aconsejable que un servicio p¨²blico lo preste una empresa privada. Si este filtro funciona de verdad, debe convertirse en la garant¨ªa de que se respeta el ¨¢mbito competencial de las comunidades aut¨®nomas y donde se discutan los conflictos y sus soluciones. El objetivo pol¨ªtico de poner coto a una privatizaci¨®n rutinaria e innecesaria de la atenci¨®n sanitaria deber¨¢ encontrar ahora una formalizaci¨®n concreta en el recorrido parlamentario que le espera. De momento, el proyecto presentado por el Ministerio de Sanidad no tiene garantizado el apoyo del socio minoritario de la coalici¨®n, Unidas Podemos, que exige m¨¢s contundencia en la derogaci¨®n de los conciertos con entidades privadas.