Investidura y democracia

Hasta en nueve ocasiones aparece en nuestra Constituci¨®n la referencia a la ¡°confianza¡± parlamentaria, el v¨ªnculo jur¨ªdico-pol¨ªtico que une a los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados con el Gobierno. Como es sabido, no en todos los pa¨ªses que poseen una forma de gobierno como la nuestra se requiere esta expresa, solemne, manifestaci¨®n de apoyo a quien comparece en la C¨¢mara para solicitarlo, en su caso obtenerlo, y liderar el Ejecutivo. Y, por exigencia del Reglamento del Congreso, desde 1982, tras un debate completo, exigente para el candidato y en el que todos los grupos tienen la posibilidad de explicar y de contrastar su posici¨®n.

Una investidura que la Constituci¨®n propicia, desde la propuesta del candidato por el jefe del Estado, por el Rey, hasta la previsi¨®n de las dos posibles votaciones sucesivas, siendo suficiente en la segunda la mayor¨ªa relativa para designar al presidente. La Constituci¨®n quiere la investidura, no la repetici¨®n electoral, aunque tenga que dejar a salvo esta ¨²ltima por si los actores pol¨ªticos fracasan en su cometido.

Y este salvoconducto democr¨¢tico es tan poderoso en su escenificaci¨®n, tan real, tan de verdad, que ahuyenta ante los ojos de todos cualquier duda sobre el significado de la legitimidad en un Estado constitucional. Lo acabamos de comprobar de nuevo, tal vez por ello resulte pertinente subrayarlo, en un contexto de circunstancias no habituales, como los que ya no son infrecuentes en las democracias. Pero la nuestra ha exhibido su consistencia, tanto para amparar la m¨¢s amplia libertad de cr¨ªtica y de manifestaci¨®n como para haber desplegado con plena normalidad institucional el propio procedimiento de la investidura.

La discrepancia pol¨ªtica tiene pleno sentido ante la formaci¨®n de un nuevo Gobierno, en particular si es de composici¨®n y apoyos plurales, y ante la adopci¨®n de decisiones controvertidas. Pero quiz¨¢ no lo tenga tanto la tentaci¨®n, que ha estado muy presente estos d¨ªas, de resolver esa discrepancia por la expeditiva v¨ªa de declarar como contrarias a la Constituci¨®n las opiniones de quienes confrontan con las propias. Porque recordemos que la Constituci¨®n reconoce y ampara el pluralismo, la legitimidad de las opciones y desarrollos diversos, y ello es poco compatible con la pretensi¨®n de convertir toda discrepancia pol¨ªtica en una discrepancia o censura constitucional, para tratar de zanjar ventajosamente la primera en favor de quien esgrime la segunda.

Menos sentido tiene a¨²n, desde mi punto de vista, y dejando de lado otras imprecaciones que no merecen comentario, anunciar una suerte de inconstitucionalidad sist¨¦mica futura, invocando insidiosas mutaciones constitucionales o apelando a expresiones, bastante banales por cierto, como la de ¡°cambiar la Constituci¨®n por la puerta de atr¨¢s¡±, que son de tal gran gravedad que debieran corresponderse, en la palabra o en la pluma de quienes las blanden, con una argumentaci¨®n m¨ªnimamente rigurosa que las hiciera veros¨ªmiles. Se trata m¨¢s bien, creo, de meros vaticinios, tan apocal¨ªpticos como apod¨ªcticos, y que conozco bien, perm¨ªtaseme a?adir, porque los padec¨ª en mi etapa de gobierno.

Por el contrario, pienso que hay motivos de sobra para confiar en nuestras instituciones de control, y en quienes las sirven, empezando por los jueces y tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, porque han sido formados en la cultura de la democracia y del Estado de derecho y se hacen responsables de las resoluciones que adoptan y de la motivaci¨®n de las mismas. No hay puertas de atr¨¢s en nuestro Estado constitucional.

En estos d¨ªas, me han vuelto a venir a la memoria las dos investiduras en que tom¨¦ parte como candidato a la presidencia del Gobierno. Las recuerdo como vivencias de especial intensidad, entre las m¨¢s destacadas de toda mi etapa pol¨ªtica, preparando con mucha concentraci¨®n el discurso inicial y la articulaci¨®n del programa de gobierno, as¨ª como la interlocuci¨®n con los grupos en el debate posterior, las r¨¦plicas al l¨ªder de la oposici¨®n, y el di¨¢logo de aproximaci¨®n con los partidos que, adem¨¢s del tuyo, te pod¨ªan apoyar o concederte una abstenci¨®n¡­

Inevitablemente, junto al asalto de la memoria, emerge la comparaci¨®n de aquellas investiduras con esta ¨²ltima del presidente S¨¢nchez, porque en el pasado las cosas eran m¨¢s f¨¢ciles, claro. En la ¨¦poca del bipartidismo, para entendernos, empezaba siendo m¨¢s f¨¢cil que ahora para el propio Rey ejercer su cometido constitucional de formular la propuesta del candidato: entonces, el l¨ªder de la fuerza m¨¢s votada era el ¨²nico (salvo, tal vez, en 1996) que pod¨ªa resultar investido. Y luego hab¨ªa que entablar una negociaci¨®n o un di¨¢logo con otros grupos, pero ce?idos ambos a la mayor o menor oportunidad pol¨ªtica de obtener el respaldo parlamentario en la primera votaci¨®n, con mayor¨ªa absoluta, o en la segunda, con mayor¨ªa relativa. Curiosamente, nosotros logramos lo primero, en 2004, con 164 esca?os de partida, y, sin embargo, dimos de alguna manera por bueno, en 2008, con 169, que mi candidatura prosperara en segunda vuelta.

Como todo el mundo recuerda, a partir de las elecciones de diciembre de 2015 se produce un reajuste en la representaci¨®n pol¨ªtica que debilita a las fuerzas mayoritarias y dificulta las investiduras. Y ahora la negociaci¨®n y los acuerdos entre los grupos, y no solo entre los afines, devienen esenciales, imprescindibles. Seguramente, los padres de la Constituci¨®n no pod¨ªan ignorar que con un sistema electoral proporcional, aunque corregido, este escenario fuera posible y hasta probable, y que en un periodo en el que se cre¨ªa, con raz¨®n, en la fertilidad de los consensos, se anticipara de buen grado que estos fueran necesarios para designar al presidente del Gobierno como figura central de nuestro sistema pol¨ªtico.

No puede sorprender, por ello, que la Ley Fundamental anude la confianza que se solicita del Congreso al deber del candidato de exponer el ¡°programa pol¨ªtico del Gobierno que pretenda formar¡±, un programa con un significado propio, en relaci¨®n con los programas electorales con los que comparecieron los grupos que ahora se conciertan, para forjar, en este caso, un Gobierno de coalici¨®n que precisa, adem¨¢s, de apoyos externos. El programa, pues, del Gobierno posible, de acuerdo con el mapa de la representaci¨®n de la ciudadan¨ªa deparado por el resultado de las elecciones generales, un programa de programas, por m¨¢s que pivote en torno al de la fuerza mayoritaria, expuesto y suficientemente debatido antes de la votaci¨®n.

Podr¨ªa decirse, as¨ª, que cuando las ciudadanas y los ciudadanos eligen a sus representantes para que estos depositen la confianza en un candidato a la presidencia del Gobierno est¨¢n confiriendo, a su vez, a los miembros del Congreso un margen de confianza para cumplir con esta decisiva prerrogativa. Porque elegimos, y lo sabemos, a quienes van a elegir con otros y frente a otros. Ello permite entender, por ejemplo, que el programa de gobierno que defendi¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar a ra¨ªz de las elecciones de 1996 incluyera relevantes medidas no previstas en el programa electoral con el que su partido hab¨ªa comparecido en aquellas. O que, por referirme a mi propio partido, el PSOE, despu¨¦s de los comicios de junio de 2016, que se celebraron tras haberse producido la disoluci¨®n autom¨¢tica de las C¨¢maras elegidas en diciembre del a?o anterior, porque estas no hab¨ªan sido capaces de alumbrar la investidura, tomara la dif¨ªcil decisi¨®n de consentir con su abstenci¨®n que prosperara la candidatura del entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, para evitar una nueva, y muy an¨®mala, repetici¨®n electoral. Obviamente, tal posibilidad no se hab¨ªa contemplado en la campa?a electoral previa.

Confianza, pues, para la confianza, para que las diputadas y diputados la otorguen, como en la investidura que se acaba de celebrar. Confianza para la confianza, para el programa pol¨ªtico que defendi¨® el candidato con el fin de obtenerla. Un programa sobre el que me gustar¨ªa hacer solo dos referencias.

En primer lugar, el compromiso que incluye, tras haberse negociado entre diversos grupos de la C¨¢mara, de facilitar la aprobaci¨®n de una ley de amnist¨ªa. He indicado m¨¢s arriba la pertinencia de diferenciar bien, con esta ley como con cualquier otra, los planos de la constitucionalidad y de la conveniencia pol¨ªtica. Hace ya algunos d¨ªas que anticip¨¦ con cierta rotundidad mi conformidad con ambas.

Por expresarlo en pocas palabras, la ley de amnist¨ªa goza, como todas las dem¨¢s, y por mor del principio democr¨¢tico, de la presunci¨®n de su constitucionalidad, otro de los recordatorios que parece necesario hacer en estos tiempos, y no hay en este caso argumentos suficientemente s¨®lidos para quebrar esa presunci¨®n, aun siendo bien conscientes de que el legislador ha de justificar su excepcionalidad, que lo hace, en mi opini¨®n, profusa y convincentemente.

En cuanto a su conveniencia, estoy convencido de que la mejor expresi¨®n de la pol¨ªtica en democracia para resolver los conflictos m¨¢s arduos, los que concitan posturas m¨¢s distantes, es intentar el di¨¢logo y la negociaci¨®n, intentarlo sin descanso. Porque tambi¨¦n los acuerdos entre posiciones dif¨ªcilmente reconciliables son los que m¨¢s valor a?aden. Y, antes o despu¨¦s, sin amnist¨ªa ese camino ser¨ªa imposible de recorrer.

Por eso, creo que la decisi¨®n tomada merece respeto y abre una expectativa alentadora. Y que un acuerdo de esta naturaleza sea asumido por el candidato a presidente de Gobierno en el momento de la investidura y de forma por completo transparente, pues el texto de la proposici¨®n de ley era ya conocido, pone de manifiesto la determinaci¨®n y el ejercicio de liderazgo de Pedro S¨¢nchez. Por la responsabilidad que comporta, por la responsabilidad que asume. Y tambi¨¦n creo saber por experiencia que solo con ambas, con esa determinaci¨®n y esa responsabilidad, se puede aspirar a alcanzar los logros que parezcan m¨¢s inasequibles, pero que se inspiran en el designio de una convivencia justa y pac¨ªfica que alienta en una democracia avanzada como lo es la espa?ola.

Con todo, el n¨²cleo del programa de gobierno con el que ha obtenido la investidura el presidente, el que conecta mejor y m¨¢s ampliamente con el programa electoral que esgrimi¨® el partido socialista y con la trayectoria del Gobierno de coalici¨®n de la anterior legislatura, es el conjunto de medidas de avance y modernizaci¨®n social anunciadas. Creo que el balance de lo conseguido estos ¨²ltimos a?os avala la confianza de partida en el cumplimiento de estos nuevos compromisos y en su hilo conductor: la procura indeclinable de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la reducci¨®n de las desigualdades sociales, porque una y otras son, por cierto, lo que m¨¢s compromete las opciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos que compartimos la comunidad c¨ªvica.

Para concluir estas l¨ªneas, deseo referirme a lo que podr¨ªamos llamar la investidura de la oposici¨®n, pues ello est¨¢ tambi¨¦n en juego en el debate fundacional de la legislatura. Siempre he pensado que el tono general de un pa¨ªs no depende solo de su Gobierno, sino tambi¨¦n de la oposici¨®n. E igualmente, por ello esta ha de hacerse, como tal, acreedora de la confianza, as¨ª como estar los dem¨¢s dispuestos a otorg¨¢rsela.

En este sentido, es verdad que Alberto N¨²?ez Feij¨®o desaprovech¨® la oportunidad de censurar con energ¨ªa el acoso sostenido a las sedes del PSOE, una cuesti¨®n en verdad delicada, pues todos los partidos merecen la especial protecci¨®n que se infiere de su enf¨¢tica caracterizaci¨®n constitucional como ¡°instrumentos fundamentales para la participaci¨®n pol¨ªtica¡±, pero ¨¦l tambi¨¦n reconoci¨® expresamente, de una manera muy clara, para que constara, la legitimidad de la nueva mayor¨ªa de gobierno. Me quedo con esto ¨²ltimo. Y, por todo ello, con la fortaleza mostrada estos d¨ªas por la democracia espa?ola.