Fin de la cita previa obligatoria

El Gobierno se ha propuesto abordar en esta legislatura la reforma de la Administraci¨®n con el objetivo de hacerla evolucionar, a trav¨¦s de las nuevas tecnolog¨ªas, hacia un sistema m¨¢s accesible al p¨²blico y adaptado a las necesidades de cada usuario, un cambio de modelo fundamental a su vez para conseguir una mayor eficacia. Uno de los puntos de la reforma pasa por la eliminaci¨®n de la cita obligatoria, una imposici¨®n que lleg¨® con la pandemia de la covid y que ha acabado convirti¨¦ndose en una barrera en la relaci¨®n de los ciudadanos con la Administraci¨®n.

En la actualidad se exige tener cita con d¨ªa y hora para realizar la inmensa mayor¨ªa de las gestiones administrativas, hasta el punto de que dicha exigencia ha terminado siendo muchas veces la ¨²nica v¨ªa de acceso de atenci¨®n, con el inconveniente que eso supone para, especialmente, las personas mayores.

Pasada la excepcionalidad de la emergencia sanitaria, se han multiplicado las quejas por esta obligaci¨®n, que en ocasiones ha derivado en serias demoras en la prestaci¨®n de servicios vitales para algunos ciudadanos, como la tramitaci¨®n de una pensi¨®n o del padr¨®n municipal o la solicitud de la tarjeta de residencia para extranjeros. Al mismo tiempo, se ha comprobado la aparici¨®n de un mercado negro de citas para reducir los plazos de espera en esos tr¨¢mites.

La situaci¨®n ha llegado a tal punto, especialmente en las grandes ciudades, que el Consejo Econ¨®mico y Social ¡ª¨®rgano consultivo del Gobierno en el que participan sindicatos, patronales y otras organizaciones sociales¡ª llevaba tiempo advirtiendo de que la obligaci¨®n de la cita provocaba una gran insatisfacci¨®n en los ciudadanos respecto a los servicios p¨²blicos. Se da la paradoja, adem¨¢s, de que el Gobierno impuls¨® la pasada legislatura medidas para obligar a los bancos a mantener en sus oficinas puntos espec¨ªficos de atenci¨®n personal para evitar que los usuarios se vieran penalizados por la brecha digital en el acceso a las prestaciones bancarias. Una obligaci¨®n que, sin embargo, no se aplicaba a la propia Administraci¨®n.

Ahora el Ejecutivo reformar¨¢ la normativa que se aplica a los servicios p¨²blicos. La cita previa seguir¨¢ existiendo, pero como una opci¨®n, no como una exigencia. Seg¨²n detall¨® el mi¨¦rcoles pasado en el Congreso el ministro de Transformaci¨®n Digital y Funci¨®n P¨²blica, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, la reforma incluir¨¢ a su vez la figura del evaluador de los servicios y de las pol¨ªticas p¨²blicas, un elemento fundamental para mejorar la eficiencia de la Administraci¨®n, cuya obligaci¨®n es adaptarse a la sociedad del momento sin dejar de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a sus servicios en igualdad de condiciones.