La justicia entre tinieblas

La apertura del a?o judicial llega con la administraci¨®n de justicia m¨¢s deteriorada que nunca. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, exigi¨® por cuarto a?o consecutivo el acuerdo para renovar al ¨®rgano de gobierno de los jueces. Pero tambi¨¦n sugiri¨® por primera vez que podr¨ªa dimitir si ese acuerdo no se produce. El lunes se vio ya obligado a rechazar en declaraciones p¨²blicas la maniobra de un grupo de vocales conservadores del Consejo que amenazaba con bloquear los nombramientos previstos por la ley para renovar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden al Consejo y para lo que sus votos son necesarios. La ley aprobada en el Parlamento el 27 de julio daba un plazo m¨¢ximo al CGPJ para aprobar los nombramientos del tribunal de garant¨ªas que finaliza el 13 de septiembre. Si la maniobra de los conjurados prosperase y venciese el plazo sin haber renovado a los dos jueces del Constitucional, estar¨ªamos ante un incumplimiento de la ley in¨¦dito en democracia por parte de la primera instituci¨®n de la justicia espa?ola.

Lesmes preside el Consejo desde diciembre de 2013 por decisi¨®n del PP y es ex alto cargo en la Administraci¨®n del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, pero esta semana hubo de trazar una l¨ªnea roja de decencia. Algunos de quienes lo rodean sembraron la idea t¨®xica de que su empe?o en el nombramiento en tiempo y forma de los dos magistrados para el Constitucional obedec¨ªa a que ¨¦l mismo quiere ocupar una plaza en ese ¨®rgano para sustituir al magistrado Alfredo Montoya, que dej¨® el puesto por enfermedad. Para hacer realidad esa teor¨ªa har¨ªa falta que el PP, contrario a que el Poder Judicial haga los nombramientos, propusiera a Lesmes, algo que no parece muy factible y resuena a teor¨ªa conspirativa lanzada estos d¨ªas por los vocales conservadores rebeldes y determinados magistrados de la derecha judicial.

El asunto de fondo sigue siendo la conducta abiertamente obstruccionista que el PP ha practicado con una de las obligaciones centrales del principal partido de la oposici¨®n: la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales. La funci¨®n central del Consejo General del Poder Judicial consiste en designar a los jueces de altos tribunales como la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de justicia. Hoy muchos de esos puestos indispensables para el funcionamiento de la justicia han caducado o no han sido renovados porque el PP lleva m¨¢s de tres a?os y medio instalado en la insumisi¨®n ante un mandato constitucional que no admite regateos, pese a que haya sido una pr¨¢ctica com¨²n de este partido. Cada vez que el PP pasa a la oposici¨®n bloquea la renovaci¨®n del Poder Judicial; lo hizo con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y lo est¨¢ haciendo a lo largo de esta legislatura con argumentos inconsistentes y meramente dilatorios.

Nunca antes el Tribunal Supremo funcion¨® con menos magistrados y tuvo m¨¢s atasco en determinadas salas donde las jubilaciones o fallecimientos han dejado numerosas vacantes pero tambi¨¦n miles de sentencias sin dictar. A ese bloqueo del PP se a?ade ahora la rebeld¨ªa de un grupo de vocales conservadores con el mandato caducado que se niega a acordar los nombres para ocupar los dos puestos en el Tribunal Constitucional, algo que hasta ahora el Poder Judicial hab¨ªa hecho siempre sin problemas y en plazo. El funcionamiento de la justicia vive condicionado por un partido pol¨ªtico ¡ªcon Mariano Rajoy, con Pablo Casado y con Alberto N¨²?ez Feij¨®o¡ª decidido a no ceder el poder (judicial) cuando pasa a la oposici¨®n, en un intento profundamente an¨®malo de perpetuar de por vida en los altos tribunales un sesgo conservador, es decir, que uno de los poderes del Estado est¨¦ siempre en manos de un ¨²nico signo ideol¨®gico. Se trata de una flagrante vulneraci¨®n del principio democr¨¢tico inconcebible en el resto de pa¨ªses de la UE y contrario a la Constituci¨®n espa?ola.