Pactos de la Moncloa 2.0

El Gobierno y los agentes sociales han pospuesto las conversaciones sobre el pacto de rentas para despu¨¦s del verano. La raz¨®n de fondo es que no se ponen de acuerdo en cu¨¢les son los sacrificios razonables que se puede pedir a cada parte y c¨®mo ponerlos en pr¨¢ctica. A mi entender, para llegar a un pacto, deber¨ªamos entender cu¨¢l es el coste de no lograrlo.

Para responder a esta pregunta tenemos que entender la naturaleza de la inflaci¨®n que sufrimos. En la Uni¨®n Europea se trata, fundamentalmente, de una inflaci¨®n de oferta; es decir, proviene del aumento de costes de las empresas. No tiene un gran componente de demanda porque la Uni¨®n Europea no respondi¨® a la crisis de la covid-19 con un aumento espectacular de transferencias a los hogares, como hizo Estados Unidos. Este es uno de los m¨²ltiples beneficios de tener un sistema sanitario p¨²blico y, en general, un vigoroso Estado del bienestar. Las ayudas a las empresas han sido finalistas y condicionadas a objetivos. Recordemos que, antes de la agresi¨®n de Vlad¨ªmir Putin, la inflaci¨®n interanual ya rondaba el 4%, impulsada por los cuellos de botella en las cadenas de suministro internacionales, el aumento en los precios relativos de bienes (respecto a servicios) propiciado por el cambio en h¨¢bitos de consumo durante la pandemia y los primeros manejos de Putin en el mercado del gas. El problema de una inflaci¨®n generada por alza de costes empresariales es que es una patata caliente que todo el mundo quiere quitarse de encima: los empresarios aumentando los precios para sostener sus m¨¢rgenes y los trabajadores pidiendo alzas salariales para compensar la p¨¦rdida de poder adquisitivo. Esta forma descoordinada de actuar produce una ¡°espiral inflacionista¡± que es ineficiente, ya que distorsiona todas las se?ales del mercado. Por supuesto, no puede durar. Por ejemplo, en 1977 se intent¨® cortar con una devaluaci¨®n de la moneda que, a su vez, estrangul¨® a las empresas, dependientes como eran de la importaci¨®n de bienes de equipo. Es decir, produjo m¨¢s inflaci¨®n de oferta. Los Pactos de la Moncloa, firmados ese a?o, cortaron el camino a la hiperinflaci¨®n, pero habr¨ªa que esperar a 1984 para que la tasa interanual de inflaci¨®n bajara de los dos d¨ªgitos. Mucho deber¨ªamos debatir sobre las causas de esa inflaci¨®n tan persistente para entender cu¨¢nto se deb¨ªa a la falta de competencia entre las empresas y su escasa competitividad, al poder de los sindicatos o, simplemente, a la carencia de instrumentos de pol¨ªtica econ¨®mica adecuados. No quiero decir con esto que los Pactos no fueran ¨²tiles. Lo fueron y mucho porque vinieron a jugar el papel de las herramientas de pol¨ªtica econ¨®mica que entonces no ten¨ªamos. Recordemos que Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal fue aprobada en agosto de 1977 y que, entre otras cosas, introdujo la figura del delito fiscal. En 1978 se crearon el IRPF y el impuesto sobre sociedades. El Estatuto de Autonom¨ªa del Banco de Espa?a no llegar¨ªa hasta 1994. No hab¨ªa instrumentos fiscales ni tampoco se hab¨ªa afilado los mecanismos monetarios para influir sobre la demanda agregada. Adem¨¢s, los Pactos contribuyeron a crear un intangible de gran valor: la confianza entre partidos y agentes sociales para proceder a la construcci¨®n de nuestra democracia.

Hoy, a diferencia de entonces, tenemos una democracia consolidada, un sofisticado conjunto de herramientas de pol¨ªtica econ¨®mica y pertenecemos a la Uni¨®n Europea. Esto tiene varias consecuencias. A diferencia de 1977, somos una econom¨ªa abierta que participa en un mercado ¨²nico. Nuestra tasa de inflaci¨®n no puede desviarse mucho de la media de la Eurozona. Esto es as¨ª porque las empresas deben moderar los precios o la competencia se las lleva por delante. Participamos del Sistema Monetario Europeo y nuestra pol¨ªtica monetaria est¨¢ delegada en el Banco Central Europeo (BCE), cuyo ¨²nico mandato es la estabilidad de precios. En esta nueva situaci¨®n econ¨®mica e institucional, a mi juicio, el peligro de no alcanzar un pacto de rentas no es una espiral inflacionista. El peligro es que el BCE eleve los tipos de referencia de forma insostenible para nuestras empresas, nuestras familias y que crezca peligrosamente la carga de la deuda p¨²blica. Un aumento de tipos puede ser muy gravoso para las peque?as empresas, muy dependientes del cr¨¦dito bancario, pero tambi¨¦n para las grandes, dado que reduce su valor burs¨¢til, dificultando su capacidad de financiaci¨®n. Los hogares que tengan hipotecas a tipos variables tambi¨¦n ver¨¢n crecer su letra mensual. Como guinda final, un aumento del coste de la deuda p¨²blica sin tener unas cuentas p¨²blicas holgadas se retroalimenta con un incremento de la prima de riesgo. Es decir, la medicina del BCE trae m¨¢s inflaci¨®n de oferta. Adicionalmente, el aumento de tipos provoca la consabida ca¨ªda en la demanda interna. Las empresas que tengan buenos canales de exportaciones sufrir¨¢n menos, pero no es el caso general. Por tanto, el peligro al que nos enfrentamos si la inflaci¨®n sigue aumentando es caer en una Gran Recesi¨®n 2.0.

El grueso del coste de la Gran Recesi¨®n cay¨® sobre las rentas del trabajo mediante la devaluaci¨®n interna facilitada por la reforma laboral de 2012. El objetivo era mantener los m¨¢rgenes de las empresas que estaban atrapadas con un gran endeudamiento, a la vez que los bancos restring¨ªan el cr¨¦dito ofrecido mientras saneaban sus balances. Obrar de la misma manera ahora ser¨ªa un error. En la situaci¨®n actual las empresas deben quedarse con su trozo de la patata caliente porque el origen de las dificultades es el peso de la energ¨ªa de origen f¨®sil en el mix de las empresas y es perentorio avanzar en la transici¨®n ecol¨®gica. Un pacto de rentas bien articulado debe tener como resultado que rentas de trabajo y excedente bruto de explotaci¨®n evolucionen en proporciones similares. Pero tambi¨¦n debe incentivar a que las empresas inviertan en eficiencia energ¨¦tica. Para eso, como ya hemos explicado en diversos foros, se puede crear un nuevo fondo del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) para las empresas en dificultades por su factura energ¨¦tica y que inviertan en eficiencia, as¨ª como para sostener aquellos expedientes de regulaci¨®n temporal de empleo (ERTE) que puedan ser necesarios. Este nuevo fondo puede financiarse con una tasa especial sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energ¨¦ticas. Lo ideal ser¨ªa conseguir la buena disposici¨®n de estas empresas para que act¨²en codo con codo con los ministerios de Hacienda y Econom¨ªa.

No es sencillo controlar la evoluci¨®n de los m¨¢rgenes empresariales. Pero tenemos instrumentos para llevarlo a cabo. Ser¨ªa deseable la colaboraci¨®n del Banco de Espa?a que, a trav¨¦s de la Central de Informaci¨®n de Riesgos, tiene informaci¨®n muy precisa de la salud de nuestro tejido empresarial. La Agencia Tributaria conoce, trimestre a trimestre, el volumen de ventas, empleo y salarios de las empresas. Finalmente, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia deber¨ªa supervisar el cumplimiento de las empresas. Por ¨²ltimo, el sector p¨²blico debe vigilar sus cuentas con el ojo puesto en la prima de riesgo. Salarios p¨²blicos y pensiones deber¨ªan crecer a la misma tasa a la que se pacte la evoluci¨®n de los salarios privados. Esperemos que todas las partes entiendan la urgencia de acordar los Pactos de la Moncloa 2.0.