Catalu?a reordena el tablero
El Gobierno de Salvador Illa puede suponer un coste pol¨ªtico para Pedro S¨¢nchez en el Congreso, en el partido y en el resto de Espa?a
El primer Gobierno en solitario del PSC en Catalu?a ¡ªy el primer presidente no independentista desde 2010¡ª invita a esperar una nueva etapa en la que las instituciones de la comunidad funcionen para todos los ciudadanos, liberadas de tener que servir a una estrategia de permanente frentismo independentista. A esto se comprometi¨® este s¨¢bado en su toma de posesi¨®n el nuevo president, Salvador Illa, cuando distanci¨® su proyecto de ¡°planteamientos divisivos¡±. La dependencia parlamentaria de ERC es un ¨¢ngulo ciego en esa promesa. Los republicanos mantienen la incertidumbre sobre cu¨¢nto van a condicionar la acci¨®n de Illa en el d¨ªa a d¨ªa. Las tensiones independentistas seguir¨¢n. Pero cuatro d¨ªas despu¨¦s de la astracanada con la que el expresident Carles Puigdemont intent¨® boicotear la investidura, el escenario es este: una Generalitat que se pone al tel¨¦fono del resto del Estado, tambi¨¦n para el PP, con el principal agitador populista huido y desacreditado. El cambio no es menor. Illa merece la oportunidad de comenzar su trabajo con el beneficio de la duda y con mano tendida.
Por contraste, el PSOE se prepara para pagar el precio pol¨ªtico de ese cambio, a¨²n dif¨ªcil de calcular, en el resto de comunidades, en su propia cohesi¨®n interna y en el Congreso. En el pacto con ERC, Illa asume promover una reforma del sistema de financiaci¨®n que otorgue a Catalu?a el control de todos los impuestos en la comunidad en una especie de concierto fiscal inspirado en el Pa¨ªs Vasco, aunque con un elemento de solidaridad que est¨¢ por definir. Ante esa falta de concreci¨®n, de primeras el PSOE tiene que defender como propio un planteamiento de m¨¢ximos del independentismo catal¨¢n que hasta hace poco rechazaba.
Los recelos son leg¨ªtimos y, por ahora, no han encontrado una respuesta. En el frente interno, varios barones socialistas han anunciado ya su rotunda oposici¨®n a una propuesta cuyos cr¨ªticos aseguran que, en una versi¨®n extrema, romper¨ªa el actual sistema de solidaridad territorial sin una alternativa clara. Es cierto que la propuesta catalana ser¨ªa solo el principio de una larga negociaci¨®n. Pero si La Moncloa no comienza ya una intensa labor de clarificaci¨®n del proyecto de financiaci¨®n para Catalu?a, de sus repercusiones en el modelo conjunto y de pedagog¨ªa sobre lo que pretende, el ruido territorial crecer¨¢, y con ¨¦l la confusi¨®n en torno a lo que representan los socialistas. Los l¨ªderes del resto de comunidades responden leg¨ªtimamente a sus votantes, no a los votantes catalanes. El reto es sobre todo para Mar¨ªa Jes¨²s Montero, n¨²mero dos del PSOE, vicepresidenta y ministra de Hacienda, que debe liderar la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica.
En el ¨¢mbito parlamentario, la onda expansiva del cambio en Catalu?a se mueve al menos en dos direcciones. La m¨¢s obvia, la imprevisibilidad a partir de ahora de los siete diputados de Junts, el partido que vive la derrota de Puigdemont como una humillaci¨®n. No hay se?ales que se puedan interpretar como una ruptura, pero tampoco de lo contrario, y esos votos pueden resultar imprescindibles para los Presupuestos. La otra es Sumar, el socio de coalici¨®n: la divisi¨®n interna sobre la financiaci¨®n ¡°singular¡± de Catalu?a es evidente desde el primer d¨ªa.
Por ¨²ltimo, merecer¨¢ la pena fijarse en la forma en que un Govern no independentista afecte a la oposici¨®n del PP, que descansa de manera desproporcionada sobre la fantas¨ªa de que el PSOE pretende destruir Espa?a de la mano del separatismo. La fuerza que tiene el independentismo es la que le han dado las urnas, nada m¨¢s, y es una minor¨ªa en este momento. Su discurso se tendr¨¢ que adaptar a la realidad de que Catalu?a ha cambiado de trayectoria. Por primera vez en casi tres lustros, hay un Govern que promete canalizar esas demandas en las instituciones, no en la agitaci¨®n callejera y la ilegalidad. Por tanto, el PP est¨¢ obligado a defender su oposici¨®n con lealtad y en esas mismas instituciones. El proc¨¦s se ha acabado para todos.
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