Emigrar para abortar

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¡°Estaba cocinando en la casa de la familia en la que trabajaba cuando mi peque?a me llam¨® y me lo cont¨®. Me dijo: ¡®Mami, me hicieron esto¡¯. Yo casi me desmayo. No paraba de repetirle: ¡®Pero si sos una ni?a, si solo ten¨¦s 13 a?os. Sos una ni?a...¡±. Lo que Marta, quien habla, no se atreve a pronunciar fue una violaci¨®n. Un desconocido agredi¨® a su hija cuando volv¨ªa de comprar el pan en Zulia, el departamento venezolano donde resid¨ªa, y la ni?a, Luc¨ªa, qued¨® embarazada antes de cumplir los 14. Para cuando la madre lleg¨® a la casa, la joven ¡°ya se hab¨ªa duchado¡± y la esperaba con fuertes dolores vaginales y l¨¢grimas que hasta hoy, m¨¢s de un a?o despu¨¦s, no cesan. Ambas, actualmente vecinas de La Gabarra (Colombia), prefieren utilizar nombres ficticios para proteger su identidad.

Marta no fue a trabajar al d¨ªa siguiente de conocer el episodio de violencia sexual que vivi¨® su hija. Se meti¨® con ella en la ba?era y la limpi¨® durante un buen rato. ¡°Yo solo le ped¨ªa que se olvidara de todo eso. Y pens¨¦ que podr¨ªa, pero no fue as¨ª¡±. Meses despu¨¦s, cuando ya supieron de la gestaci¨®n, Luc¨ªa intent¨® ahorcarse con una cinta en la habitaci¨®n de su casa. ¡°Mi cuerpo estaba cambiando, me sent¨ªa sola. No quer¨ªa tener eso dentro. Pensaba que yo no ten¨ªa edad para cuidarlo y no iba a poder salir a la escuela ni nada¡±, narra entre sollozos, en la intimidad de una habitaci¨®n de hotel en La Gabarra, en el Norte de Santander, adonde emigr¨®.

El aborto no era siquiera una opci¨®n en Venezuela: es ilegal y est¨¢ penado con condenas de seis meses a dos a?os de c¨¢rcel. Y de hasta tres a?os para el practicante. ¡°Nos hablaron de una chica que los practicaba clandestinamente, pero yo no quer¨ªa perder a mi hija en el intento por nada en el mundo¡±, cuenta Marta. Seg¨²n estimaciones de Human Right Watch, el 13% de las muertes maternas en el mundo se atribuyen al aborto inseguro. Son entre 68.000 y 78.000 fallecimientos anuales evitables.

En Venezuela, el Gobierno no da a conocer las cifras oficiales al respecto. Este solo reconoce que las interupciones voluntarias del embarazo (IVE) sin garant¨ªas son la tercera causa de mortalidad materna. Seg¨²n el ¨²ltimo informe de Mujeres al L¨ªmite de 2019, por cada cuatro partos, se produjo un aborto. Entre agosto y diciembre, fueron unos 15 diarios, de los cuales un tercio eran a menores de 12 a?os. En Colombia, el aborto es un derecho en tres causales (malformaci¨®n del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual).

Magdymar Le¨®n, coordinadora de Asociaci¨®n Venezolana para una Educaci¨®n Sexual Alternativa (Avesa) critica por un lado la falta de acceso a m¨¦todos anticonceptivos y, por otro, el marco jur¨ªdico ¡°tan restrictivo¡±: ¡°Nos llegan reportes a¨²n muy frecuentes de mujeres que lo siguen practicando introduciendo objetos punzantes por la vagina o bebiendo brebajes t¨®xicos¡±. Vannesa Yubisay Ana Rosales-Gautier, una de las activistas latinoamericanas m¨¢s reconocidas en este ¨¢mbito, con casi una d¨¦cada en activo a?ade, mediante una entrevista telef¨®nica: ¡°Lo mejor es que las mujeres que lo necesiten, acudan a una organizaci¨®n feminista. Todo lo dem¨¢s es mercado negro y pastillas vencidas o falsas¡±. Otra de las opciones para las que ¡°se lo pueden permitir¡±, incide Le¨®n, es emigrar para abortar. La pandemia fren¨® en cierta forma esta v¨ªa, pero la paulatina vuelta a la normalidad ha vuelto a reactivarla.

Me preguntaron si quer¨ªa tener el beb¨¦ y yo le dije que no. Que lo que quer¨ªa era estudiar

¡°Yo solo quer¨ªa salir de ah¨ª¡±, repite con un hilo de voz Luc¨ªa. Y eso hicieron. Ambas cruzaron la frontera de Zulia (Venezuela) al corregimiento de La Gabarra (Colombia) con la intenci¨®n inicial de criar al beb¨¦ lejos de las calles que le recordaban una y otra vez el horror. En enero, con casi cinco meses de gestaci¨®n, lleg¨® a las consultas m¨®viles de M¨¦dicos Sin Fronteras (MSF) para realizarse una prueba de embarazo. A la doctora Diana Jaramillo le sorprendi¨®, pues era evidente la gravidez, pero pas¨® consulta con ella, ¡°que lleg¨® aterrorizada y avergonzada¡±, recuerda. ¡°Me preguntaron si quer¨ªa tener el beb¨¦ y yo le dije que no. Que lo que quer¨ªa era estudiar¡±, dice la ni?a. Jaramillo activ¨® entonces todos los protocolos para derivar su caso a los servicios p¨²blicos de salud colombianos. En menos de dos semanas, Luc¨ªa ya estaba de vuelta a La Gabarra, con acompa?amiento psicol¨®gico y psiqui¨¢trico hasta hoy. Y sin un hijo no deseado, fruto de una violaci¨®n.

El boca a boca y la clandestinidad

El proceso de Luc¨ªa se llev¨® a cabo en Bogot¨¢. MSF solo realiza IVE farmacol¨®gicos hasta las 12 semanas de gestaci¨®n. Todo lo que supere ese periodo requiere de un procedimiento quir¨²rgico que solo se realiza en el Hospital de La Victoria, en la capital. La estad¨ªa y el traslado corrieron a cuenta de MSF y, el aborto en s¨ª, lo asumi¨® la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social y salud del estado colombiano (Adres).

Desde 2018 hasta finales de agosto de 2021, 262 mujeres han interrumpido as¨ª su embarazo en el Municipio de La Gabarra, con la mediaci¨®n de MSF. De los cuales, 19 fueron referidos. ¡°La mayor¨ªa se entera por el boca a boca¡±, explica Jaramillo. ¡°Muchas llegan a Colombia y a consulta sabiendo exactamente lo que quieren y otras descubren que tienen esa opci¨®n ac¨¢¡±.

Sin embargo, a¨²n siendo legal interrumpir el embarazo en Colombia, cada vez m¨¢s las mujeres son criminalizadas y condenadas por hacerlo. Aunque el n¨²mero de judicializaciones no es constante, desde 2008 hay alrededor de 400 al a?o, un 320% m¨¢s que en 2005. As¨ª detalla el informe Criminalizaci¨®n por el delito de aborto en Colombia, hecho por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes.

La asociaci¨®n venezolana Avesa, que lleva casi cuatro d¨¦cadas defendiendo el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo, se?ala que a¨²n hace falta un gran proceso de sensibilizaci¨®n global. ¡°Hay que educar a la poblaci¨®n, religiosa y no, para que entienda que se trata de un tema de derechos humanos. Prohibir el aborto es vulnerar los derechos de todas nosotras¡±, lamenta Le¨®n. Para Rosales-Gautier el problema empieza desde el mismo rechazo a abrir el debate en muchos pa¨ªses como Venezuela: ¡°Cuando ni siquiera el Instituto Nacional de Estad¨ªsticas maneja una cifra oficial sobre la cantidad de mujeres que abortan en el pa¨ªs, te das cuenta de lo grave del asunto. Lo que tenemos enfrente es un organismo legislativo que no quiere dejar atr¨¢s sus creencias impuestas. Eso es el abandono del Estado¡±.

Al menos 262 mujeres se han beneficiado de la interrupci¨®n del embarazo en el Municipio de La Gabarra con MSF, desde 2018. De estos, 19 han sido referidos

Cuando regres¨® de Bogot¨¢, Luc¨ªa inici¨® un proceso terap¨¦utico individual y otro junto a su madre, quien a¨²n no se perdona haber ido al trabajo ese d¨ªa. ¡°Son pacientes muy comprometidas y con mucho inter¨¦s de encontrar alternativas¡±, cuenta Lina Quintero, psic¨®loga de MSF que atendi¨® a Luc¨ªa. ¡°La cohesi¨®n entre ambas ha facilitado el proceso para reconocerse como una superviviente, m¨¢s all¨¢ de como v¨ªctima¡±. Pero las secuelas de este ¡°caso exitoso¡± son inconmensurables. Las pesadillas y el insomnio se turnan cada noche; y la depresi¨®n y el miedo le impiden disfrutar de la independencia de una ni?a de su edad. Salir a la calle sola es uno de los peque?os logros a celebrar.

A pesar de que la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) ha advertido varias veces de que las prohibiciones no frenan los abortos, la despenaliaci¨®n sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha por los derechos de la mujer en Latinoam¨¦rica y el Caribe. En Hait¨ª, Rep¨²blica Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador est¨¢ prohibido bajo cualquier excepci¨®n. Guatemala, Venezuela, Per¨², Paraguay y Costa Rica son los pa¨ªses con las legislaciones m¨¢s restrictivas y solo lo permiten en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro. Pero, a veces, la burocracia y la falta de garant¨ªas para los propios practicantes condenan tambi¨¦n a este segundo grupo a la clandestinidad.

Tambi¨¦n en Espa?a, donde el aborto es libre y gratuito hasta las 14 semanas de gestaci¨®n, hay m¨¢s de diez provincias en las que no es factible y hospitales en los que una parte de la plantilla se declara objetora de conciencia. La modificaci¨®n de la ley que prepara el Gobierno para enmendarlo ha vuelto a poner sobre la mesa el hostigamiento que sufren las mujeres frente a las cl¨ªnicas que lo practican. Esta misma semana hay convocadas en ocho ciudades del pa¨ªs encuentros de voluntarias para rezar frente a las consultas.

Aunque Luc¨ªa denunci¨® la violaci¨®n, las autoridades venezolanas nunca siguieron con su caso. ¡°Yo tampoco quise volver a intentarlo para que los vecinos no estuvieran hablando¡±, reconoce. De hecho, en Zulia nadie sabe de la decisi¨®n que tomaron: emigrar y abortar. Ellas no lo han contado. El ¨²nico apoyo de Luc¨ªa ha sido su madre. ¡°A mi me llegan los comentarios de lo que la gente dice por all¨¢. Ellos piensan que mi hija ya pari¨®. Pero ahora no queremos darle explicaciones a nadie de nada. No es problema de ellos¡±, zanja Marta. Ni siquiera piensan en volver a Venezuela, en La Gabarra nadie conoce su pasado. La culpa y la verg¨¹enza siguen acompa?ando el proceso de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en muchas mujeres. La activista venezolana Rosales-Gautier lo achaca a ¡°todo lo que no est¨¢ alineado con el patriarcado¡±. ¡°Pero esa din¨¢mica est¨¢ cambiando. Cuando todo el mundo tenga conciencia de que esto es un debate abierto, podremos hacernos la pregunta del mill¨®n: ?C¨®mo hacemos que las mujeres dejen de morir por esta causa evitable?¡±, lanza. La pregunta que ronda la cabeza de Luc¨ªa estos ¨²ltimos meses es otra: ?Cu¨¢ndo podr¨¦ volver a la escuela?

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