Proceso a la ¡®polic¨ªa pol¨ªtica¡¯

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Villarejo, ha abierto una pieza separada, la n¨²mero 34, para que se investigue la relevancia penal de los audios de la corrupci¨®n que ha publicado EL PA?S en los ¨²ltimos meses. Se trata de conversaciones grabadas por el comisario Villarejo que no estaban hasta ahora incorporadas al sumario y que supuestamente fueron requisadas en los registros en sus viviendas y empresas tras ser detenido en 2017. Las conversaciones que este peri¨®dico ha revelado han sido contrastadas con los interlocutores de Villarejo. En ning¨²n caso esas personas (dirigentes policiales o del PP) han puesto en duda su autenticidad.

Los audios de la corrupci¨®n han permitido arrojar luz sobre el funcionamiento de las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular (2011-2018). Lo que ha mostrado EL PA?S a trav¨¦s de las distintas publicaciones no deja lugar a la elucubraci¨®n o la duda, sino que destapa alguno de los hechos m¨¢s graves ocurridos en la reciente etapa democr¨¢tica. Comisarios de Polic¨ªa empoderados por el Gobierno de Mariano Rajoy junto a dirigentes de la formaci¨®n conservadora, como el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, o la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se conjuraron durante aquellos a?os para montar operaciones, a espaldas de la justicia y pagadas con dinero p¨²blico, contra dirigentes independentistas catalanes y contra Podemos y sus principales l¨ªderes. Adem¨¢s, trabajaron para obstaculizar la investigaci¨®n judicial de la caja b del PP abierta en la Audiencia Nacional que termin¨® con una sentencia condenatoria que acredita la financiaci¨®n ilegal de este partido durante casi 20 a?os.

Esa polic¨ªa pol¨ªtica al servicio del PP cont¨® en muchos de esos trabajos ilegales con la imprescindible connivencia de determinados medios de comunicaci¨®n, que publicaron sin ning¨²n contraste informes ap¨®crifos ama?ados por comisarios o difundieron burdos documentos bancarios prefabricados. Fue un cargamento t¨®xico de pruebas falsas disparado a mansalva contra los adversarios del Gobierno.

El juez, que ha justificado con argumentos muy d¨¦biles su negativa a imputar a Cospedal en el caso Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP (pese a las evidencias que arrojan sus conversaciones con Villarejo), no ha tenido m¨¢s remedio que dictar un auto de apertura de esa nueva investigaci¨®n sobre los audios de la corrupci¨®n, que vuelven a tener como una de sus protagonistas a la ex secretaria general del PP. El juez ha puesto en manos de la Unidad de Asuntos Internos de la Polic¨ªa el an¨¢lisis de las nuevas pruebas sobre la podredumbre de un aparato del Estado tan sensible como el Ministerio del Interior. Garc¨ªa-Castell¨®n quiere ahora que los investigadores de la Polic¨ªa le digan ¡°la relevancia que pudieran tener en el procedimiento¡± los audios publicados en EL PA?S.

Uno de los cap¨ªtulos m¨¢s negros de la historia de Espa?a ya est¨¢ escrito. En una democracia consolidada, en un Estado de derecho respetuoso con el pluralismo pol¨ªtico, se combati¨® a adversarios del Gobierno de entonces por medios delictivos a trav¨¦s de una trama dirigida desde el Ministerio del Interior por funcionarios de Polic¨ªa que usaron dinero p¨²blico para sus misiones inconfesables. Ahora hace falta que los tribunales act¨²en para intentar reparar semejante da?o. La primera esperanza de que la justicia se imponga sobre el mal causado es esa pieza 34 que ha abierto un magistrado, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que ha visto cuestionada su instrucci¨®n tanto desde la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como por parte de las acusaciones populares personadas en el caso.