La amnist¨ªa necesita al PP

Las coordenadas pol¨ªticas se han modificado en Espa?a y hoy no estamos en la misma situaci¨®n que la noche del 23 de julio. La causa primera del cambio es la discusi¨®n sobre la elaboraci¨®n de una ley org¨¢nica en el Congreso para amnistiar a los pol¨ªticos y activistas independentistas procesados por los hechos que culminaron en 2019 con disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Antes del avance electoral, el bloque conservador hab¨ªa fijado la pregunta impl¨ªcita de las elecciones. ?Quiere derogar el sanchismo? Pero la convocatoria de las anticipadas hizo coincidir el proceso electoral con el periodo de la negociaci¨®n de los acuerdos del Partido Popular con Vox. Esta coincidencia influy¨® en los resultados porque la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa, al constatar la normalizaci¨®n de esos pactos, quiso responder a otra pregunta cuando deposit¨® su voto. ?Quiere o no que el Gobierno de la naci¨®n sea del PP con Vox o con el apoyo desde fuera de la formaci¨®n neofranquista? Contra el dictado de encuestas y sondeos, la mayor¨ªa respondi¨® que mejor no. Pero ahora, tras tanta controversia, la pregunta ser¨ªa otra. Y va a condicionar no solo la posible investidura del segundo candidato propuesto por el Rey, sino, como m¨ªnimo, el tono y la actividad parlamentaria a lo largo de esta legislatura. Incluso en la hip¨®tesis de una repetici¨®n electoral, que ni los m¨¢s optimistas deber¨ªan descartar, all¨ª seguir¨¢ estando la cuesti¨®n: la amnist¨ªa.

La discusi¨®n sobre esta nueva medida de gracia, ahora por parte del legislativo, tiene y tendr¨¢ un alcance jur¨ªdico y pol¨ªtico. No tengo el conocimiento suficiente para dirimir si dicha ley, cuyo proyecto desconocemos, tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. He le¨ªdo a juristas de prestigio defender que no o que s¨ª y el martes los convocados por Sumar en Barcelona dictaminaron que bien podr¨ªa ser que s¨ª. Distinta es la dimensi¨®n pol¨ªtica de la cuesti¨®n. En este punto s¨ª puede afirmarse que el debate ha empezado mal: la aprobaci¨®n de una ley de tanta trascendencia deber¨ªa ser el fruto de un pacto de Estado consensuado para que fuese durador y no m¨¢s confrontativo. Y por ahora est¨¢ ocurriendo lo contrario.

El PSOE, que neg¨® la amnist¨ªa m¨¢s de tres veces, la ha planteado sin sentido institucional alguno, primariamente para obtener los votos que necesita su candidato para ser investido presidente. El independentismo catal¨¢n la explica como un rearmamento de su ofensiva fracasada y as¨ª se evita reflexionar sobre las causas de su retroceso social, electoral y generacional. El PP, que sigue sin reconocer la existencia de un problema institucional en la relaci¨®n de Catalu?a con el resto del pa¨ªs, la est¨¢ usando para crispar a su electorado e imponer el relato que la calle es suya y Espa?a se rompe. Ser¨ªa deseable algo m¨¢s de responsabilidad. Y ser¨ªa conveniente que los partidos favorables a la amnist¨ªa, porque obtendr¨¢n beneficios de su aprobaci¨®n, asuman tambi¨¦n como prioridad, poco a poco y con voluntad democr¨¢tica, la necesidad de incorporar al PP a una deliberaci¨®n que puede acabar con un per¨ªodo de inestabilidad da?ina y abrir otro para enfrentar con realismo problemas pendientes que son fundamentales para mejorar el funcionamiento del modelo auton¨®mico.

¡°Que no vivamos ya en 2017 no significa que hayamos dejado de vivir en la Espa?a alumbrada en 2017¡å, escribi¨® en 2021 David Jim¨¦nez en un ensayo muy cr¨ªtico con la quiebra del constitucionalismo provocada por la moci¨®n de censura que llevo a Pedro S¨¢nchez a la presidencia del Gobierno en 2018. La cuesti¨®n que plantea la amnist¨ªa, que despierta leg¨ªtima inquietud, es la posibilidad de salir de esa crisis degradando o fortaleciendo la Espa?a de 1978. Hacerlo al margen de las fuerzas nacionalistas es una entelequia. Hacerlo contra el PP ser¨¢ una equivocaci¨®n colectiva. Que los populares se descuelguen de la discusi¨®n es una l¨¢stima, pero no integrarlos en el pacto que puede iniciar un nuevo ciclo es peor que un error polarizador. Es un riesgo que, a medio plazo, puede oxidar m¨¢s nuestro Estado de derecho.